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Ixcán: visitan Pueblo Nuevo diputado Amílcar Pop y Rigoberto Juárez del Gobierno Plurinacional

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Créditos: Tunk Mis
Tiempo de lectura: 2 minutos

Texto: Luis Juárez

Fotografías: Tunk Mis

Amílcar Pop y Rigoberto Juárez, son dos dirigentes indígenas que trabajan en diferentes espacios, pero el denominador común entre ambos es su compromiso por la defensa de los derechos humanos y los recursos naturales. Ambos líderes han sido criminalizados por las leyes del país. Rigoberto Juárez del Gobierno Plurinacional en el Norte de Huehuetenango, ha sido criminalizado y preso político por defender su territorio de las empresas transnacionales y el diputado Amílcar Pop, por defender los derechos de las comunidades de San Juan Sacatepéquez, que se oponen a la construcción de una planta de cemento en esa región del país. Está criminalización y persecución política es  una política deliberada y una clara alianza estratégica entre el Estado y el sector privado.

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El sábado 22 de octubre, a las nueve horas, dio inicio la conferencia interactiva con  el diputado Amílcar Pop y Rigoberto Juárez en el salón de usos múltiples con la participación de más de cien personas, donde socializaron y compartieron sus experiencias desde los diferentes espacios de participación e incidencia política.

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Pop comentó: “El Estado se construyó en función de los intereses ideológicos, políticos y económicos de los poderes reales y formales, que manejan y controlan el poder en Guatemala. El Estado está cooptado desde hace mucho tiempo por los poderes ocultos y paralelos. Los políticos son utilizado como instrumentos por esos poderes reales y formales, serviles y doblegados a los intereses de las grandes corporaciones empresariales (minería, hidroeléctricas y petroleras) locales y extranjeras. El Estado no se construyó para generar riqueza, sino para generar más pobreza”.

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Rigoberto Juárez del gobierno Plurinacional, se refirió al fortalecimiento de la organización comunitaria en la defensa del territorio y los recursos naturales. Hizo mención de cómo las leyes del país y en nombre  del “Estado de Derecho” criminalizan a las comunidades y líderes del movimiento social por medio de la acción penal, la Policía Nacional Civil, El ejército y los Estados de sitios, enfatizó.

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