El informe fue presentado el 24 de septiembre por la Red Centroamericana de Periodistas (RCP) y en el caso de Guatemala señala asesinatos, desplazamiento forzado de periodistas comunitarios y el uso del sistema judicial como un mecanismo de intimidación y persecución contra periodistas y medios de comunicación.
Por Prensa Comunitaria
Siete de cada 10 periodistas de Centroamérica han dejado de informar o investigar sobre algún tema para proteger su seguridad personal o la de sus familias, según el último informe sobre libertad de prensa de la Red Centroamericana de Periodistas (RCP).
El informe describe un escenario de amenazas, hostigamiento, criminalización, asesinatos y precariedad laboral que, según sus autores, está obligando a periodistas a abandonar sus países o ejercer desde el exilio.
Los hechos más graves se han registrado en Guatemala y Honduras, donde al menos ocho periodistas fueron asesinados en los últimos dos años.
“El informe nos permite entender algo fundamental, la mayoría de periodistas han estado directa o indirectamente sometidos a acciones externas que afectan su trabajo”, declaró Mika Kanervavouri, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.
El 39% de las personas periodistas consultadas afirmó, además, que tuvo que abandonar su país durante el último año debido a amenazas o riesgos para su seguridad.
El desplazamiento forzado también ha generado dificultades para quienes continúan ejerciendo desde el exilio, particularmente para acceder a recursos económicos que permitan sostener su trabajo periodístico.
En el caso de Guatemala, el desplazamiento forzado de periodistas no se limita al exilio, algunos se ven obligados a abandonar sus lugares de residencia o trabajo y trasladarse a otros territorios del país para protegerse de amenazas o riesgos en sus comunidades.
José Luis Merino, investigador a cargo de la elaboración del informe, dijo que entre las principales amenazas se encuentran los ataques digitales, el espionaje, el seguimiento policial y los despidos.
El informe expone que, entre los principales factores de riesgo las personas periodistas señalaron a los gobernantes, estructuras criminales, fiscalías y poderes económicos que hostigan a la prensa, afectando de manera desproporcionada a mujeres y medios comunitarios.
Marielos Monzón, presidenta de la RCP, declaró que los ataques y amenazas no son hechos aislados, sino que responden a patrones que, según la organización, buscan silenciar al periodismo crítico, al que se considera un “enemigo”.
De acuerdo con el informe, entre los principales agresores señalados aparecen, en primer lugar, los presidentes de los distintos países, seguidos por los ministerios públicos, la Policía, las fuerzas armadas y los denominados net centers, redes utilizadas para campañas coordinadas de hostigamiento y desinformación.
“Como red denunciamos nuevamente que los ataques y amenazas contra la libertad de prensa, la libertad de expresión y contra las y los periodistas en Centroamérica por hacer su trabajo se siguen profundizando”, agregó Monzón.
Guatemala frente a la criminalización judicial y asesinatos
En Guatemala, el informe documenta los asesinatos del periodista y locutor de espectáculos Ángel Alemán y el periodista comunitario Ismael Alonzo González.
Alemán fue asesinado el 22 de septiembre de 2024 y González, el 21 de marzo de 2025. En ambos casos, no hay información pública disponible sobre el avance de las investigaciones, según el informe.
“La ausencia de resultados claros en estos casos refuerza las preocupaciones sobre los niveles de impunidad que persisten en Guatemala”, destaca el documento.
A diferencia de otros países de la región, en Guatemala el sistema judicial ha sido utilizado, según el informe, como un mecanismo de intimidación y persecución contra periodistas y medios de comunicación.
Uno de los casos más conocidos en la región es el del periodista José Rubén Zamora, quien permaneció más de tres años encarcelado en un proceso que organizaciones nacionales e internacionales de libertad de prensa han cuestionado.
Periodistas guatemaltecos protestan frente al Organismo Judicial en 2025 para exigir mejores condiciones de protección y retorno para las personas periodistas que se han visto obligadas a abandonar el país por hacer su trabajo. Foto RCP/ Carlos Alonzo
La investigación también documenta desplazamientos forzados, restricciones al acceso a la información, campañas organizadas de acoso digital desde net centers, y estigmatización del trabajo periodístico, particularmente contra mujeres y periodistas de medios indígenas y comunitarios.
“Se ha documentado que algunos periodistas del medio Prensa Comunitaria se han visto forzados a salir del país o desplazarse internamente a consecuencia de riesgos y amenazas contra su seguridad”, destaca el informe.
Además, menciona que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Guatemala documentó, en 2024, un total de 47 casos de violaciones a los derechos de libertad de expresión y acceso a la información contra periodistas, medios de comunicación y comunicadores comunitarios.
