Pese a la liberación de los presos políticos aún quedan muchos pendientes para que vuelva la paz
Por Quimy De León y Santiago Bastos
El pasado día 13 de enero de 2013, se celebró en Santa Cruz Barillas el regreso a casa de Diego Juan Sebastián, Andrés León Andrés Juan, Joel Gaspar Mateo, Ventura Juan, Antonio Rogelio Velásquez López, Pedro Vicente Núñez Bautista, Saúl Aurelio Méndez Muñoz, Amado Pedro Miguel, Marcos Mateo Miguel y la injusta encarcelación de Pascual de Pascual Pedro y Esteban Bernabé Gaspar. Después de más de ocho meses, recuperaban una libertad que se les había robado; pero su lucha y la nuestra no termina ahí.
La conflictividad en Barillas
El día 1 de mayo de 2012 Santa Cruz Barillas saltó a los medios de comunicación por los hechos que llevaron a la implantación de un Estado de sitio bastante cuestionable. Pero los conflictos no iniciaron ese día, como nos quisieron hacer creer el gobierno y los medios. El origen de los problemas y el mismo conflicto son responsabilidad de la empresa Ecoener Hidralia Energía/Hidro Santa Cruz, que desde el año 2009 estaba operando en contra de la voluntad de los pueblos y comunidades.
Desde su llegada a esa población en 2008, el comportamiento de esta empresa, filial guatemalteca de ésta empresa española, se ha caracterizado por los constantes hechos delictivos y criminales en contra del pueblo de Barillas, como disparos de arma de fuego al aire, agresiones físicas, psicológicas y verbales por parte la seguridad privada y personeros de la empresa. Incluso se llegó a la colocación de explosivos en los alrededores de las instalaciones de la planta hidroeléctrica. Durante más de tres años, cientos de personas de las comunidades de Barillas han puesto denuncias contra estas intimidaciones, amenazas y abusos y han estado alertando y pidiendo la intervención de las autoridades por las constantes agresiones en que ha causado en ese municipio dicha empresa.
Además su presencia ha causado división comunitaria e incluso familiar. Como en otros casos en el país, la forma de actuar de la empresa consiste en contratar a un reclutador/a de la misma comunidad para que les ofrezca trabajo a su misma familia, vecinos, etc. Dese ahí se busca romper la solidaridad comunitaria aprovechando las necesidades de la gente. Por esta conflictividad que provocaba en la localidad, el mismo Consejo Municipal se negó a dar la licencia y permitir el inicio de operaciones de la empresa española. Los gobiernos de Colom y de Pérez Molina nunca atendieron las demandas de la población y con ello se convirtieron en responsables de esta impunidad, y lo que ocurrió después.
El mismo Estado de Guatemala es responsable de una serie de violaciones graves a tratados internacionales como el Convenio169 de la OIT, la Declaración sobre Pueblos Indígenas de Naciones Unidas y a la misma Constitución Política de Guatemala.
Detenciones ilegales
El día 2 de mayo de 2012 se produjo la detención de todas estas personas. Como se ha repetido hasta la saciedad, en nueve de los once casos se trató de detenciones ilegales y todas ellas fueron irregulares. Desde la instalación del estado de sitio en Barillas, se dieron un gran número de irregularidades, ilegalidades, y violaciones al debido proceso en la solicitud de sus órdenes de captura y en los procesos de investigación. Existen suficientes evidencias de las irregularidades desde el momento de la detención, al mismo tiempo las acusaciones y los delitos que se les imputan no han podido ser comprobados.
· Fueron detenidos y llevados al destacamento militar antes de la publicación oficial del Estado de Sitio.
· Quienes detuvieron a algunas de éstas personas no fueron las autoridades, sino personas particulares quienes posteriormente los llevaron o a la Policía Nacional Civil o al destacamento militar.
· Desde este arresto ilegal hasta su traslado al Centro Preventivo de la zona 18 en la ciudad capital, fueron constantemente golpeados y amenazados. A medio camino les bajaron de los vehículos en donde los trasladaban para tomarles fotografías, que son las que aparecieron al día siguiente en los medios de comunicación impresos.
· Los medios de investigación presentados por el Ministerio Público están viciados porque se forjaron con posterioridad a la detención ilegal.
· Las pruebas presentadas no logran demostrar que los detenidos son responsables de los hechos de los que se les acusan. En el caso de los daños al Hotel La Estancia, el dueño no reconoce ni señala a ninguno de los detenidos, tampoco se les encontró ninguno de los objetos robados en su poder. En el caso de la toma del destacamento militar, el Sargento Segundo del Ejército José María Gomez Raymundo describe los hechos del 1 de mayo, sin embargo no señala a ninguno de los detenidos como responsable de los mismos.
