Fuentes legislativas sitúan al subcontralor administrativo como el aspirante con mayores posibilidades. Según fuentes del Congreso, alrededor de la elección se estarían ofreciendo Q70 millones en aportes extraordinarios y se habrían negociado finiquitos para todos los diputados que quieran participar en las próximas elecciones. Giovanni Castellanos figura como la segunda opción y el favorito del grupo opositor.
Por Rony Ríos
Elfego Odair Castañón González, actual subcontralor administrativo, se perfila como el favorito para dirigir la Contraloría General de Cuentas (CGC) durante el período 2026-2030, según fuentes del Congreso que solicitaron no ser identificadas. Por su parte, Jorge Giovanni Castellanos Gudiel, subcontralor de Calidad del Gasto Público, aparece como el favorito del grupo opositor liderado por Alan Rodríguez.
A lo interno del Congreso se habla del ofrecimiento de Q70 millones en aportes extraordinarios para proyectos que serían ejecutados por los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes), a través del proceso normal de los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Comudes) y los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes).
Sin embargo, ese no sería el único ofrecimiento que se estaría haciendo desde el oficialismo, ya que, se habla de un convenio con Castañón para que extienda la constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos, conocida comúnmente como finiquito.
Esta constancia es requisito indispensable para todos los funcionarios que quieran participar en las elecciones de 2027, por lo que asegurarlo, es casi una garantía para entrar al proceso para buscar la reelección.
Las fuentes legislativas señalan que no solo Castañón estaría ofreciendo esta prebenda para ser electo contralor general, ya que, Castellanos Gudiel buscaba convencer a diputados, a través del liderazgo de congresistas opositores, a través del ofrecimiento de finiquitos no solo para diputados sino también para los alcaldes de los partidos que lo apoyen en la elección y librarlos de hallazgos en la Contraloría General de Cuentas (CGC).
Previo a la celebración de la sesión legislativa, se habla que Semilla contaría con votos de diputados electos por Cabal, parte de Vamos, parte de la UNE y otras bancadas pequeñas, como Winaq y otras; alcanzando los 85 votos.
Pese a contar con los votos necesarios, en el Legislativo también se habla de un plan B del oficialismo en caso de que no se respeten las negociaciones y este sería a través de la Junta Directiva del Congreso, quienes realizarían un procedimiento inadecuado para botar la elección a través de un amparo y obligar a que esta deba repetirse.
Los diputados de oposición señalan al diputado Samuel Pérez de Semilla como el responsable de gestionar 40 de los 85 votos para Castañón. Prensa Comunitaria consultó a Pérez sobre los señalamientos y aseguró que no tiene nada que ver con las operaciones del Gobierno y que tampoco tenía información sobre dinero o aportes extraordinarios.
Dos aspirantes de la administración actual
Castañón y Castellanos forman parte de la administración del contralor Frank Helmuth Bode Fuentes y ambos son catalogados como personas cercanas e impulsadas por él dentro de la Comisión de Postulación y posteriormente en el Organismo Legislativo.
Castañón asumió la Subcontraloría Administrativa el 3 de mayo de 2024 y Castellanos ocupa la Subcontraloría de Calidad del Gasto Público desde el 16 de noviembre de 2022, por lo que ese sería uno de los puntos clave para entender que Castellanos era el favorito de Bode y el más cercano.
Aunque Castañón también se acercó al grupo de Bode todavía no es catalogado como alguien de ese círculo, aunque sí se le califica como una persona con la que se puede negociar. Castañón también tiene a su favor ser hermano del diputado de Semilla, Duvalier Castañón
La decisión depende de 81 votos
El Congreso recibió el 22 de septiembre la nómina de seis candidatos. Además de Castañón y Castellanos, la integran Luis Antonio Marroquín Pimentel, Marco Antonio Vélez González, Óscar Alberto Hernández Romero y Julio Otoniel Roca Morales.
La Presidencia del Legislativo anunció el 6 u 8 de octubre como fechas previstas para la elección y para obtener el cargo, cualquiera de los aspirantes necesita el respaldo de al menos 81 diputados.
La votación definirá quién dirigirá la fiscalización del gasto público durante los próximos cuatro años, los señalamientos sobre aportes extraordinarios y finiquitos.
