La misión internacional buscará posicionar los problemas detectados para incidir desde Europa ya que la mayoría de las empresas multinacionales que operan en Guatemala son financiadas, autorizadas o tienen índole en países de esta región del mundo. Se buscará evidenciar a nivel internacional cómo afecta la vida de las poblaciones más vulnerables de Guatemala este tipo de proyectos.
Por Lucero Sapalú
Una misión internacional de ocho organizaciones de Europa, Sudáfrica y Guatemala visitó durante cinco días las comunidades indígenas y campesinas en resistencia de Alta y Baja Verapaz al norte del país para denunciar las vulneraciones de los derechos de las comunidades indígenas y exponer la poca protección de los ríos Cahabón y Canlich.
Flora Pozzobon, de la organización Mugarik Gabe originaria del País Vasco, explica acerca del seguimiento que dará la misión para exigir justicia para las comunidades. “Nos hemos encontrado con las vulneraciones a los pueblos originarios, a consecuencia de los conflictos agrarios, la no consulta, despojo territorial, la negativa al acceso al agua, relacionado con macro proyectos hidroeléctricos y relacionados con la utilización de los recursos naturales”, señaló.
En la visita que se realizó a finales de septiembre de 2026, se conocieron las realidades y las preocupaciones de las comunidades relacionadas con proyectos empresariales multinacionales.
Uno de los proyectos que más denunció la población fue el complejo hidroeléctrico RENACE, propiedad de Corporación Multi Inversiones (CMI). Los pobladores también denunciaron ser afectados por los mecanismos para la Reducción de las Emisiones por deforestación vinculados a REDD+ y al mercado de carbono.
“La misión recogió testimonios de más de 30 autoridades ancestrales, lideresas, dirigentes y defensoras comunitarias, personas defensoras de derechos humanos y habitantes de las comunidades afectadas; quienes relataron situaciones de vulneración de derechos colectivos y ambientales que afecta a más de 90 comunidades”, cita el comunicado.
“El tema de hidroeléctrica Renace es porque no ha cumplido con las condiciones establecidas de manera legal, también estos proyectos no realizan consultas como lo contempla la ley antes de iniciar un proyecto en cualquier territorio comunitario”, enfatizó Alicia López del bufete de Pueblos Indígenas.
López señala que la delegación de observadores buscará posicionar a nivel internacional los problemas y afectaciones que se viven en las comunidades guatemaltecas.
La misión insta al Organismo Ejecutivo a “responder a las demandas de las comunidades y a garantizar sus derechos humanos, incluidos el derecho a la consulta, previa, libre e informada, el derecho al agua y al saneamiento. Exigen igualmente el respeto a los derechos fundamentales y a garantizar que autoridades indígenas, dirigentes comunitarios y personas defensoras puedan ejercer su labor sin amenazas, represalias ni uso indebido de procedimientos penales, para asegurar su participación efectiva en las decisiones que afectan a sus territorios y bienes naturales”, según se lee en la misiva.
Presentan hallazgos al Estado guatemalteco
Otra de las acciones de la misión internacional es que el 24 de septiembre se reunió con las autoridades guatemaltecas donde se trasladó la información al Estado. Específicamente a instancias como el Ministerio de Energía y Minas (MEM), Ministerio de Gobernación (Mingob), Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), la Comisión Presidencial de Atención a la Conflictividad Territorial (Coprecon), la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Copadeh) y el Instituto Nacional de Cooperativas (Inacop) .
“Hemos presentado a las autoridades los principales hallazgos, entre ellos violaciones de los derechos a comunidades como la criminalización y la negativa del acceso al agua. El equipo observador trasladó la información correspondiente y con esta acción queremos pedir justicia para estas comunidades”, enfatizó Pozzobon.
Principales denuncias
De las principales denuncias de la población se encuentra el despojo del agua y de sus territorios, la privatización y mercantilización del río Cahabón para la generación de energía eléctrica para el mercado privado y centroamericano.
La falta de garantías del derecho a la consulta previa, libre e informada establecida en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la criminalización de la defensa territorial, judicialización y encarcelamiento de autoridades ancestrales y dirigentes comunitarios.
Foto: Lucero Sapalú
La misión concluyó que estos problemas generan “graves impactos ambientales, ruptura del tejido social comunitario y afectaciones al derecho de los pueblos indígenas a la libre autodeterminación y organización”.
Asimismo, enfatizó que estos problemas “agudizan el problema agrario y la conflictividad por la tierra derivado de la deficiencia del trabajo de Registro de Información Catastral (RIC). Imposición de proyectos de bonos de carbono sin consulta, desvinculados de las poblaciones que protegen los bosques”, señala la misión en un comunicado.
Las organizaciones participantes
Las organizaciones que participaron en este proyecto de verificación de los derechos de los pueblos indígenas están: Asociación de Servicios Comunitarios de Salud (Asecsa), Alternativa – Intercanvi amb pobles indígenes, Bufete de abogados para los Pueblos Indígenas , Prensa Comunitaria, Guatemala , Alianza Global para la Participación Ciudadana, (Civisus), Mugarik Gabe, Transnational Institute, (TNI), miembro de la Campaña Global para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder Corporativo y Poner Fin a la Impunidad, Euskal Herria Bildu, ZiboitiaBai, las cuales resaltan la responsabilidad por pedir justicia y que el Estado pueda cumplir con el acompañamiento necesario en las región de las Verapaces.