La investigación también toma como referencia datos de la Red Rompe el Miedo, que registró durante los primeros seis meses de este año 51 casos de violencia contra periodistas, comunicadores sociales y medios de comunicación, además el asesinato del periodista comunitario Carlos Humberto Cal Ical.
Yamanik Cholotio, de la Red de Comunicadoras Mayas Jun Na’oj, relató que los periodistas de los pueblos originarios enfrentan riesgos diferenciados respecto a quienes han ejercido su labor en las ciudades, debido al racismo estructural.
“Durante décadas, las mujeres y los hombres de pueblos originarios han ejercido la comunicación desde sus comunidades y muchas veces en condiciones precarias”, manifestó.
Cholotio explicó que, al venir de un conflicto armado, también enfrentan una cultura del silencio y que, ante una amenaza o intimidación por parte de autoridades locales, algunas víctimas optan por callar.
“¿Qué es lo que significa denunciar a un funcionario público en la localidad? Es poner en riesgo a las familias, lo que significa salir de la comunidad”, manifestó.
La periodista guatemalteca agregó que, ante las agresiones o amenazas, algunos de los periodistas comunitarios se ven obligados a abandonar su labor, lo cual, según explicó, tiene un impacto directo en las comunidades por el papel que los medios comunitarios cumplen en los territorios.
“No solo permiten conocer lo que ocurre, sino que también permite denunciar, fiscalizar, defender el territorio, preservar la memoria y los idiomas originarios”, concluyó.
El resto de países de la región
En el resto de países de la región, la situación también presenta serios desafíos para el ejercicio del periodismo, según el informe.
Honduras continúa siendo un país de alto riesgo para el ejercicio del periodismo, de acuerdo con el documento. Al menos cinco comunicadores y periodistas fueron asesinados entre 2024 y 2025.
Los periodistas comunitarios que cubren temas de corrupción, conflictos territoriales y violaciones de derechos humanos enfrentan los mayores niveles de vulnerabilidad, señala el informe.
Honduras es el único país de Centroamérica que cuenta con un mecanismo de protección para periodistas y defensores de derechos humanos. Sin embargo, el informe advierte que este funciona con recursos insuficientes, una capacidad de respuesta limitada y problemas estructurales que han afectado su credibilidad.
Periodistas en cobertura de protestas en Honduras. Foto RCP/ Jorge Cabrera
En El Salvador ha existido, según la RCP, una estrategia de criminalización, espionaje digital y ataques contra periodistas, especialmente contra mujeres que han investigado violaciones de derechos humanos o presuntos casos de corrupción relacionados con funcionarios de alto nivel.
Como consecuencia de las amenazas y los riesgos identificados, la RCP contabilizó al menos 47 periodistas que salieron de El Salvador entre mayo y julio de 2025.
Suchit Chávez, periodista salvadoreña, afirmó que el acceso a la información se ha reducido en distintos ámbitos y que las fuentes tienen temor de hablar debido al contexto generado por el estado de excepción.
“Para poder hablar con alguien hay que ejercer una serie de mecanismos y, aun así, la mayor parte de declaraciones o entrevistas que lográs son de carácter anónimo”, manifestó.
Nicaragua es señalado por la RCP como el país centroamericano con mayores restricciones a la libertad de prensa. El informe sostiene que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha consolidado un sistema de control que dificulta el ejercicio del periodismo y el funcionamiento de medios independientes.
La Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) ha documentado, según el informe, el exilio de 309 periodistas nicaragüenses desde 2018.
En Costa Rica el reporte señala un retroceso en algunos indicadores del sistema democrático y advierte sobre ataques y campañas de estigmatización contra periodistas y medios de comunicación desde sectores vinculados al gobierno.
A pesar de algunos avances legislativos, persisten dificultades para acceder a información pública. En ese contexto, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se ha convertido, según el informe, en una instancia relevante para la defensa de ese derecho.
Panamá también enfrenta desafíos para el ejercicio del periodismo, pese a la mejora relativa registrada en algunos indicadores internacionales de libertad de prensa, de acuerdo con el informe.
Las dificultades afectan particularmente a medios considerados críticos del gobierno que se ven afectados por campañas de desprestigio o demandas judiciales bajo el uso de la figuera de delitos del contra el honor, señaló Merino,
A nivel centroamericano, la RCP también identifica la precariedad laboral y la falta de garantías de seguridad social como factores que dificultan la continuidad del ejercicio periodístico en la región.
Ante este escenario, la RCP recomienda que las asociaciones, sindicatos y gremios periodísticos continúen realizando labores de incidencia y fortalezcan las alianzas entre organizaciones para promover y defender los derechos laborales y la seguridad social de quienes ejercen el periodismo.
Lee aquí el informe: https://periodistascentroamericanos.org/lo-que-cuesta-contar/
