CC frena a jueza Abelina Cruz y rescata prueba del caso Asalto al Ministerio de Salud

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Créditos: Prensa Comunitaria

Por mayoría, la máxima corte suspendió las resoluciones que anularon el acuerdo de colaboración eficaz de Jorge Estuardo Estévez Cabrera, una pieza clave en el caso Asalto al Ministerio de Salud.  El convenio había permitido aportar información y pruebas sobre los negocios ilícitos investigados por la FECI y la extinta CICIG. Sin embargo, el fallo llega después de que la jueza Abelina Cruz Toscano ya favoreció a varios acusados vinculados con el caso.

Por Alexander Valdéz

La Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo provisional al Ministerio Público (MP) y dejó en suspenso las resoluciones emitidas por la jueza del Juzgado de Mayor Riesgo “D”, Abelina Cruz y por la Sala Primera de Mayor Riesgo, que anularon el acuerdo de colaboración eficaz de Jorge Estuardo Estévez Cabrera, una de las personas que aportó información clave en el caso de corrupción conocido como “Asalto al Ministerio de Salud”. La decisión frena temporalmente el fallo que había dejado sin validez el convenio aprobado en 2019.

Estévez Cabrera enfrentaba un proceso penal por delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias, cohecho pasivo, fraude y lavado de dinero. Pero, en abril de 2019, el Juzgado de Mayor Riesgo “D” aprobó un acuerdo de colaboración eficaz con el MP. Y como parte del convenio, se comprometió a entregar bienes y dinero para reparar los daños ocasionados al Estado, entre ellos Q500 mil en efectivo, un vehículo valorado en Q125 mil y una propiedad en Santa Rosa valorada en más de Q3.1 millones.

Sin embargo, en agosto de 2024, la Sala Primera de Mayor Riesgo revocó la aprobación del acuerdo, tras una apelación presentada por otro procesado. Los magistrados consideraron que la jueza no fundamentó adecuadamente la resolución y que omitió dar intervención a la Procuraduría General de la Nación (PGN), entidad encargada de representar los intereses del Estado. Por ello, ordenaron convocar una audiencia para discutir la revocatoria de los beneficios otorgados al colaborador eficaz.

El colaborador fue asesor del  entonces ministro de Salud, Jorge Villavicencio, eso sirvió para que tuviera acceso y entregara documentación, correos y comunicaciones que se tuvieron en su momento para la concertación de los supuestos negocios ilícitos. La información entregada por Estévez Cabrera fue corroborada por otros medios de investigación por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Durante la gestión de Consuelo Porras en el MP y la desarticulación de la FECI de Sandoval, una de las prácticas utilizadas para favorecer a los señalados de corrupción fue renunciar o buscar revocar a los acuerdos de colaboración eficaz. En este caso ocurrió. A esto se sumó que los antiguos fiscales que inicialmente tuvieron el caso ya no integran la FECI ni pudieron continuar la investigación, algunos de ellos salieron al exilio a raíz de la criminalización de operadores de justicia que conocieron casos de corrupción en esa época.

CC suspende esa decisión

En su fallo provisional y emitido por mayoría, la CC señaló que la aprobación de un acuerdo de colaboración eficaz no tiene como finalidad demostrar los hechos narrados por el colaborador, sino verificar que se cumplieran los requisitos legales para suscribirlo. La información que aporta sirve como guía para que el MP desarrolle sus investigaciones.

Es por eso que suspende provisionalmente las decisiones que habían dejado sin efecto el acuerdo y ordenado revisar los beneficios otorgados al colaborador. Sin embargo, el fallo no es definitivo. De hecho, la CC también cuestionó el retraso en la tramitación del amparo, pues una resolución emitida en diciembre de 2025 fue notificada hasta julio de 2026.

“Se concluye que hubo un retardo considerable en la tramitación del amparo de mérito, siendo necesario exhortar al tribunal de amparo de primer grado para que sea más diligente en la tramitación de las acciones constitucionales a su cargo y, específicamente, que observe los principios regulados en las literales c) y d) del artículo 5° de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, que disponen que las notificaciones deberán practicarse”, indicó.

El fallo fue respaldado por Roberto Molina Barreto, Astrid Lemus, Annabella Morfín y Luis Fernando Bermejo. Mientras que, Julia Rivera y José Pumay, estuvieron en contra.

