La comunidad Pilar I, ubicada en San Juan Sacatepéquez demanda el retiro de TRECSA en el terreno de la comunidad y la Policía Nacional Civil que les reprimió el lunes en la madrugada. Los comunitarios denuncian la invasión en los terrenos comunales inscritos en el Registro de la Propiedad.
Por Simón Antonio Ramón
Las autoridades comunitarias y pobladores de la comunidad maya Kaqchikel de Pilar I de San Juan Sacatepéquez, denunciaron en conferencia de prensa, frente de la Corte de Constitucionalidad (CC), que la empresa Transportadora de Energía de Centroamérica, Sociedad Anónima (TRECSA), invadió el lunes 28 de septiembre sus terrenos con la intervención de la Policía Nacional Civil (PNC) que lanzó bombas lacrimógenas en horas de la madrugada.
Los agentes de la PNC instalados desde el lunes impiden el ingreso de las familias a sus cultivos los cuales se localizan en el punto en donde TRECSA construye los postes de tendido eléctrico. Durante los actos de represión policial, la PNC ingresó un vehículo al terreno de la comunidad en donde guardó dos teléfonos que les habían quitado a los comunitarios.
El operativo ocurre 11 días después de que la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo provisional a TRECSA contra el presidente Bernardo Arévalo, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda y el director general de la PNC, David Boteo, en donde se ordenó que las fuerzas de seguridad garantizar los derechos de libre locomoción, reunión pacífica, manifestación y libertad de pensamiento.
#SanJuanSacatepéquez 📢I Los pobladores del Pilar piden a la CC el retiro de la empresa Trecsa y agentes en la Policía Nacional Civil en terrenos privados
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) September 30, 2026
La petición surge tras un operativo realizado en horas de la madrugada del lunes 28 de septiembre para abrir paso a la… pic.twitter.com/8DXjvvQAqZ
En la conferencia de prensa las autoridades comunitarias señalaron que, a pesar que en la resolución de la CC ordenó la presencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) esta institución bajo el mandato de José Alejandro Córdova, no se presentó.
Además, piden a las autoridades investigar los hechos ocurridos el 28 de septiembre, incluyendo el ingreso de agentes policiales y de personas violentas que no portaban identificación visible, así como los robos, actos de intimidación, violencia o abuso cometido durante el operativo.




La municipalidad
La prórroga para la licencia de construcción de postes para el tendido eléctrico como punto de tensión en la comunidad, fue dada por la municipalidad de San Juan Sacatepéquez el 13 de marzo de 2023, según quedó consignado en el acta de sesión extraordinaria 11-2023, según informó la síndico primero Andrea Alonzo en un oficio a la Fiscalía de ese municipio el 1 de septiembre de 2025.
“Se le otorgó la Licencia de Telecomunicaciones, a fin de desarrollar las obras de construcción de de doce (12) sitios de torre de un circuito de sencillo de cinco puntos siete kilómetros (5.7 Km) de longitud para el soporte de cableado de una línea de transmisión de energía denominada Las Cruces (…) conexión Xenacoj, Chimaltenango, sobre la Aldea Lo de Ramos, San Juan Sacatepéquez, departamento de Guatemala…”, señaló la municipalidad en aquel oficio.
Sin embargo, desde el lunes la Municipalidad no ha emitido ningún pronunciamiento sobre la situación, por lo que solicitan al juez de Asuntos Municipales llegar al lugar para verificar la legalidad de las actividades de TRECSA, donde se requiere actuar como para que “se suspenda de toda actividad de construcción dentro de la Finca El Pilar I hasta acreditar la titularidad de servidumbres legítimas”, exigieron.



Las autoridades comunitarias
En la conferencia de prensa, Agustín Pulux, alcalde auxiliar de Pilar l, denunció que los agentes de la PNC rompieron un portón con una antigüedad de 50 a 60 años para ingresar a los terrenos, además señaló que corren el riesgo de ser detenidos y criminalizados por la empresa.
“Cortaron la cadena del portón y a la fuerza entraron, entonces lo que queremos que se retiren inmediatamente, nosotros estamos denunciados porque ellos no nos quieren ver allá, así como ahora, queremos ir a ver nuestros cultivos no nos dejan pasar, ahí tienen tapado los caminos”, dijo.
Juana Tubac Patzá, denunció las agresiones en contra de las autoridades comunitarias y pobladores de la comunidad. “Ellos vienen a hacernos daño, a mi hermana le tiraron gases lacrimógenos, la agredieron hasta sangrar y la corretearon como medio kilómetro, vaya que ya no lo lograron alcanzarla”, dijo.
Según José Patzán en una conferencia de prensa realizada en frente de la Corte de Constitucionalidad (CC) este miércoles 30 de septiembre esta comunidad Lo de Ramos está a una distancia de Pilar l a unos 7 u 8 kilómetros. Los terrenos, en donde ahora TRECSA con la complicidad de la PNC, construye los postes de tendidos eléctricos son terrenos privados de la comunidad inscritos en el Registro de la Propiedad.
Este terreno está dividido en dos partes, la primera parte es en donde están las viviendas de las familias; la segunda parte, está lotificada para cultivos de alimentos como maíz, frijol y cultivos como flores y es ahí en donde TRECSA con la presencia de la PNC construye los postes de tendido eléctrico e impide a las familias a ver sus cultivos.



