La Comisión Postuladora que elegirá a los seis candidatos a dirigir la Contraloría General de Cuentas (CGC) está dividida entre comisionados vinculados con el actual contralor Frank Bode, el rector de facto de la USAC, Walter Mazariegos y otros grupos políticos, gremiales y empresariales. Ningún grupo de comisionados controla, por sí mismo, los 18 votos necesarios, para tomar decisiones en la postuladora, pero varios de los candidatos a contralor que tienen vinculación con las redes de estos personajes ya superaron el primer filtro.
Por Rony Ríos
La elección del próximo contralor general comenzó mucho antes de que los 58 aspirantes entregaran sus expedientes a la Comisión de Postulación que se reúne desde el 14 de agosto en la Universidad Rafael Landívar.
Para entonces, una parte importante de la disputa ya había ocurrido, los colegios profesionales y las universidades se habían distribuido los 27 espacios de la Comisión de Postulación que decidirá quiénes integrarán la nómina seis nombres que entregarán al Congreso.
En esa mesa de 27 asientos tienen representación trabajadores de la Contraloría General de Cuentas (CGC), auditores relacionados con la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), antiguos funcionarios, contratistas del Estado y profesionales impulsados por agrupaciones que responden a distintos actores políticos.
Un análisis de los perfiles elaborado por Movimiento Pro Justicia permite identificar dos corrientes o grupos con mayor capacidad de negociación. Uno de esos grupos está relacionado con el actual contralor General de Cuentas, Frank Bode, y sus subcontralores, mientras que la otra se mueve alrededor del rector de facto Walter Mazariegos, el diputado Duay Martínez, el exdecano Luis Suárez y el empresario y señalado en casos de corrupción Gustavo Alejos.
Sin embargo, no se trata necesariamente de dos grupos enfrentados, ya que, algunas de sus piezas se conectan y comparten intereses.
La comisión está conformada por 13 decanos de Ciencias Económicas y 13 representantes de los dos colegios profesionales, más el rector de la Universidad Landívar, en quien recayó este año la responsabilidad de presidirla. Para aprobar cualquier decisión se necesitarán 18 votos.
Entre los dos grupos identificados y vinculados a los personajes señalados al principio, ninguno cuenta todavía con los 18 votos necesarios para incluir un nombre en la nómina, por lo que necesitarán negociar con otros decanos o representantes de grupos minoritarios y con comisionados cuya posición todavía no está definida.
La disputa ocurre mientras varios de los candidatos a contralor relacionados con esos grupos ya superaron la primera revisión de expedientes para continuar en el proceso de elección.
Para la directora de Pro Justicia, Carmen Aída Ibarra, llegaron tres fuerzas gremiales que forman una sola corriente con los grupos del contralor Frank Bode y de Walter Mazariegos.
“De los 13 comisionados electos por los colegios profesionales entre ambos controlan 11 votos y cuando se trata de defender a los aspirantes todos los gremiales se ponen de acuerdo, entonces se convierten en 13 votos”, dijo Ibarra.
Además, Ibarra reconoció que, aunque los comisionados llegaron vinculados a este tipo de grupos siempre hay algunos que muestran comportamientos diferentes; “por ejemplo César Moisés Sarat que ha estado actuando muy en solitario respecto al grupo que lo llevó y está exigiendo que se aplique con rigurosidad la tabla, no sé si sea estrategia, pero el voto es lo que cuenta”, concluyó.
La fuerza de Mazariegos se extiende
El primer grupo de comisionados se articula alrededor del rector de facto Walter Mazariegos, y de actores que han coincidido con él en la USAC, las elecciones gremiales y otras postuladoras.
Su integrante más visible es Byron Giovanni Mejía Victorio, decano en funciones de la Facultad de Ciencias Económicas de la USAC. Mejía ocupa el cargo pese a que la elección de nuevas autoridades debió realizarse antes de junio de 2023, pero gracias a un retraso aparentemente intencionado del Consejo Superior Universitario (CSU) las mismas no se han realizado, dejando a Mejía como decano impuesto.
