Aunque el presidente Bernardo Arévalo anunció en conferencia de prensa que la “optimización” del portal quedaría en suspenso y se restablecería la funcionalidad de Guatecompras, la misma todavía mantiene limitaciones en la búsqueda por nombres. Además señala que abrirá una ronda de diálogo para hablar de los ajustes, cambios que “ha revertido”.
Por Rony Ríos
Antes del 21 de julio, una investigación usando el portal Guatecompras, podía comenzar con un nombre, un DPI o un NIT. Al incluir alguno de esos datos, Guatecompras realizaba la consulta sobre una base de más de 9 millones de registros y mostraba la información disponible para seguir posibles conexiones entre personas, empresas y contrataciones públicas.Jo
Después de la mal llamada “optimización”, es decir a partir del 21 de julio, el Minfin levantó un cerco sobre la búsqueda y redujo sus resultados de una base de datos de 9 millones a 590 mil personas vinculadas con las compras del Estado, entre ellas proveedores, oferentes y representantes legales.
Tras los señalamientos de opacidad y falta de transparencia el Gobierno anunció que daría marcha atrás en los cambios, la supuesta “optimización”. El Minfin publicó un comunicado este 8 de septiembre señalando que se había restablecido la funcionalidad de Guatecompras. Sin embargo, una revisión hecha por Prensa Comunitaria concluye que la funcionalidad se ha restituido a medias.
Entonces, ¿qué restableció el Minfin hoy? El portal permite nuevamente consultar la base más amplia cuando el usuario ya conoce el DPI o NIT de la persona. Sin embargo, si una investigación comienza únicamente con un nombre, la búsqueda todavía se limita al universo relacionado con contrataciones públicas.
En la práctica, Guatecompras recuperó la posibilidad de verificar a una persona previamente identificada, pero no la misma capacidad que tenía antes para descubrir a quién o qué investigar.
Ministerio de Finanzas se resiste a restituir la funcionalidad de Guatecompras
“El Minfin reestableció los resultados de la funcionalidad ‘Buscar proveedor’ en Guatecompras y abrirá una ronda de diálogo”, tituló su comunicado de prensa el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin). Sin embargo, el restablecimiento de ese tipo específico de búsquedas se dio parcialmente.
Anteriormente el portal electrónico servía como base para investigaciones periodísticas, fiscalizaciones legislativas, auditoría social y demás métodos que permitían identificar posibles focos de corrupción. Sin embargo, tras las modificaciones todas estas labores se vieron afectadas y distintos sectores alzaron la voz en contra de esta “optimización”.
Prensa Comunitaria documentó desde el 14 de agosto, que la función “búsqueda de proveedor” era fundamental para el inicio de procesos de auditoría social e investigaciones. Esa función también servía para comenzar una búsqueda con el nombre de una persona y seguir el rastro hacia representantes legales, empresas, ofertas y contratos estatales.
El 7 de septiembre, el presidente Bernardo Arévalo anunció que la modificación quedaría en suspenso y que el funcionamiento anterior sería restablecido. Un día después, el Minfin publicó el Comunicado 136, en el que aseguró haber devuelto a la consulta el alcance que tenía antes del 21 de julio.
No obstante, al comprobar el funcionamiento del portal después del anuncio, Prensa Comunitaria constató este 8 de septiembre que todavía existen diferencias entre las búsquedas realizadas por nombre y las que utilizan un número exacto de identificación.
La búsqueda por nombre continúa reducida
Antes del 21 de julio, el usuario podía introducir el nombre de una persona y el sistema buscaba coincidencias entre más de 9 millones de registros provenientes del Registro Tributario Unificado (RTU), administrado por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), pero ahora ese campo de búsqueda se limita únicamente a quienes han mantenido alguna relación con el Estado, es decir, oferentes que no ganaron concursos, proveedores del Estado o representantes legales de empresas que ofertaron bienes o servicios.
Ahí la búsqueda queda restringida a menos de 600 mil registros y de igual forma limita la trazabilidad de la información que permite identificar nexos familiares entre contratistas y funcionarios públicos.