Una resolución que llega tarde

El pronunciamiento llega después de que la jueza Abelina Cruz haya emitido resoluciones que han favorecido a varios funcionarios y exfuncionarios señalados de corrupción, al cerrar procesos o permitir que recuperen su libertad. Por ejemplo, esta semana el exdiputado Juan Pablo Urrea Casasola, se libró de ir a juicio por presunta corrupción y recientemente una Sala anuló las únicas condenas contra tres exlegisladores.

El exfiscal del caso, Juan Francisco Sandoval, considera que la resolución de la CC es importante porque suspende las decisiones que habían dejado sin efecto un acuerdo de colaboración eficaz aprobado judicialmente. Sin embargo, advierte que el fallo llega después de que la jueza Abelina Cruz Toscano ya favoreció a varios de los acusados contra quienes el colaborador aportó su testimonio y medios de corroboración fundamentales para las investigaciones.

Sandoval señala que el daño podría estar consumado, pues restablecer provisionalmente los efectos del acuerdo no implica que automáticamente queden anuladas las resoluciones que beneficiaron a los sindicados. Por ello, considera que habrá que determinar si todavía existen mecanismos legales para revertir esas decisiones.

“Fue un caso emblemático que investigamos junto con la CICIG, porque permitió revelar cómo una extensa red de funcionarios, diputados, empresarios y particulares había convertido al Ministerio de Salud en un botín político y económico. La estructura manipulaba contrataciones, distribuía plazas por favores políticos y obtenía comisiones ilícitas de contratos públicos, mientras los hospitales enfrentaban graves carencias”, dijo Sandoval.

Añadió que, en ese expediente no investigaron hechos aislados, sino “un sistema organizado de corrupción que operaba a costa de la salud de los guatemaltecos”. Por eso explica que es grave que, pese a la abundante evidencia documental, financiera y testimonial que reunimos, varios de los implicados hayan terminado favorecidos por decisiones judiciales.

En impunidad

En 2019, la FECI y la CICIG expusieron que con el nombramiento del fallecido Jorge Villavicencio Álvarez, como ministro de Salud para el período 2012 a 2014, se inició el funcionamiento de la estructura criminal, quien en conjunto con su hija Cándida Saraí Villavicencio Delgado y el excandidato presidencial Luis Fernando Pérez Martínez y otros, lideraron el nacimiento y puesta en marcha de una organización criminal integrada por 100 personas entre funcionarios públicos y particulares. Se detectó que el desvío aproximado de fondos públicos oscila entre los Q55 millones.

La pesquisa identificó irregularidades en compras de bienes y servicios, contrataciones de personal y la adquisición de medicamentos. Pero, la estructura supuestamente se concentró en el cobro de comisiones ilícitas por la construcción y remozamiento de hospitales y centros de salud, comisiones ilícitas por la adquisición de bienes y servicios y la contratación de 450 plazas (a través de modalidades de favores políticos, pagos mensuales y plazas fantasmas).

El pasado 5 de noviembre, la Sala Primera de Mayor Riesgo conoció una apelación especial y revocó las condenas dictadas contra los exdiputados Ronald Arango, Aracely Chavarría y Humberto Leonel Sosa. Los magistrados anularon las sentencias y absolvieron a los tres exparlamentarios del delito de tráfico de influencias en forma continuada.

La condena de primera instancia había sido emitida el 3 de agosto por el Tribunal de Mayor Riesgo “D”, que encontró culpables a los tres exdiputados. Chavarría recibió una pena de siete años y 11 meses de prisión inconmutable; Arango, seis años y cuatro meses, también inconmutables; mientras que Sosa fue condenado a tres años y nueve meses de prisión conmutable, a razón de Q100 diarios. Además, los tres quedaron inhabilitados para ejercer cargos públicos durante el tiempo de sus respectivas condenas.

Sin embargo, apenas tres meses después, la Sala resolvió dejarlos libres de los cargos por los que habían sido condenados. Los tres exdiputados eran los únicos sentenciados en este expediente, por lo que la decisión de los magistrados dejó sin efecto las únicas condenas que se habían conseguido en el caso de corrupción antes citado.

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