Por Sara Mingorría
El pasado 5 de agosto fueron reubicadas 110 familias Q’eqchi’ que habían sido desalojadas violentamente por la familia de los Widmann en el Valle del Polochic en marzo de 2011 para la reactivación del ingenio de caña de azúcar. La nueva comunidad recibe el nombre de El Recuerdo San Pablo y está ubicada en la finca Sactelá, a unas 4 horas de distancia de Cobán, como núcleo urbano más cercano y a unas diez horas del Valle. Fueron alrededor de 500 personas, entre mujeres, ancianas, niños y adultos de 10 comunidades Q’eqchi’ que fueron sacadas, despojadas de su territorio y trasladas a un nuevo lugar desconocido, sin luz y sin agua potable.
Desde el día anterior, las familias cargaron sus pocas pertenencias, entre muebles, gallinas y algún costal de maíz. A las 4.00 am ya del día 5 subieron a las camionetas con miradas de incertidumbre y lágrimas de tristeza. A lo largo del camino varias comunidades salieron a despedirles y fueron acompañadas por la Fundación Guillermo Toriello, el Comité de Unidad Campesina, la Plataforma de Solidaridad con Guateamala de Barcelona, Setem, Óxfan Guatemala, Veterirnarios Sin Fronteras, Trocaire y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas.
No fue hasta las 23.00 de la noche cuando las familias llegaron a sus nuevas casas. El acto previsto por parte de las comunidades a las 12.00 en la plaza de Cobán tuvo que ser acortado y realizado en la entrada de Cobán, ya que según testimonios, el gobernador quiso invisibilizar el traslado y evitar actos públicos que fueran vistos por otras comunidades; sin embargo, el argumento oficial fue que la plaza de Cobán estaba ocupada por otros actos. El acto protocolario de gobernación con representantes de Copredeh, Fontierra, Secretaría de Asuntos Agrarios y el Gobernador de Cobán duró una hora en un hotel situado en la carretera de Chisec retrasando mucho la llegada.
Para llegar hasta la nueva finca se recorrió un camino de más de 3 horas de terracería viendo carteles de advertencias “no permitida la entrada a toda persona desconocida” y al mismo tiempo observando la muestra de comunidades en resistencia “ Es nuestro territorio, No a la hidro Santa Rita”. Se pasó por Monte Olivo, comunidad Q’eqchi’ donde la seguridad de la empresa hidroeléctrica asesinó el 9 de agosto del año pasado a dos niños, y actualmente gran parte de la comunidad tiene numerosas denuncias y órdenes de captura. Esta comunidad sufre diariamente amenazas y estrategias de división, pero siguen luchando para mantenerse unidos en contra de la hidroeléctrica.
Los dos microbuses que trasportaban familias y técnicos de la Secretaría tienen que ser empujados en numerosas ocasiones por quedarse atrapados en el lodo, debido a las malas condiciones del camino. En torno a las 18.00 de la noche uno de los vehículos queda definitivamente enlodado y las familias desesperadas bajan de las camionetas y comienzan a caminar buscando la nueva comunidad que se encontraba a unos 3 kilómetros todavía. Ancianas y niños quedan en el borde del camino a oscuras, esperando que alguien les ayudara a trasladarse. Era muy desolador y humillante ver a las familias cargando sus pocas pertenecías, gallinas, muebles, ropa y a sus hijitos pequeños embarrados hasta la rodilla buscando la nueva tierra donde vivir. Mientras las instituciones del estado intentando empujar y dirigir a las camionetas para sacarlos de allí y conseguir pasar los pick-ups de las organizaciones acompañantes. El gobierno tardó más de nueve meses en entregar la tierra desde que se acordó, por la excusa de que necesitaban tiempo para arreglar el camino. Entrevistando a choferes de la zona, nos contra informaron de que allá los operario de la obra sólo llegaban a trabajar el camino dos días por semana y que los dos últimos meses no había llegado nadie.
Según la Secretaría de Asuntos Agrarios se invirtieron Q8.3 millones para habilitar las condiciones de la nueva comunidad comprometiéndose a: Infraestructura y Vivienda, la construcción de viviendas dignas, servicios esenciales como agua potable, vías de acceso a la finca, así como completar el edificio de un centro educativo, puesto de salud, iglesia y campo de futbol. Sin embargo, las familias a su llegada a las 23.00 de la noche a sus nuevas casas no tenían ni el camino terminado, ni luz, ni agua potable, ni escuela, ni puesto de salud. Las instituciones del gobierno durante el acto protocolario informaron que hasta dentro de 3 meses no llevarán agua potable a la comunidad, y que mientras tanto “podrían hervir el agua del río”. En la mañana del 6 de agosto, dos representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas visitó a las familias y comprobaron que la mayoría de ellos enfermaron con diarreas por beber agua del río.
Más de 3 años han pasado de los desalojos del Valle del Polochic y sólo 140 de estas familias recibieron títulos de propiedad por parte del Gobierno el 19 de octubre de 2013. Los beneficiados se unen a otras 30 familias reubicadas en la finca San Valentín, Senahú, de la región alta verapacense. Las 629 familias que aún no han recibido ni títulos de propiedad ni vivienda mínima esperan que el gobierno cumpla con su promesa de entregarles tierras el próximo año.
Para más información consultar los reportajes en Guatevisión y Telesur por Santiago Botón:
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