Por Luis Juárez
Pueblo Nuevo, Ixcán, Quiché
18 de Diciembre de 2019.
El 17 de diciembre se llevó a cabo en Pueblo Nuevo una reunión con una comisión técnica que viajó desde la ciudad capital de Guatemala, esta se conformó por integrantes del Ministerio Público –MP-, Organismo Judicial –OJ- y de la Procuraduría de los Derechos Humanos –PDH- de la Ciudad de Guatemala con las autoridades comunitarias –indígenas- de Pueblo Nuevo, participó el abogado Pedro Ixchiú García y Factor Méndez Doninelli, llegaron para conversar sobre la problemática social actual -la prohibición de la distribución de bebidas alcohólicas y de drogas-, en relación a la forma en que los comunitarios resuelven sus problemas internos de acuerdo a sus tradiciones, costumbres y normativas propias.
La comisión documento la resolución que tomaron las autoridades comunitarias sobre este problema, se comprometieron a realizar un análisis técnico jurídico sobre esta situación, dicha comisión se reunirá con las personas que fueron sancionadas por la comunidad y como siguiente paso con el análisis plantearan una mediación al problema si las autoridades indígenas de Pueblo Nuevo así lo aceptan. Esto partiendo de la decisión de la Asamblea General de la comunidad que tomó la decisión de continuar con el reglamento comunitario y mantienen la expulsión de aquellas personas que generan los problemas dentro de la comunidad.
Esta comisión estatal documento a través del testimonio de las autoridades comunitarias, las posturas del coronel de la Sexta Brigada del ejército y de la auxiliar de la Procuraduría de los Derechos Humanos PDH de Ixcán. El coronel Guillermo Estuardo Quiroa de forma amenazante pretendía solicitar un estado de sitio en Pueblo Nuevo para garantizar el regreso de los comerciantes de alcohol a la comunidad.
Por otro lado, Dina López Caal auxiliar de la PDH de Ixcán afirmó que en Pueblo Nuevo no existen pueblos indígenas y que por lo tanto la Asamblea no podía resolver en base a las formas de los pueblos originarios, ni en base a convenios internacionales como el 169 de la OIT. Esta afirmación causó la indignación de las autoridades indígenas, Pueblo Nuevo está conformado por 12 pueblos indígenas –con igual cantidad de idiomas- que lo habitan, haciéndolo uno de las comunidades más pobladas de Ixcán, multiétnica y plurilingüe.
Para los vecinos de Pueblo Nuevo es preocupante como las autoridades estatales locales, se desentienden de un problema serio, contrario a esto asumen la criminalización de las autoridades comunitarias e indígenas y sus formas propias de resolución de los problemas.
La negativa y los ataques de los comerciantes del alcohol
Este minúsculo grupo de inconformes con la aplicación del reglamento comunitario, son negociantes que se benefician del comercio de las bebidas alcohólicas y de estupefacientes causantes de los principales problemas que se ha convertido en un conflicto comunitario, sobredimensionado por los órganos de justicia estatal. Irrumpieron violentamente en la Alcaldía comunitaria -ante la presencia de la PDH, MP y PNC- para secuestrar el libro de actas del COCODE de segundo nivel de la Micro Región VII, liberar a un vendedor de bebidas alcohólicas que cumplía con su corregimiento y la destrucción de la puerta de la alcaldía. Asimismo obstruyeron violentamente la libre locomoción de los transeúntes sobre la Franja Transversal del Norte FTN, en Veracruz, Jurisdicción de Pueblo Nuevo, agrediendo verbal y físicamente a las personas, entre ellos, al periodista de Tele Sur, Santiago Botón, estas agresiones ocurrieron varios meses atrás.
La aplicación del reglamento comunitario para la mediación y resolución de los conflictos internos para el buen vivir, ha sido utilizado como mecanismo de criminalización por los órganos de justicia contra las autoridades comunitarias. Hay más de 15 personas judicializadas por diferentes delitos. El alcalde comunitario, tiene orden de captura en el que se le imputan más de veinte delitos infundados.
Las posturas antidemocráticas de las autoridades estatales
En una reunión sostenida recientemente entre los representantes locales de las instancias del Estado -PDH, MP, PNC, COPREDH, Alcalde Municipal- en la cabecera municipal; se hicieron visibles posiciones intransigentes como al del Coronel Guillermo Estuardo Quiroga de la Sexta Brigada de Infantería, quién dio un plazo de 72 horas a las autoridades comunitarias para reestablecer el dialogo con los expulsados, de lo contrario, la comunidad será intervenida con el uso de la fuerza del orden público para reestablecer supuestamente el orden público. El 14 de noviembre, como mecanismo de intimidación con el uso excesivo de la fuerza, ingresa a la comunidad un contingente de más de 100 elementos de la PNC en 22 patrullas.
