Santa Eulalia, miércoles 9 de enero 2013, el Juez Luis Fernando Pérez Zamora del Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del municipio de Santa Eulalia, resolvió a las dos de la tarde con treinta minutos, que: Admite desistimiento de toda acción civil o penal y ordena la inmediata libertad de Diego Juan Sebastian, Andrés León Andrés Juan, Joel Gaspar Mateo, Ventura Juan, Antonio Rogelio Velazquez López, Pedro Vicente Nuñez Bautista, Saúl Aurelio Méndez Muñoz y Amado Pedro Miguel. Quedando clausurado provisionalmente este proceso, para esto el juez requirió al Ministerio Público que durante cinco meses debe investigar más a fondo y que presentara acusación en contra de los detenidos si encontraba algún elemento que lo requiriera[1].
La audiencia dio inicio a las 9 de la mañana, esta se constituyo como una audiencia intermedia del caso 92 2012, caso en el MP 80 555, durante esta audiencia el Juez discutió sobre el proceso presentado en la audiencia del 26 de septiembre 2012, en donde el Ministerio Publico MP imputó a los detenidos los delitos de: “atentado, asociaciones ilícitas, robo agravado, plagio o secuestro, detención ilegal, allanamiento con agravación específica, coacción y terrorismo, instigación a delinquir y desorden público.”
Esta resolución era esperada por los presos políticos de Barillas, familiares, esposas, hijos e hijas, comunidades que se movilizaron en apoyo desde los municipios cercanos, medios alternativos, el equipo de abogados defensores y representantes de organizaciones quienes permanecieron dentro de la sala de audiencias y fuera del centro de justicia a la espera del fallo del juez. Transcurrieron exactamente 242 días de su detención ilegal.
Se esperaba una posible liberación en el transcurso de esta audiencia, que por ocho meses desde Mayo del 2012 los comunitarios fueron injustamente detenidos y encarcelados, tras ese largo tiempo se logra que la justicia y el sistema de justicia den marcha atrás con una serie de violaciones sistemáticas al debido proceso de justicia y violaciones de los derechos de los presos políticos.
La liberación de los hermanos y compañeros presos políticos es el reflejo de la lucha colectiva, misma que se alcanzó gracias a la determinación de sus esposas, a los pueblos de Barillas que continuaron en resistencia y en defensa del territorio, gracias al espíritu de los presos políticos por RESISTIR y LUCHAR. También gracias al trabajo coordinado por los abogados defensores quienes conformaron el equipo jurídico: Carlos Bezares, Carlos Surque, Sergio Vives y Pedro Mateo.
En momentos difíciles fueron claves las esposas y compañeras, familiares, hijos, hijas, comunidades rurales, la resistencia del casco urbano, la solidaridad de los pueblos hermanos de la zona norte de Huehuetenango, y del resto del país, organizaciones, la presencia de los medios alternativos locales y nacionales, así como el aporte de personas que desde lo individual se sumaron por una causa justa, la libertad de los hermanos barillenses.
Muchas de las exigencias de las personas que estuvieron presentes durante la audiencia en el juzgado de Santa Eulalia se hicieron sentir nuevamente, las cuales son la no instalación de la empresa hidroeléctrica Hidro Santa Cruz, así como el retiro inmediato del territorio de Santa Cruz Barillas.
El respeto de las diferentes asambleas comunitarias en rechazo a la presencia de empresas transnacionales, en el caso concreto de Ecoener Hidralia Energía – Hidro Santa Cruz.
Estas demandas continúan siendo eco y reflejo de los planteamientos, exigencias y de las decenas de actas de los pueblos de Santa Cruz Barillas que desde el año 2007 hasta la fecha, se han elaborado y planteado sobre la base de exigir el retiro de la empresa hidroeléctrica para recobrar la paz del municipio.
Con esta victoria de las comunidades y pueblos de Santa Cruz Barillas queda claramente demostrado que DEFENDER EL AGUA Y EL TERRITORIO Y OPONERSE A LA INSTALACIÓN DE LA EMPRESA EXTRANJERA HIDRO SANTA CRUZ NO ES UN DELITO.
Ahora queda la lucha por la restitución de los derechos de los lideres y lideresas que tienen orden de captura, el restablecimiento de las condiciones para el regreso a sus comunidades de los compañeros liberados el día de hoy y la paz que tanto añoran los pueblos de Santa Cruz Barillas.
[1] Con información de los Abogados Carlos Bezares y Sergio Vives.