Por: Carlos Figueroa Ibarra
El sábado 15 de abril, uno de los gobernadores más corruptos de donde abundan los gobernadores corruptos, fue capturado en un hotel a las orillas del Lago Atitlán en Guatemala (“el más bello del mundo” Aldous Huxley dixit). La captura de Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz (2010-2016), ha generado extendidas suspicacias en México. En primer lugar, desde antes de su salida del gobierno, era sabido que Duarte terminaría encarcelado por su escandalosa corrupción. Inmediatamente después de una entrevista en la televisión, Duarte fue prófugo con el contubernio de diversas instancias gubernamentales. Se dijo que el gobierno de México le pagaba así los millones de dólares que aportó a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.
Ahora vemos en medios periodísticos y redes sociales una asombrosa imagen de Duarte, esposado y con chaleco de seguridad: una amplia sonrisa le ilumina el rostro. ¿Cómo puede estar tan feliz alguien que enfrentará años de cárcel y el embargo de su fortuna? La felicidad de Duarte llama la atención cuando se sabe que se le acusa de malversación de fondos por 35 millones de dólares, de haber sido omiso o comiso en la desaparición forzada de 15 mil personas y en el asesinato de 15 periodistas.
La hipótesis circulando en México es que su captura es un hecho arreglado por el gobierno para usarlo electoralmente en un contexto de profunda crisis de credibilidad del PRI. El 4 de junio de este año se celebrarán elecciones para gobernador o presidencias municipales en el estado de México, Veracruz, Nayarit y Coahuila. Se dice que estas elecciones son estratégicas para quien quiera ganar la presidencia en 2018. El estado de México es densamente poblado y por tanto de una importancia electoral suprema. Y en dicho estado, otrora bastión del PRI, éste se encuentra en una situación sumamente precariedad: en tercer lugar de las preferencias electorales (detrás de Morena y PAN) y con un 64% de percepción negativa. Los ocho gobernadores (siete priístas y uno panista) que hoy están prófugos o indiciados, acumularon una deuda de 186 mil millones de pesos (más de 300 millones de dólares) durante su gestión. Se presume que buena parte de esa deuda se fue por el caño de la corrupción. PRI y PAN están naufragando.
Huelen mal las capturas de Duarte y hace unos días de Tomás Yarrington (el ex gobernador de Tamaulipas), cuando ya han arrancado las campañas electorales de 2017. Se busca lavarle la cara a Peña Nieto y al PRI, dándole una imagen justiciera. Duarte podría negociar impunidad y resguardo de buena parte de su mal habida fortuna, si aceptara a propalar la calumnia de que le dio dinero a Andrés Manuel López Obrador y a Morena en los comicios de 2016 en Veracruz. Que mejor que el ex gobernante más desprestigiado manche sin pruebas al político más honesto de México. El PRI podría levantarse de su lecho de muerte y agradecerle el favor a Duarte.
Táctica desesperada y perversa del establishment neoliberal. Total, “de la calumnia algo queda”.