Los diferentes sectores presentes pidieron a la comisión respetar su autodeterminación y respeto a las decisiones comunitarias emanadas de la Asamblea como el máximo Órgano de toma de decisiones que rigen a los habitantes de la comunidad, no criminalizar las luchas de las autoridades comunitarias por la defensa de los Derechos Humanos y del buen vivir mediante amenazas, intimidaciones de las fuerzas del orden público y ordenes de captura por los órganos de justicia, no dejarse engañar y confundir con informaciones malintencionadas y de difamación que hay alrededor del caso. Que cada vez que reciban información del caso, verifiquen y confirmen la veracidad de la información y que velen y capaciten a los administradores de justicia para que resuelvan los casos en base a pertinencia cultural y lingüística.
Es lamentable que las instancias estatales, como los órganos de justicia, criminalicen a las autoridades comunitarias que luchan por la defensa de los derechos humanos, la seguridad y del buen vivir. La Comisión agradeció a los comunitarios por su participación y enfatizó que los casos que se resuelvan desde la costumbre de los pueblos en base a sus normativas es un derecho histórico, reconocido universalmente. Pero lo que sí no se debe hacer o lo que no es aceptable, es que en sus procesos y resoluciones repitan los vicios que se cometen en el sistema oficial. Enfatizaron.
Así se tramó la intentona de presionar a las autoridades comunitarias de Pueblo Nuevo Ixcán, Quiché para inducirlas a una mesa de diálogo con un grupo de pobladores expulsados de la comunidad, luego de que fueron reducidos al orden cuando fracasaron en su intento de destruir una talanquera para frenar el ingreso de droga en el poblado.
Posted by Santiago Boton on Friday, October 18, 2019
La raíz del problema en Pueblo Nuevo, antecedentes
Recientemente -07 de octubre- fueron expulsadas 12 personas de la comunidad, debido a que intentaron destruir nuevamente -por tercera vez- una talanquera construida por la Cooperativa en la entrada de la comunidad, para evitar el ingreso, distribución y consumo de bebidas alcohólicas y drogas que han causado daño y destrucción del tejido social comunitario. Ya que en los últimos años, se han incrementado los niveles de delincuencia común, de violencia contra la mujer y la niñez, intentos de violaciones, desintegración familiar, robos, etc. De acuerdo a los datos de las autoridades, hasta la fecha, se contabilizan 21 homicidios relacionados con el alcohol y la droga en este territorio.
Ese día, los inconformes -liderados por José Domingo Ros, Pedro Domingo Ros, Juan Leonardo Domingo Ros, Santiago Matías Ramírez, Ciriaco Sales, Novegisto Cruz, Felipe Hernández, Domingo Juan, José Juan, Ramón Marcos Baltazar (identificado en la red social de Facebook como “Moncho Chisteros”), entre otros- fueron trasladados a inmediaciones de la talanquera en la camioneta –tipo combi- de José Ros, a las 02:00 horas aproximadamente. Una hora después –en la madrugada- atacaron con gases lacrimógenas, disparos con armas de fuego, piedras, garrotes, machete entre otros objetos a los socios de la Cooperativa que estaban resguardando la talanquera. Como resultado de este ataque, fueron aprehendidos 12 de los atacantes y el resto se escapó entre las casas y los matorrales. Por decisión de asamblea como el máximo órgano de toma de decisiones las 12 personas fueron expulsadas de la comunidad y entregadas a la Policía Nacional Civil –PNC-.
Sin embargo, antes de la expulsión de dichas personas, la asamblea les otorgó el criterio de oportunidad, para que pidan perdón y disculpas por los delitos de difamación, agresión física, verbal, amenazas y daños cometidos contra los bienes públicos; pero lamentablemente solo se burlaron y ninguno lo hizo. Bajo el mismo criterio las autoridades de la comunidad procedieron con los simpatizantes de los inconformes. Hasta ahora hay más de 40 socios de la Cooperativa -incluidos hijos-, que han firmado acta de compromiso con las autoridades para respetar las decisiones de asamblea y actuar conforme el reglamento y estatuto de la Cooperativa que rige la convivencia comunitaria.
La resolución del conflicto –qué ya está resuelto- que afecta el desarrollo comunitario, se basa en las normas jurídicas de carácter internacional, específicamente sobre pueblos indígenas referente a sus formas de vida, costumbres, tradiciones y formas de organización social -Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, artículos 3, 4, 5, 34 y 40, Convenio 169 de la OIT, artículos 8 numeral 2 y artículo 9 inciso 1), Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, artículo III, VI y XXI inciso 1) y 2), Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos, artículo 1, numeral 1) y el Pacto internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, artículo 1, numeral 1) y artículo 8, inciso 1) y las normas jurídicas de carácter nacional -Constitución Política de la República de Guatemala, en referencia a los pueblos indígenas, artículos 44, 46, 58 y 66, el Código Municipal, en relación a los pueblos indígenas, artículos 20, 56, 57 y 58, inciso a), j) y k) y los Acuerdos de Paz, específicamente sobre Derechos civiles, políticos, sociales y económicos, numeral 2).