· Las declaraciones de los testigos que reconocen a los detenidos como responsables de los hechos, nacen a partir de las publicaciones de prensa del día 3 de mayo del 2012.
· Hay declaraciones contradictorias, ya que en las misma hora ubican a los nueve detenidos en dos lugares diferentes que están a un kilómetro y medio de distancia[1].
Todo estos hechos fueron mostrados y demostrados desde esos momentos en el informe de Verificación de la situación de Derechos Humanos realizado por la Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej; el de la Unidad de Protección a Defensoras, Defensores de Derechos Humanos – Guatemala; y el amparo interpuesto por la defensa de los detenidos en contra del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala, en la Sala tercera de apelaciones del Ramo Penal presentada el 2 de junio del 2012.[2]Sin embargo, tuvieron que pasar ocho meses para que se tuvieran en cuenta.
Tergiversando la ley
A estas personas se les acusó de delitos como atentado, asociaciones ilícitas, robo agravado, plagio o secuestro, detención, ilegal, allanamiento con agravación específica coacción y terrorismo, instigación a delinquir y desorden público, todo ello sin fundamento alguno. Se está usando las figuras delictivas de actividades ligadas al narcotráfico de manera totalmente tergiversada.
Este hecho es de suma importancia, pues muestra una de las formas utilizadas por parte de las autoridades, empresas y medios de comunicación corporativos para crear una falsa realidad sobre los conflictos sociales provocados por la imposición de las empresas y sus intereses afectando a la población que vive en el mismo territorio, creando las condiciones para minimizar la oposición y la resistencia a esta nueva agresión y forma de acumular capital mediante el despojo y el saqueo.
Por eso es muy importante evidenciar que se ha tratado y se trata como delincuentes y terroristas que hay que encarcelar a personas que se organizan y que ejercen sus derechos ciudadanos. Porque éste es un caso de persecución contra una población que aglutinada en una asociación u organización de carácter comunitario se opone al proyecto de la Ecoener Hidralia Energía/Hidro Santa Cruz y que simplemente expresa su opinión y su visión sobre el desarrollo, partiendo de la defensa de la vida y en este caso del agua.
Ninguno de los presos políticos cometió ningún delito. Son inocentes tal y como quedó por fin demostrado en la resolución que emitió Luis Fernando Pérez Zamora titular del Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Medio Ambiente, de Santa Eulalia, Huehuetenango los días 19 de septiembre, 14 de noviembre de 2012 y el 9 de enero de 2013.
Aún quedan muchos pendientes para que vuelva la paz a Santa Cruz Barillas
Durante más de ocho meses estas personas estuvieron injustamente encarceladas y consideradas como delincuentes a todos los efectos. Se tiene que hacer justicia por los delitos cometidos en contra de ellos, sus familiares y las comunidades completas de este municipio. Es preciso pensar en que se tomen medidas de reparación por los daños causados por este injusto encarcelamiento.
Continúa la persecución penal en contra de más de 20 personas, que desde el día abril de 2012 fueron también injustamente acusadas y desde entonces no han podido regresar a sus casas. Su situación debe aclararse como ocurrió con los recientemente regresados, para que su nombre quede limpio y puedan retornar a su vida normal junto a sus familiares. También deberían ser resarcidos por todos los daños sufridos por una acusación injusta.
Todavía no se ha aclarado el asesinato de Andrés Francisco Miguel, y el atentado armado en contra de Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé. Pese a que los culpables están en manos de la justicia desde finales de mayo de 2012, no se ha avanzado en su juicio y los abogados de la empresa sí que acosan a los familiares para que retiren las denuncias.
La empresa sigue usando métodos violentos para contrarrestar la oposición a su actividades: cuando el pasado 22 de diciembre varios miles de personas se opusieron públicamente a la firma del convenio de la municipalidad de Barillas con la empresa, uno de los voceros fue amenazado de muerte por el “operador político” de la empresa, el militar Juan Garrido.
La respuesta de los barillenses fue escribir un memorial que entregaron a las autoridades municipales y centrales para explicar sus demandas. Se debe escuchar la voz de las comunidades de Barillas que se han opuesto a estas actividades que no les benefician en absoluto.
El Gobierno debe atender a sus ciudadanos como sujetos de un derecho que han expresado siempre desde la legalidad; y dejar de defender a una empresa que siempre se ha movido con prepotencia, violencia y absoluta falta de respeto por los pobladores de Santa Cruz Barillas.
[1] De León, Quimy y González Cecilia. Santa Cruz Barillas, los intereses detrás de un Estado de Sitio. Revista Dialogo FLACSO. 22 de Julio de 2012. [2] Carta Abierta al Sistema de Justicia por la liberación de los Presos Políticos.
