Ante la criminalización que sufren las autoridades indígenas en el país, diferentes organizaciones sociales y autoridades indígenas, impulsan acciones para posicionar la legitimidad y la función para la resolución de conflictos comunitarios y la defensa del territorio.
Por Simón Antonio Ramón
En la ciudad de Guatemala se lanzó la campaña de comunicación Pasos firmes: caminos abiertos, la cual tienen la finalidad de reafirmar la función de las autoridades indígenas en las comunidades ante la criminalización del Estado de Guatemala y los señalamientos con narrativas de discriminación en donde son acusadas de delitos por el único hecho de ejercer su servicio comunitario.
Entre los trabajos que desarrollan las autoridades indígenas en las comunidades, está la defensa del territorio y la atención a casos de violencia hacia la mujer y temas relacionados con problemas locales como los mojones de tierras.
En está campaña participan más de 200 estructuras de autoridades indígenas a nivel nacional, encabezados por los 48 Cantones de Totonicapán, la Municipalidad Indígena de Sololá, la Municipalidad Indígena de la Antigua Santa Catarina Ixtahuacán, la Alianza de Autoridades Indígenas Ajpop Tinamit Oxlajuj Imox, el Parlamento Xinka, la Alcaldía Indígena de Santa Cruz del Quiché, el Consejo de Autoridades Los Copones, Red Educativa Departamental de Sololá, el Consorcio de Asociaciones de Santiago Atitlán.
En los próximos 30 días la campaña será difundida por redes sociales. Juan Carlos Queche, de la Alianza Ajpop Tinamit Oxlajuj Imox, señaló que el Estado de Guatemala tiene mecanismos de criminalización contra los pueblos indígenas de diferentes maneras, más allá de la persecución judicial. “Cuando no se reconoce el sistema de vida de los pueblos indígenas, cuando no la reconoce, cuando no la respeta, es ahí cuando se da la criminalización, mediante el uso indebido del sistema penal y las otras instituciones del Estado”, dijo.
Queche aseguró que las prácticas de vida de los pueblos indígenas son demeritadas de distintas formas. “Difaman la forma de organizarnos, nos discriminan y satanizan. Para el sistema estatal, defender la vida y los derechos es un delito, es ahí cuando vemos a nuestras autoridades y nuestros procesos de criminalización”, enfatizó.
En está campaña participan más de 200 estructuras de autoridades indígenas a nivel nacional.
La legitimidad de la justicia comunitaria
La justicia de los pueblos indígenas según Sebastiana Par, autoridad del pueblo Maya K’ich’e, que está cerca de las familias que lo requieren, que promueve acciones de reparación en lugar del castigo en casos de violencia hacia la mujer, problemas intrafamiliar, de terrenos de deudas, asesinatos.
“Nuestro sistema tiene procedimientos, pasos, promovemos el diálogo, la reconciliación, la reparación más que el castigo”, aseguró. “El acceso va más allá de tribunales y ser escuchados, respetados, significa comprender nuestra historia. El acceso a la justicia, la justicia está relacionada con la historia y el derecho a la participación”, dijo Sebastiana Par.
Lázaro González, originario del municipio de Alzatate del departamento de Jutiapa, en representación del Parlamento Xinka señaló que uno de los requisitos para ser autoridad comunitaria y administrar el territorio por dos años, es ser una persona honorable con 18 años cumplidos.
“Esta autoridad presta un servicio ad honorem a los mismos habitantes de la comunidad y su función es solucionar problemas de tierra entre condueños, familias, asimismo el Ministerio Público, el juez de Paz, no intervienen en resoluciones que hace la junta de principales en nuestra comunidad”, dijo.
Explicó que en el municipio de Alzatate, la atención en la oficina para los distintos servicios son los días jueves y domingo. La rendición de cuentas a la comunidad se realiza como lo establece el reglamento.
“Se rinde cuentas a la comunidad por medio del tesorero, reunidos en asamblea una vez al año, se informa los ingresos y egresos que hubo durante ese año. Se entrega una memoria de las actividades de forma anual. Las autoridades indígenas tienen legitimidad porque son electas en asamblea general y se nombra para esos puestos a personas honorables”, dijo.
Mientras se lanzaba esta campaña se iniciaba la audiencia de etapa intermedia del proceso de criminalización en contra de Luis Pacheco, Basilio Puac y Héctor Chaclán, presidente, vicepresidente y tesorero de la junta directiva de los 48 Cantones en 2023; y Esteban Toc, exvicealcalde de la Municipalidad Indigena de Sololá entre 2022 y 2023.
En su periodo convocaron junto a otras autoridades indígenas el Paro Nacional que duró 106 días y que evitó que el Ministerio Público de Consuelo Porras anulara los resultados electorales de 2023, cuando Bernardo Arévalo y Karin Herrera habían ganado las elecciones presidenciales.
