Por Nelton Rivera
En la Aldea Los Pajoques, en San Juan Sacatepéquez la noche del 19 de septiembre 2014, el joven Juan José Pajoc salió de su trabajo, después se encontró con sus dos hermanitos y juntos tomaron el camino hacia a su casa. Aproximadamente 15 hombres armados les salieron al encuentro y les dispararon. Los dos niños quedaron gravemente heridos y Juan José murió al llegar al hospital. Un informe de derechos humanos recibió testimonios que afirman que el supuesto agresor responde al nombre de Felipe Patzán y aparentemente labora para Cementos Progreso S.A.
Las Autoridades comunitarias llamaron muchas veces a la Policía Nacional Civil, sin conseguir que llegaran, no fue sino hasta el día siguiente a las diez de la mañana.
Este asesinato movilizó a la comunidad completa para detener a los responsables, quienes hicieron uso de armamento para recibir a la población y buscar huir del lugar. Varios hombres armados entre ellos Felipe Patzán, se fueron a esconder adentro de la casa de Marcelo Pajoc, a quien la gente reconoce también como trabajador de la empresa Cementos Progreso.[1] La gente rodea esta casa y en la madrugada dispararon desde dentro, hacia la gente y asesinan al señor Justo Raxón Chojón, quien junto su esposa e hijos menores caminaba cerca de la casa.
Después de éstos hechos la gente entró a la casa, el saldo fue de cuatro personas muertas. El saldo entre la noche y madrugada fue de 8 personas en total.[2] A pesar de todo, una persona ayudó a Felipe Patzán para que se ponga a salvo, y según testimonios de autoridades comunitarias, después acusó a quien lo ayudó de dirigir estos hechos, y a otras personas.
El proceso penal en la actualidad
Once comunitarios de la Aldea Los Pajoques de San Juan Sacatepéquez, fueron acusados de ser los supuestos responsables de los asesinatos de septiembre de 2014, durante cuatro años, cinco de ellos han tenido que soportar la prisión preventiva y el resto aunque con medida sustitutiva, han esperado este momento del juicio para tener la posibilidad de esclarecer la acusación que hay en su contra.
La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) a través de uno de sus abogados, da acompañamiento a los comunitarios en este juicio, de acuerdo a su opinión este es otro caso de criminalización de la movilización comunitaria, detrás de la acusación está el interés por despojarlos de la tierra.
La audiencia de apertura a Juicio
El 4 de abril 2018, en el Tribunal Primero de Sentencia del municipio de Mixco, presidido por el juez Edgar Mamfredo Roca Canet, se tenía programado a las 9 de la mañana el inicio del Debate Oral y Público en contra de los once comunitarios kaqchikeles de la aldea Los Pajoques. Y se reprogramó para el para el 11 de abril.
La audiencia se suspendió porque el Sistema Penitenciario no trasladó a las cinco que están presos en el Anexo B del Centro Preventivo para Hombres de la zona 18.
Francisco Pajoc Xolic, José Clemente Pajoc Pirir, Manuel Chocón Patzán, Mauricio Subuyuj Raxón y Andrés Patzán Locón, son los cinco que están en prisión preventiva. En el caso de Francisco Pajoc, en el año 2014 se presentó de forma voluntaria ante el juzgado de Mixco pero el juez, decidió no beneficiarlo con la medida sustitutiva, desde entonces está preso.
Al tribunal se presentaron Tomás Pajoc Xolix (29 años), Rafael Santos Pajoc Xolix (32 años), Celestino Turuy Pajoc, José Dolores Pajoc Pirir (55 años), Jesús Pajoc Xolix (35 años), y Santiago Pajoc Guamuch.
La acusación la realizó la fiscalía de delitos contra la vida del Ministerio Público (MP), a cargo del agente fiscal René E. Valdez Meléndez, la fiscalía pidió inicialmente que fueran juzgados por los delitos de asesinato, incendio agravado, violencia contra la mujer, reuniones y manifestaciones ilícitas, homicidio cometido en delito de muchedumbre, agrupaciones ilegales de gente armada. En el hecho participaron cientos de personas, incluso hay testimonios que afirman que habían algunas con los rostros cubiertos por pasamontañas o capuchas. Pero en la etapa intermedia el juez resolvió quitarles varios de esos delitos.
Cinco mujeres de la Aldea Los Pajoques aparecen como querellantes en este juicio, con el respaldo de la empresa cementera, y son representadas por el abogado Carlos Andrés López Coronado.
El abogado López Coronado en enero de 2016 renunció a la defensa de Gustavo Alejos, señalado por uno de los casos de corrupción en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).[3] López Coronado también ha sido consultor del Fondo de Desarrollo Social (Fodes), de acuerdo con el portal Guatecompras. Además este mismo abogado apareció en una etapa previa como representante legal de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) [4]
[1] Convergencia para los Derechos Humanos. Informe de verificación de situación en San Juan Sacatepéquez, a partir de la implementación de un Estado de Prevención contenido en el acuerdo gubernativo 6-2014. 28 de septiembre 2014. http://www.albedrio.org/htm/documentos/CDH-SanJuanSaca.pdf
[2] Ibídem.
[3] Andrea Orozco y Jerson Ramos. Abogados de Gustavo Alejos renuncian. Prensa Libre. 5 de enero 2016. http://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/abogados-de-gustavo-alejos-renuncian
[4] José David López. Gustavo Alejos se entrega y es recluido en carceleta de Tribunales. El Periódico. 29 de diciembre 2015. https://elperiodico.com.gt/nacion/2015/12/29/gustavo-alejos-se-entrega-y-es-recluido-en-carceleta-de-tribunales/
