Texto: Miguel Ángel Sandoval
“Comunidades de Alta Verapaz señalan que la empresa no hizo las consultas comunitarias necesarias para ser autorizada y posteriormente construir y operar. Empresarios de diferentes sectores defienden que dichas plantas continúan (sic) argumentando que habrá aumento en el costo de generación de energía e impactos en las tarifas a los usuarios” Prensa Libre 27/o5/2017
El problema está planteado en estas dos visiones. Las comunidades y los empresarios. En este contexto es que hay que leer la ominosa resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) que una vez más, se coloca de lado de los empresarios y sobre todo, de la ilegalidad. La resolución de la CC “ordena” a la empresa Oxec, continuar sus labores. En dos platos, se coloca de alfombra de una empresa.
Pero como en todo, hay antecedentes y una línea de conducta pro empresarial de un ente cuya función central debería ser velar por el cumplimiento del precepto constitucional que establece que el objetivo principal de la constitución de la república es velar por el bien común. Lejos de ello la resolución que favorece la depredación ambiental que causa Oxec I y II.
De todas maneras, como dicen algunos juristas, “a confesión de parte relevo de prueba”, digo esto pues ante la perorata de los empresarios del más diverso sector y de las autoridades de las más curiosas instituciones, de que los retrasos solo deben ocasionar pérdidas a los consumidores, resulta que una publicación reciente del mismo medio, Prensa Libre, establece que hace falta exportar más energía. O dicho en otros términos, la idea del bien común es total y pura paja. Lo que importa es exportar a otros países para que el negocio funcione.
Mientras tanto, que la población se joda. Pues a la misma lo que le toca es subirle las tarifas y si no pagan echarles a la policía, o al ejército si protestan mucho. Que los ríos se jodan y desaparezcan, que el equilibrio ambiental se haga polvo, que las leyes y compromisos internacionales se vayan por un tubo, pues hay que exportar, exportar, exportar.
Esa es la razón de fondo en la resolución de la CC. Decir que la empresa siga en las dos plantas como si nada, que dentro de un año se hará la consulta o las consultas con la población, y que, antes, el congreso legisle una ley o mejor dicho, un reglamento sobre las consultas y de esa forma, todos contentos. ¿Pero en que planeta viven?
No sé si los magistrados se dan cuenta que lo hicieron es una vulgaridad de resolución y que de paso provocan la risa mundial y el encabronamiento nacional con consecuencias que pueden llegar a ser imprevisibles. Y como la guinda del pastel, la ominosa resolución es leída, con voz pretendidamente convincente, y buscando justificar las ilegalidades, por un egresado de la Universidad de San Carlos (Usac) y que de acuerdo con la información que circula de forma pública, goza del respeto de la autoridades. Mal mensaje en momentos que la carolingia pasa por momentos de duda en su credibilidad.
Pero más allá de este complicado tema, el nudo de todo es una resolución de la CC plagada de vulgaridad pero sobre todo, de ilegalidad, contraria al bien común y a los derechos de los pueblos indígenas, con severas violaciones al derecho internacional, por lo que socialmente, debería ser rechazada en el acto.