Aunque el Congreso aprobó el Decreto 22-2026 que elimina dos impuestos a los combustibles, la medida no será trasladada al Ejecutivo hasta que cumpla con el periodo de revisión y objeción por parte de los diputados, un periodo que por lo general es de una semana. El decreto entrará en vigencia hasta que el Organismo Ejecutivo lo sancione. Mientras tanto, el Decreto 21-2026, aprobado el 8 de septiembre pasado, y referente a un subsidio a los combustibles, también continúa en el Congreso.
Por Simón Antonio Ramón
El Congreso aprobó de urgencia nacional el Decreto 22-2026 la Ley De Exención Tributaria Temporal de Emergencia al Consumidor de Combustibles, que permite la eliminación del Impuesto del Valor Agregado (IVA) y del Impuesto de Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo (IDP) a las gasolinas.
La eliminación de los dos impuestos estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año si el presidente Bernardo Arévalo sanciona el decreto.
La medida aunque temporal representará un faltante en la recaudación del Estado de unos Q2 mil 500 millones, en los últimos tres meses del año.
La resolución del Congreso aprobada el martes 22 de septiembre llega tras varias semanas de manifestaciones a nivel nacional. El portal del Congreso publicó un aproximado de los precios que podrían establecerse en las gasolinas cuando la ley entre en vigor:
Las exoneraciones
Congreso se junta con dos decretos aprobados
La eliminación de impuestos había sido planteado por la Municipalidad Indígena de Sololá y los 48 Cantones de Totonicapán, en la manifestación que realizaron en la ciudad el 8 de septiembre, pero ese día el Congreso aprobó únicamente un subsidio de Q2 mil 500 millones que puso tope al precio del combustible de Q39 para la gasolina Súper y Regular y a la gasolina Diésel Q41, a través del Decreto 21-2026.
La aprobación de ese decreto fue objetada por la bancada Vamos dirigida por Allan Rodríguez lo que retrasó que el misma fuera enviada al Organismo Ejecutivo para su sanción.
El diputado José Chic de la bancada VOS, informó que en el pleno no se han conocido las objeciones presentadas. “El Congreso tiene algunos días para poderlo enviar al Ejecutivo, si se aceptan las objeciones se activará el decreto si no se aceptaran va llegar el decreto al Ejecutivo y tomará la decisión si la veta o la sanciona”, dijo el legislador.
Ahora, ese decreto 21-2026 permanece en el Congreso, al igual que el Decreto 22-2026 de exoneración de impuestos aprobado este martes.
Reformar la Ley de Hidrocarburos
Las Autoridades Indígenas Ancestrales Iximulew presentaron a la presidencia del Congreso una solicitud para reformar la Ley de Comercialización de Hidrocarburos, aprobada en 1997, una ley que califican como el problema principal que influye en el costo del combustible.
“Las Autoridades Ancestrales Iximulew planteamos reformar la Ley de Hidrocarburos, con el propósito de cambiar el espíritu y la orientación de la ley. La normativa debe dejar de favorecer principalmente los intereses de los empresarios y debe colocarse al servicio de la población, de las comunidades y del bien de la población”, se lee en la misiva presentada en la presidencia del Congreso.
Las Autoridade Indígenas proponen reformar nueve artículos de la Ley, entre estos: en los Artículos 4 y 5 relacionado con el espíritu de la ley; el Artículo 11 que aborda la comercialización de petróleo y productos derivados; Artículos 36 y 37 que se refieren a la coacción y a la concentración de precios; el Artículo 38 que establece parámetros sobre las rebajas discriminatorias, subsidios y concesiones económicas.
El Artículo 46 relacionado con la separación de actividades dentro de la cadena de comercialización; el Artículo 49 que se refiere al establecimiento de precios de referencia; el Artículo 50 que establece la intervención del Ministerio de Energía y Minas en situaciones de calamidad pública para que se garantice el abastecimiento.
Jorge González, de la Alcaldía Indígena de Rabinal, Baja Verapaz, dijo que la reforma de la ley busca frenar el alto costo del combustible. “Exigimos al Congreso la reforma de manera inmediata del Decreto 109-1997 porque el pueblo de Guatemala ha pagado un incremento de más de Q11 por gasolina y el Estado no tiene la capacidad de poder frenar este alto costo”, señaló.
Miguel Alvarado, autoridad indígena Achí, señala que el alto costo del combustible afecta a otros productos que también suben de precio como la canasta básica. “Nos preocupa mucho, los pobres estamos pagando las consecuencias, ya que el maíz llegó a Q400 el quintal, exigimos a los 160 diputados que aprueban la reforma, ya que nos beneficia a todos los guatemaltecos, el alza del combustible también hace que suba el pasaje”, enfatizó.