En mayo de 2025, el CSU lo eligió representante titular de la USAC ante la Junta Monetaria, pese a que organizaciones estudiantiles y docentes lo señalan como uno de los votos más cercanos a Mazariegos dentro del CSU. Mejía también mantiene vínculos con Luis Suárez, exdecano de Ciencias Económicas, excandidato a rector y candidato a la Vicepresidencia por el partido Vamos en 2023.
A esta corriente se suma el comisionado Ahmed Ricardo Arturo Abdallá Álvarez, decano de la Universidad Rural, quien en la postuladora de 2022 coincidió con el grupo encabezado por Luis Suárez. Abdallá fue coordinador de maestría en la Facultad de Ciencias Económicas durante la administración de Suárez y, en 2021, prestó servicios profesionales en la CGC.
El grupo también colocó a Juan Alexander Sac Oroxom como comisionado representante del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas. Movimiento Pro Justicia vincula la planilla de Sac con Mazariegos, Duay Martínez, Gustavo Alejos y Luis Suárez.
A estos alfiles de Mazariegos hay que sumar a la Universidad Juan José Arévalo Bermejo, que fue autorizada en 2024 y llegó al proceso con un cambio de última hora. Silvia Cristina Duarte Lucero renunció a la decanatura antes de la juramentación de la postuladora y fue sustituida por Nidia Ester Gramajo Castro de Monterroso.
Gramajo trabaja en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), dentro del equipo dirigido por Duarte. Además, en 2018 se desempeñó como supervisora gubernamental de la CGC en la Dirección de Auditoría al Sector Gobiernos Locales y Consejos de Desarrollo, en el área de Occidente.
La Universidad Juan José Arévalo ha sido relacionada con Mazariegos porque entre sus autoridades aparecen personas cercanas a la rectoría de la USAC. Su creación y participación en la postuladora fueron cuestionadas mediante un amparo promovido por el diputado José Chic, quien aseguró que la casa de estudios carecía de estudiantes y de una carrera en pleno funcionamiento.
La otra silla corresponde a Oscar Emilio Paiz Corzo, decano y representante legal de la Universidad Americana, autorizada por el Consejo de la Enseñanza Privada Superior en noviembre de 2025.
Paiz preside el Comité Gremial de Distribuidores de Productos Farmacéuticos y es directivo de Droguería Colón, una empresa contratista del Estado vinculada históricamente a Gustavo Alejos. La universidad también ha sido relacionada con el entorno de Mazariegos por las personas que participaron en su autorización y por la presencia del aspirante Carlos Echeverría en su Consejo de Fiduciarios.
A estos comisionados se unen los del Colegio de Contadores Públicos y Auditores con otros dos espacios conseguidos por la Planilla 1: Crecimiento Profesional de Auditores. Los dos representantes electos por esta planilla son Henry Daniel Mencos Cucul y Luis Fernando Cal Yoc.
Cal Yoc trabaja como auditor de la Unidad de Auditoría Interna de la USAC, mientras que Mencos ha prestado servicios en el Organismo Judicial, el Ministerio de Salud y la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico.
Bode intenta conservar influencia
La otra corriente numerosa se encuentra dentro de la propia Contraloría. El actual contralor general, Frank Bode, no puede optar inmediatamente por otro periodo, pero funcionarios de su administración buscan sucederlo y personas relacionadas con la institución consiguieron espacios dentro de la postuladora y el listado preliminar de aspirantes.
El primer integrante de este grupo en la postuladora es Wilberto Julián Rojas, representante del Colegio de Economistas. Rojas fue presidente de la Asociación de Profesionales de la CGC entre 2022 y 2023 y ha ocupado puestos en el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) y en la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac).
Movimiento Pro Justicia vincula al grupo de Rojas con Bode, y a su vez con el subcontralor de Calidad del Gasto Público, Jorge Giovanni Castellanos, y el subcontralor administrativo Élfego Castañón. La organización tampoco descarta conexiones indirectas con Alejos y Mazariegos.
La principal fuerza de Bode proviene de la planilla Profesionales Unidos, que consiguió cuatro de los 11 espacios disputados en el Colegio de Contadores Públicos y Auditores.
Sus representantes son Reyna Elizabeth Mérida Galicia, César Moisés Sarat Ramírez, Arnulfo Delgado Quiñónez y Elizabeth Margarita Navarro Ordóñez.
