Petén: comunidad de Poza del Macho enfrenta riesgo de desalojo tras fracasar negociación

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Créditos: Comunitarios Poza del Macho

Esta comunidad del municipio de La Libertad, Petén, buscó una salida negociada al conflicto por la tierra, pero la propuesta no prosperó. Según el abogado Rubén Domingo, las personas que reclaman la propiedad condicionaron cualquier negociación a recibir primero la posesión del inmueble. Mientras tanto, el Ministerio Público continúa investigando el caso y prepara diligencias que podrían determinar los siguientes pasos del proceso.

Por Prensa Comunitaria

El día 18 de noviembre se llevó a cabo la segunda audiencia que busca determinar la posesión y legalidad de la tierra de la comunidad de Poza del Macho ubicada en el kilómetro 560, ruta que conduce hacia El Naranjo en el municipio de la Libertad, Petén, que es reclamada por tres personas particulares. 

En la audiencia que se llevó a cabo en el juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del municipio de La Libertad, Petén asistieron los comunitarios Marco Tulio Reyes, Miguel Teletor y Antonio Castro quiénes están siendo criminalizados por representar a la comunidad. Ellos fueron acompañados de sus abogados defensores y un aproximado de ciento cincuenta pobladores. 

Los dirigentes comunitarios están siendo acusados de usurpación agravada y alteración de linderos. 

Con pancartas y consignas como “la tierra es de quien la trabaja”, “una comunidad unida jamás será vencida”, entre otras, los comunitarios expresaron su sentir sobre la situación que enfrenta Poza del Macho, pues aseguran que ellos habitan esa área desde el año 1970. 

Pobladores muestran su apoyo a los comunitarios criminalizados. Foto de comunitarios Poza del Macho

Durante la audiencia los abogados plantearon suspender temporalmente la vía judicial para abrir un espacio de diálogo con las personas que reclaman la propiedad; sin embargo, la propuesta no encontró respuesta favorable.

Según explicó el abogado Rubén Dominguez, defensor de la comunidad, la parte denunciante manifestó que estaría dispuesta a negociar, pero únicamente después de recibir el inmueble y comenzar a trabajar en el área.

Dominguez explicó que ante la negativa, la representación de la comunidad pidió al juez Juan José Francisco Romero que procediera conforme a lo que legalmente correspondiera, aunque insistió en que los pobladores mantienen su disposición a dialogar.

Una inspección que puede marcar el rumbo del proceso

El caso se encuentra en una fase preliminar de investigación. De acuerdo con Dominguez, el Ministerio Público (MP) debe reunir elementos para determinar si existen hechos que puedan constituir los delitos denunciados contra representantes de la comunidad.

Como parte de esas investigaciones, se programó para el 19 de noviembre de 2026 un reconocimiento judicial en las tierras de Poza del Macho, en calidad de anticipo de prueba, que fue acompañada por la Dirección de Investigación Criminalística (DICRI) del MPK; la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH), la Procuraduría de los Derechos Humanos, (PDH), la municipalidad de la Libertad, el Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil (PNC) y la Comisión Presidencial de Atención a la Conflictividad (COPRECON).

La diligencia contempla identificar las tres fincas en disputa, ubicar ocho puntos de referencia y documentar las condiciones del terreno, incluyendo la existencia de viviendas, cercos, cultivos y otras modificaciones realizadas en el lugar.

Reconocimiento judicial realizado el 19 de noviembre. Foto de comunitarios Poza del Macho

El resultado de esta inspección será incorporado a la investigación del Ministerio Público. Para Domingo, existe preocupación por el peso que las autoridades puedan darle a esta diligencia, pues considera que deberían recabarse otros elementos de prueba antes de establecer si hubo usurpación.

La inspección, sin embargo, no constituye por sí misma una resolución de desalojo. El proceso continúa en investigación y será a partir de los elementos recabados y de las decisiones de las autoridades judiciales que se determine cómo avanzará el caso.

El abogado manifestó su preocupación por la actuación del juez y del Ministerio Público durante la audiencia. A su criterio, las intervenciones reflejaron una postura orientada a continuar el procedimiento judicial, sin abrir espacio a la posibilidad de una negociación entre las partes.

El riesgo de perder cultivos e infraestructura

Uno de los aspectos que más preocupa a la representación comunitaria son las consecuencias que podría tener una eventual orden de desalojo sobre las familias que habitan y trabajan en este territorio.

Según relató Dominguez, durante la audiencia se indicó que se respetarán las áreas que anteriormente fueron desmembradas y adjudicadas a otras personas, así como la zona urbana de la comunidad. Sin embargo, también advirtió que, si no se alcanza un acuerdo, podrían destruirse los cultivos y las infraestructuras que se encuentren dentro de las áreas reclamadas.

El abogado relaciona esta posibilidad con la Instrucción General 04-2021 del Ministerio Público, denominada Instrucción general para la implementación del protocolo para la investigación de los delitos de usurpación, usurpación agravada y usurpación a áreas protegidas.

Este escenario abre una preocupación que va más allá de la disputa sobre la titularidad de las fincas: las consecuencias de una intervención sobre los cultivos, las construcciones y las actividades productivas de las familias. Para una comunidad que ha sostenido que la tierra constituye su principal medio de subsistencia, la afectación de estos espacios podría comprometer también sus posibilidades de permanencia.

Domingo indicó que la defensa continúa analizando las acciones legales que podrían presentarse y los medios de investigación que solicitarán al Ministerio Público para ampliar los elementos del expediente.

Una comunidad que insiste en permanecer

El conflicto por la tierra en Poza del Macho no es reciente. Como se ha documentado en tiempos anteriores, sus habitantes sostienen que la comunidad comenzó a establecerse en 1970 y que durante décadas han construido allí sus viviendas, actividades agrícolas y formas de organización. Actualmente, alrededor de 250 familias habitan el territorio.

La disputa tomó fuerza cuando tres particulares comenzaron a reclamar la propiedad de las tierras y denunciaron a representantes comunitarios por los delitos de usurpación agravada y alteración de linderos. La comunidad, por su parte, ha cuestionado la forma en que se obtuvieron los documentos que respaldan esos reclamos y sostiene que su relación de posesión con el territorio es anterior a las reclamaciones de los particulares.

Pobladores salieron en defensa de su territorio. Foto de comunitarios de Poza del Macho

En este contexto, Poza del Macho también ha planteado al Estado una propuesta alternativa de desarrollo integral y sostenible para permanecer en las áreas vinculadas a la Reserva de la Biosfera Maya, bajo el compromiso de contribuir a la protección del bosque. Esta iniciativa forma parte de los antecedentes de la búsqueda comunitaria de una salida que permita compatibilizar la permanencia de las familias con la conservación del territorio.

Ahora, mientras el procedimiento judicial continúa, la comunidad enfrenta la incertidumbre sobre el alcance que podrían tener las próximas decisiones de las autoridades. Para su representación legal, el panorama es complicado debido a la continuidad de las diligencias y a las pocas posibilidades de negociación que, hasta ahora, han encontrado.

La disposición comunitaria de dialogar permanece, según el abogado. Sin embargo, el conflicto vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta fundamental: qué posibilidades tiene una comunidad de defender su permanencia en un territorio que considera suyo cuando la disputa se tramita en una vía judicial que podría afectar directamente sus viviendas, sus cultivos y sus medios de vida.

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