Por Andina Ayala
El presidente Giammattei, dijo ayer en una conferencia de prensa de la reunión de instancia del sector justicia, que en seguimiento con los acuerdos firmados en 2019 entre un grupo de pobladores y la empresa, pondrá en práctica un modelo de seguridad, que según él, disminuirá la conflictividad social en el país.
“La gente está pidiendo que regrese el Estado a San Mateo Ixtatán“, aseguró el presidente en compañía del vicepresidente Guillermo Castillo Reyes y dijo que a partir del 25 de enero se abrirá en San Mateo Ixtatán un juzgado, y que para el 7 de febrero una oficina del Ministerio Público (MP). Agregó, que con ayuda del Ejército construirá una carretera de dicho municipio hacia el municipio de Barillas.
La carretera que conecta de San Mateo a Barillas comprende un tramo de 26.8 kilómetros, que toma alrededor de hora y cuarto en transitar. El mandatario también dijo que dicha carretera “debería tener acceso a la Franja Transversal del Norte (FTN)”, ese tramo tendría otros 26 kilómetros de distancia desde la cabecera de Barillas al entronque con la FTN.
El Estado no se ha ido por completo. En el norte de Huehuetenango, funcionan las municipalidades, los Consejos Comunitarios de Desarrollo, (COCODES), y a partir del 5 de mayo de 2014 el territorio se militarizó.
Además existe el Centro de Administración de Justicia (CAJ) que nació en el marco Acuerdos de Paz (1998), en el que los pobladores tienen acceso a un centro de mediación bilingüe, un bufete popular, a defensa pública, Policía Nacional Civil (PNC), MP, Juzgado de Paz, Juzgados de Primera Instancia y de Sentencia Penal, Juzgado de Primera Instancia Civil y de Familia, por lo que puede argumentarse que es falso que el Estado se ausentara.
En los CAJ, la sociedad civil puede establecer diálogos con las autoridades, es decir que resuelve problemas sociales con participación ciudadana, de allí que se defina con pertinencia cultural.
Al final de la conferencia de prensa, el presidente Giammattei anunció viajar este sábado 25 de enero a San Mateo Ixtatán, municipio en el que según el Tribunal Supremo Electoral, su candidatura obtuvo 85 de los 13 mil votos válidos, ocupando el lugar 16 de los 19 partidos participantes en la primera vuelta de junio de 2019, por debajo de las candidatas presidenciales Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Thelma Cabrera, del Movimiento por la Liberación de los Pueblo (MLP), en donde además, no se realizó la elección de segunda vuelta electoral. En el territorio norte de Huehuetenango residen 360,000 personas la mayoría son chujes, q´anjob´ales y akatekos.
Vale la pena recordar que cuando se habla de conflictividad social, referenciando a la población indígena como ingobernable, deviene del interés empresarial que ha querido instaurarse progresivamente desde hace 15 años. Un proceso que inició con la aprobación de 6 licencias para centrales de generación de energía hidroeléctrica, 1 en Santa Eulalia, 2 en Barillas y 3 más en San Mateo Ixtatán, durante el gobierno de Álvaro Colom.
En el Gobierno del expresidente Otto Pérez Molina se desencadenó la persecución penal sobre la población organizada así como otros métodos de represión, que respondieron probablemente a la cercanía que éste tuvo con las familias ladinas, como los Reyes, o Mérida, inversionistas o interesados en dichos megaproyectos.
El potencial hídrico en el norte del país ha demostrado que el Estado sí hace presencia a través de sus instituciones castrenses, pero ausente en temas de salud y educación, en este sentido el nombramiento del vicepresidente Guillermo Castillo Reyes, se vislumbró como la puerta para los megaproyectos en el Norte de Huehuetenango, específicamente a Santa Eulalia, San Mateo Ixtatán y Barillas.
Para Rigoberto Juárez Mateo, autoridad ancestral q´anjob´al, las declaraciones del presidente Giammattei obedecen a la estrategia de las empresas de continuar criminalizando y persiguiendo a los pobladores del norte de Huehuetenango que se oponen a la instalación de hidroeléctricas.
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