Mérida y Navarro prestan servicios en el IGSS, pero también trabajaron anteriormente en la CGC. Sarat participó en la postuladora de 2022 y ha impartido clases en la Facultad de Ciencias Económicas de la USAC, una de las facultades fuertemente influenciadas por Mazariegos. En tanto, Quiñónez fue auditor interno del Congreso y actualmente es subgerente general del Instituto Nacional de Cooperativas.
Los cuatro estarían relacionados con Bode, Castellanos y Castañón. Con Rojas, la corriente del actual contralor tendría al menos cinco representantes identificados dentro de la comisión.
La débil oposición
La planilla Dignidad Gremial CPA obtuvo dos espacios con Harry Erick Waight Zetina y Bárbara Sucel Gómez Hernández. Pro Justicia identifica a este grupo con corrientes de oposición interna a Mazariegos en la USAC y afines a la organización USAC-DIRE, pero también señala un respaldo discreto de diputados de Semilla y Raíces.
Sin embargo, uno de los posibles candidatos de esa corriente es Élfego Castañón, integrante de la administración de Bode y hermano de un diputado electo originalmente por Semilla, Duvalier Castañón.
Esta dualidad de vinculación de los Castañón con Bode y la oposición, la directora de Pro Justicia la señala como una alianza que se dio en la elección gremial de comisionados, pero que finalmente se fragmentó durante el proceso.
Waight trabajó como coordinador financiero de la CGC y como auditor interno del Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Gómez ha participado en auditorías municipales y prestado servicios en entidades como la Secretaría de Bienestar Social, la Municipalidad de San José Pinula, la Municipalidad de Antigua Guatemala y el Ministerio Público.
Los grupos pequeños también buscan colocar candidatos
Otros tres representantes responden a corrientes más reducidas, pero sus votos pueden ser necesarios para completar la mayoría de 18.
Abigail de Jesús Roblero Gómez fue electa por la planilla Confianza Profesional. Trabajó en la CGC entre 2014 y 2015 y su agrupación está relacionada con María Elizabeth Pacajá López, exviceministra de Trabajo, exfuncionaria de la Contraloría y actual asesora de la Municipalidad de Antigua Guatemala. Pacajá, a su vez está relacionada con Nora Segura.
Pacajá también presentó expediente para dirigir la CGC y superó la primera revisión. En 2019, la CICIG informó que trasladó al Ministerio Público (MP) una denuncia en la que aparecía mencionada por depósitos provenientes del cobro de cheques de la Municipalidad de Lanquín, pero el caso no mostró avances.
Byron Alexander Cóbar García representa a Liderazgo Profesional, una agrupación relativamente nueva relacionada con trabajadores y autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Esta planilla recibió apoyo de Adrián Estéven Clavería, integrante del Directorio de la SAT designado por el presidente Bernardo Arévalo.
Entre los aspirantes relacionados con la administración tributaria aparecen Julio Otoniel Roca Morales, actual integrante del Directorio de la SAT nombrado por Arévalo; Alejandro González Portocarrero, designado en ese directorio durante el gobierno de Alejandro Giammattei; y varios exintendentes y funcionarios de la institución.
El último grupo minoritario está representado por Víctor Arturo Álvarez Aguilar, auditor gubernamental de la CGC. Su agrupación, Integridad y Desarrollo, estaría vinculada con el excontralor y exdiputado de la UNE Carlos Mencos.
Mencos dirigió la Contraloría entre 2006 y 2010 y regresó para el periodo 2014-2018. Aunque no compite directamente, conserva una estructura gremial capaz de participar en la negociación.
Diez votos sin una alineación definitiva
Además de los bloques políticos y gremiales, la comisión cuenta con un grupo de decanos y profesionales sin una vinculación directa con los principales operadores.
El rector de la Universidad Rafael Landívar, Miquel Cortés Bofill, preside la postuladora y ha integrado varias postuladoras más. En 2024 también dirigió la comisión que elaboró la nómina de candidatos a la Corte Suprema de Justicia y fue reconocido por organizaciones observadoras por defender la publicidad, los plazos y la evaluación de la honorabilidad.
