Un informe señala a 14 países de censurar a defensores de derechos a través de las detenciones arbitrarias en 2025, Guatemala figura entre los tres países con mayores casos registrados.
Por Simón Antonio Ramón
La Organización Mundial contra la Tortura (OMT) coordinó un informe con organizaciones de derechos humanos de varios países, entre ellos Guatemala, en donde se registra que hubo detenciones de al menos 60 personas defensoras y defensores de derechos humanos.
El informe “Detención, tortura y silencio: informe de SOS-Defenders 2025 sobre censura por detención”, recoge los casos en 14 países encabezados por Afganistán que tiene 16 casos de detenciones en 2025 con el mayor número registrados, en donde la detención se vuelve un medio de criminalización contra la defensa de derechos humanos.
“La censura mediante la detención se refiere al uso de la detención arbitraria por parte de gobiernos represivos como herramienta para obstaculizar la defensa de los derechos humanos, restringir el activismo cívico y silenciar la disidencia”, concluyó el informe.
El documento identifica al menos cuatro modalidades de tortura y malos tratos durante la prisión. Violencia física: golpes, agresiones y encadenamiento; abuso psicológico: amenazas, acoso y confesiones forzadas; detención secreta y prolongada en régimen de incomunicación; y detención en condiciones inhumanas y degradantes (hacinamiento severo, falta de atención médica, inanición, condiciones ambientales deficientes y aislamiento prolongado).
El informe afirma que uno de los derechos violentados por los gobiernos evaluados es la libertad de expresión, porque los periodistas y blogueros fueron el grupo más objetivo, representando 28 de las 60 detenciones documentadas, seguidos por líderes comunitarios, académicos, miembros de ONG y abogados.
Los casos de Guatemala
El informe documentó diez detenciones en Guatemala en casos contra universitarios que protestaron contra el primer fraude electoral en la USAC en 2022; el Paro Nacional para la defensa de la democracia en 2023 y 2024; conflictividad agraria y por último por el caso Semilla con el que el Ministerio Público buscó anular las elecciones de 2023.
En el caso de la USAC, el informe documenta el caso de Edmar Arriola, Ramón Cadena, Pedro Ros y Christopher Morales quienes forman parte de un grupo de 27 personas que la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación persiguió desde el 16 de noviembre de 2023.
Arriola, Cadena, Ros y Morales fueron detenidos en octubre de 2025, quienes estuvieron varios días en prisión preventiva entre octubre y noviembre de ese año. Edmar fue detenido en el edificio del Ministerio de Gobernación mientras que el resto se presentó ante el Juzgado a la Torre de Tribunales del juez Víctor Cruz que conoce el proceso.
En el caso de la USAC, el informe documenta el caso de Edmar Arriola, Ramón Cadena, Pedro Ros y Christopher Morales criminalizados en el caso Toma USAC.
El abogado Eduardo Masaya fue detenido el 28 de enero de 2025 en horas de la noche cuando se inscribió su planilla que compitió por la junta directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), criminalizado por el Ministerio Público por el caso Semilla con el que se pretendió anular las elecciones de 2023.
Luis Pacheco y Héctor Chaclán, fueron miembros de la junta directiva de los 48 Cantones de Totonicapán en 2023, fueron detenidos en la ciudad de Guatemala en horas de la mañana el 23 de abril de 2025, cuando Pacheco fungía como Viceministro de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas (MEM).
Leocadio Juracán dirigente del Comité Campesino del Altiplano (CCDA) fue detenido en el Aeropuerto Internacional La Aurora el 13 de agosto de 2025, cuando se dirigía a una conferencia internacional sobre agroecología en Sudáfrica.
Las detenciones arbitrarias de los dirigentes campesinos en defensa del territorio también prevalecen en el informe como el de Leocadio Juracán, Luis Pacheco y Héctor Chaclán
Luis Xol Caal fue criminalizado por reclamar su derecho a la tierra en Livingston, en donde fue detenido el 15 de marzo de 2025, en menos de un año, Xol fue detenido dos veces, en una primera oportunidad se le detuvo en la ciudad de Guatemala cuando iba a asistir a una audiencia en la Secretaría Privada de la Presidencia.
Los diez casos registrados ocurrieron durante la gestión de Consuelo Porras como fiscal general del Ministerio Público, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por atentar contra la democracia y el estado de derecho guatemalteco.
Defensores detenidos en 2025
- Caso Semilla
Eduardo Gabriel Masaya Juárez
- Paro Nacional
Héctor Manuel Chaclán Batz
Luis Haroldo Pacheco Gutiérrez
Esteban Toc Tsay
- Defensa del territorio
Luis Xol Caal
Leocadio Juracán Salomé
- Toma USAC
Edmar Eduardo Arriola Toc
Cristopher Alexis Genaro Morales
Pedro Emanuel Ros Domingo
Ramón Cadena Ramila
Los diez casos registrados no se dan en situaciones coyunturales, sino que persiguen transformaciones estructurales, señalan Leocadio Juracán del CCDA y Ramón Cadena, reconocido defensor de derechos humanos.
Cadena dijo que las personas que provocaron la censura, detención y tortura deberían ser puestos ante la justicia porque no respondieron a su función. “Ellos nos hicieron daño y ahí andan libres, mientras nosotros los defensores estamos enfrentando la criminalización, deberían estar presos”, señaló.
A su criterio el informe expone que el Estado de Guatemala no tiene compromiso con los derechos humanos. “Porque los casos registrados en este informe, no son los únicos, los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, persiguieron a muchos defensores de derechos humanos”, aseguró el abogado.
Leocadio Juracán recordó el momento en que fue detenido en el Aeropuerto Internacional La Aurora, dijo que llamó a la calma a su familia, a las bases del CCDA, porque lo que se busca en ese momento era demostrar un castigo ejemplar por lo que no era necesario. “Lo que buscan es censurarnos, es neutralizarnos, es darnos un escarmiento para no pedir por las luchas estructurales”, dijo.
Señaló que las detenciones tienen un motivo para detener cual acción que genere condiciones de derechos. “En cuatro periodos de la historia lo que ha estado en disputa por la tierra”, dijo Juracán.
El dirigente campesino y el abogado de derechos humanos coinciden que el silencio del gobierno de Bernardo Arévalo lo vuelve cómplice.
Los 14 países evaluados
Aquí el informe completo
https://www.fidh.org/IMG/pdf/censorship_by_detention_-_2025_report.pdf
