El Ministerio Público (MP) realizó 13 allanamientos vinculados con una investigación por posible corrupción relacionada con Miguel Martínez, exdirector del Centro de Gobierno y hombre de confianza del expresidente Alejandro Giammattei. Se confirmó dos órdenes de captura y que las diligencias buscan recabar indicios para el proceso penal.
Por Alexander Valdéz
El Ministerio Público (MP) realizó un operativo con 13 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de indicios. Las acciones se efectuaron en dos inmuebles de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla; cinco en el departamento de Sacatepéquez y seis en diferentes zonas de la ciudad de Guatemala.
Según el ente investigador, las diligencias tenían como objetivo localizar a dos personas que cuentan con órdenes de aprehensión, así como obtener indicios que contribuyan a la investigación penal. Durante los operativos fueron localizados y secuestrados varios teléfonos celulares, dispositivos USB y documentos que serán analizados y utilizados para continuar con las pesquisas.
Este es un caso que alcanza a Miguel Martínez, exdirector del extinto Centro de Gobierno y hombre de confianza del expresidente Alejandro Giammttei, así como personas de su círculo familiar y social. Quien gozó de protección durante los ocho años de gestión de Consuelo Porras en el MP. Por ahora, Martínez no tiene órdenes de aprehensión, según confirmó el ente investigador.
“Dos inmuebles ubicados en el municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa del departamento de Escuintla, 5 en inmuebles ubicados en el departamento de Sacatepéquez y 6 en inmuebles ubicados en diferentes zonas de la ciudad de Guatemala, esto con el fin de localización de dos personas que cuentan con órdenes de aprehensión e indicios que coadyuven con la investigación penal estratégica. Las diligencias obedecen al proceso de investigación que se lleva a cabo derivado de denuncias en contra de Luis Miguel Martínez Morales, su círculo familiar y social”, informó el ente investigador.
¿Se acabará la impunidad?
Miguel Martínez, la mano derecha del expresidente Giammattei, aunque dejó el Centro de Gobierno durante el primer año de esa gestión, mantuvo su cercanía e influencia a través de personas que ocupaban altos puestos de poder en ese mandato gubernamental.
Durante los dos periodos de la fiscal Consuelo Porras, Giammattei la consideró “su amiga”. De hecho ninguna investigación por corrupción contra el gobierno anterior ha tenido avances; la mayoría fueron archivadas. Además, esta solicitud judicial se presenta justo un año antes de que Porras deje el cargo.
Hasta ahora, este es el primer allanamiento que se relaciona con un proceso penal por un posible caso de corrupción, aunque el Ministerio Público (MP) aún no ha precisado qué hechos investiga. Las últimas y únicas acciones fueron por un proceso de Extinción de Dominio, en 2025, cuando se autorizó a solicitud de la Fiscalía Especial de Extinción de Dominio la inmovilización de seis de ocho propiedades vinculadas con Martínez.
Las medidas cautelares se sustentaron en sospechas sobre el posible origen ilícito de los bienes, cuyo valor aproximado asciende a Q10 millones. Hasta la fecha esas propiedades siguen embargadas, aunque no ha tenido un resultado de la pesquisa.
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Sancionado por EE.UU.
Desde diciembre de 2023, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos mantiene sancionado a Luis Miguel Martínez Morales por su presunta participación en esquemas de corrupción durante el gobierno de Alejandro Giammattei, incluidos sobornos relacionados con contratos gubernamentales. La medida fue impuesta bajo la Ley Global Magnitsky, que permite sancionar a personas vinculadas con corrupción y graves abusos de derechos humanos.
La sanción ocurrió después de que investigaciones periodísticas documentaran el rápido crecimiento del patrimonio de Martínez y su familia durante su paso por el gobierno. Entre los bienes señalados se encuentran propiedades en zonas de alta plusvalía de Guatemala y Sacatepéquez, así como una finca que compartía con Giammattei. A partir de estos señalamientos se han abierto distintas investigaciones por posibles irregularidades.
Entre los casos que lo vinculan se encuentra B410, en el que una empresa relacionada con Martínez fue señalada por la SAT entre las compañías involucradas en una presunta red de facturación falsa y defraudación tributaria. También ha sido relacionado con irregularidades en la compra de vacunas Sputnik durante la pandemia, proceso en el que el gobierno pagó anticipadamente Q614.5 millones por 16 millones de dosis que fueron entregadas con retrasos y en cantidades menores a las pactadas.
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