También se ubica en este grupo María Antonieta del Cid Navas, decana de la Universidad Rafael Landívar. Del Cid participó en la postuladora de 2022 y coincidió con los decanos que defendieron criterios más rigurosos de evaluación. Del Cid fue ministra de Finanzas Públicas durante el gobierno de Oscar Berger.
Sue Jionschyon Kim Morales, de la Universidad Mariano Gálvez; Erick Luciano Leony Ramírez, de la Universidad Francisco Marroquín; Arlindo Antonio Velásquez Fuentes, de la Universidad de Occidente; y Gerson Anneo Tobar Piril, de la Universidad Da Vinci, también han mostrado en procesos anteriores posiciones favorables a una evaluación más estricta.
Leony cuestionó en 2022 las propuestas que podían favorecer a candidatos con menores méritos. Velásquez se opuso a algunas iniciativas impulsadas por Luis Suárez. Tobar defendió que los señalamientos no desvirtuados se mantuvieran vigentes y apoyó que la nómina se integrara entre los candidatos con mejores calificaciones.
Otros cuatro votos son menos previsibles
Ronaldo Antonio Girón Díaz, de la Universidad Panamericana, tuvo actuaciones favorables a las buenas prácticas en procesos anteriores, aunque en 2018 terminó apoyando a algunos candidatos cuestionados.
Mayra Beatriz López Pastor, de la Universidad Mesoamericana, y Wendy Gabriela Martínez Márquez, de la Universidad InterNaciones, participan por primera vez en una comisión de postulación y no se identifica ninguna relación o tendencia en las pocas votaciones que llevan.
Milvia Marilena Elías López, de la Universidad Regional, tuvo una participación cambiante en 2022. Coincidió con ambos grupos, aunque Movimiento Pro Justicia identificó una inclinación ocasional hacia el oficialismo. En la primera sesión de 2026 fue electa secretaria titular, mientras que Alexander Sac, vinculado con el grupo de Mazariegos, fue nombrado secretario suplente.
Estos diez votos serán determinantes. Los bloques principales pueden colocar nombres en la mesa, pero necesitan convencer a una parte de los decanos sin alineación definida para alcanzar los 18 votos.
La red de Bode se extiende a los candidatos
La correlación de fuerzas dentro de la comisión comienza a reflejarse en los nombres que buscan dirigir la Contraloría.
Carmen Aída Ibarra, directora de Movimiento Pro Justicia, identificó como aspirantes con respaldo de grupos de poder a Giovanni Castellanos, Erick Mazariegos, Élfego Castañón, Nora Segura, Óscar López Ixcolín, José Domingo Conde y Carlos Echeverría.
Castellanos, Monzón, Marroquín, Morales y Castañón forman parte o han estado vinculados con la administración de Bode.
La influencia del actual Contralor General de Cuentas no solo se quede entre el grupo de comisionados vinculados a él. Aunque Bode no necesite aparecer en el listado de aspirantes para conservar influencia, sí cuenta con varios candidatos afines a su círculo administrativo presentaron expedientes.
Jorge Giovanni Castellanos es uno de ellos, ya que, tiene alrededor de 30 años de trabajar en la CGC y actualmente dirige la Subcontraloría de Calidad del Gasto Público. Fuentes internas citadas de la institución lo señalan como uno de los candidatos preferidos por Bode.
Castellanos también es señalado por su relación con la planilla Profesionales Unidos, que obtuvo cuatro puestos en la comisión. Su candidatura enfrentó cuestionamientos porque presentó una certificación de experiencia docente fechada tres días después de la entrega de su expediente, pero la comisión dejó pasar el error, aduciendo que el documento no fue emitido por él sino por el Departamento de Estudios de Postgrados de la USAC.
También compiten Juan Alberto Monzón Esquivel, secretario general de la CGC; Luis Antonio Marroquín Pimentel, director de Probidad; y Carlos Emilio Morales Cancino, subcontralor de Probidad nombrado por Bode en 2022.
A ellos se suma Élfego Castañón, quien se desempeña como subcontralor administrativo y es hermano del diputado Duvalier Castañón. Su candidatura puede servir como un punto de encuentro entre el grupo de Bode y sectores relacionados con los partidos Movimiento Semilla y Raíces.
Otro Mazariegos en la lista
Erick Fernando Mazariegos Salas representa otro punto de conexión entre las redes. En 2022 fue señalado como el candidato del gobierno de Alejandro Giammattei. Antes había sido secretario de Administración y Finanzas del partido Vamos, financista y candidato a diputado por esa agrupación.
Aunque no consiguió integrar la nómina final, Bode lo nombró subcontralor administrativo después de asumir el cargo. Ahora vuelve a competir con relaciones procedentes del gobierno anterior, de la CGC y de actores cercanos a Mazariegos, Martínez y Alejos.
Carlos Humberto Echeverría Guzmán ha sido finalista en las elecciones de 2014, 2018 y 2022. Es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la USAC y fuentes universitarias lo relacionan con Mazariegos. También aparece como integrante del Consejo de Fiduciarios de la Universidad Americana.
José Domingo Conde Juárez fue nombrado por el CSU como representante suplente ante la Junta Monetaria durante la administración de Mazariegos. Antes presidió el Banco de los Trabajadores y el Colegio de Economistas. También fue juramentado como tesorero del equipo de fútbol de la USAC.
Nora Segura representa una estructura más antigua, ya que, dirigió la Contraloría entre 2010 y 2014 y presidió el Colegio de Contadores Públicos y Auditores, aunque su gestión fue cuestionada por sindicatos y organizaciones sociales por una fiscalización insuficiente, posibles actos de nepotismo y cambios de personal.
Ahora Segura intenta volver a la institución 12 años después de haber dejado el cargo, pero no consiguió meter comisionados directamente relacionados con ella y además dentro de las tachas presentadas en su contra aparece un señalamiento grave por una denuncia penal en su contra.
Los mismos nombres aparecen una elección tras otra. Echeverría llegó a tres nóminas consecutivas; César Armando Elías Ajcá fue finalista en 2014 y 2018; Roca, Jorge Luis Maldonado y Marvin Berdúo llegaron a la nómina de 2022; mientras Segura, Erick Mazariegos, López Ixcolín y otros aspirantes acumulan varios intentos.
La competencia por la Contraloría se ha convertido en una carrera permanente. Quienes no son electos pueden conseguir puestos dentro de la institución, regresar con más experiencia cuatro años después y mantener activas las asociaciones que los respaldan.
Las tachas los identifican
Hasta el momento, la comisión ha incluido a 40 aspirantes y de estos 18 fueron objetados a través de 24 tachas presentadas por las organizaciones y ciudadanos. Después vendrán las entrevistas y la calificación de expedientes, que darán pie a la votación, prevista para el 18 de septiembre, que mostrará el verdadero peso de cada grupo.
Entre los 18 aspirantes que recibieron señalamientos aparecen varios de los candidatos asociados a los grupos que también tendrían representación dentro de la postuladora.
Entre los candidatos favoritos de la red de Bode y que recibieron tachas figuran: Giovanni Castellanos, Juan Alberto Monzón y Luis Marroquín; en las mismas tachas también se vincula a los aspirantes Carlos Echeverría y José Domingo Conde con el bloque que dirige Walter Mazariegos en el CSU.
Por su parte, Nora Segura, identificada como dirigente de la planilla 3 del CPA, también busca volver a la Contraloría. María Elizabeth Pacajá, otra de las candidatas ha sido relacionada con una planilla cercana a la excontralora.
Élfego Castañón estaría siendo apoyado por el grupo vinculado al Movimiento Semilla y César Elías Ajcá mantiene una conexión directa con el grupo del excontralor Carlos Mencos.
“Todo ha ido cambiando y ahora se va a ver cómo se mueven de nuevo las piezas cuando el 17 de septiembre decidan las calificaciones; eso va a ser lo importante porque puede haber mucho favorito ahorita, pero si no logra entrar entre los que tengan las mejores 15 notas de nada va a servir. Los grupos también se van moviendo y ahora, a diferencia de 2022, la Comisión tiene otra configuración porque hay 10 votos con el padre Miquel Cortés -presidente de la postuladora- y ahí tienen posibilidades de veto”, concluyó Ibarra.