Por ejemplo, el dueño de una empresa gana un concurso, en Guatecompras se mostrará quién es el dueño, pero no permite ahora acceder a datos que permitían el cruce de información con otras fuentes públicas y determinar si este representante es cuñado de un alcalde o de un diputado.
Lo único que restableció el Minfin
Si una persona cuenta con un número de DPI o de NIT puede introducirlo en Guatecompras y así obtener la información de la persona que está buscando, ya que el sistema realiza la consulta al universo de los 9 millones de registros concentrados en las bases de datos de la SAT. A través de este tipo de búsqueda se pueden conseguir nombres comerciales, representaciones legales de alguna empresa y demás datos.
Sin embargo, para ejecutar una investigación o auditoría social como la del ejemplo anterior, previamente se deben conocer el DPI o el NIT de las personas que se desean conectar, limitando así que se ejecuten ese tipo de indagaciones.
En la primera comunicación que el Minfn envió a Prensa Comunitaria el 29 de julio explicaban que la medida de ocultar los casi 8.4 millones de registros se daba para “hacer más eficiente ese acceso a la información, ya que muchas instituciones (ejemplo bancos), utilizan el Sistema Guatecompras para obtener información de las personas, tales como DPI, NIT o domicilio”.
Con el restablecimiento anunciado por el Minfin, si los bancos quisieran conseguir información de Guatecompras ellos ya cuentan con el número de DPI y lo pueden buscar fácilmente. Con ello, el restablecimiento sigue limitando o haciendo más difícil la auditoría social, pero paradójicamente permite que “muchas instituciones (ejemplo bancos), utilicen el Sistema Guatecompras para obtener información de las personas”.
El rechazo a las modificaciones
La decisión anunciada por el presidente ocurre después de varias semanas de cuestionamientos y cambios en la explicación oficial.
La primera modificación fue aplicada el 21 de julio por la Dirección General de Adquisiciones del Estado (DIGAE), dependencia encargada de administrar Guatecompras, pero la misma se dio sin un aviso público previo que explicara el alcance de la medida, sus fundamentos técnicos o sus posibles efectos sobre la auditoría social.
El primer aviso apareció dentro del propio buscador cuando la restricción ya estaba vigente.
Después de la investigación publicada por Prensa Comunitaria el 14 de agosto, el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, aseguró en X que existía una “confusión” en la nota. El comunicado que adjuntó, sin embargo, confirmó que el sistema había cambiado sus criterios y que ya no mostraba el mismo universo de personas.
El Minfin sostuvo entonces que no había eliminado información cuya publicación fuera obligatoria y que únicamente había ajustado una herramienta para hacerla más rápida, segura y apegada a la finalidad de la Ley de Contrataciones del Estado.
Durante una citación realizada el 20 de agosto por el diputado de VOS José Chic, las autoridades confirmaron que el buscador había pasado de más de 9 millones de registros a poco más de 590 mil.
La directora general de Adquisiciones del Estado, Xiomara Lorena Morales Gordillo, explicó que la función recibía alrededor de 600 mil consultas mensuales y que ese volumen podía provocar lentitud o afectar otras operaciones del portal.
El oficio DIGAE-587-2026, firmado por Morales el 24 de agosto, reconoció que aproximadamente 8.4 millones de registros dejaron de mostrarse en la búsqueda. El documento también indicó que se evaluaron otras alternativas, como ampliar la capacidad de los servidores e incorporar mecanismos adicionales de autenticación, pero se optó por reducir el universo consultable.
Posteriormente, Morales asumió la responsabilidad directa por la medida durante otra citación legislativa. “Efectivamente, la decisión la tomé yo”, respondió al ser cuestionada. Menkos también defendió públicamente el cambio y declaró que “Guatecompras no es Facebook” ni debía utilizarse como una guía telefónica.
El Ministerio pasó de negar que existiera una restricción, a justificarla por razones de rendimiento y privacidad, admitir que excluyó millones de registros, incorporar nuevas herramientas y, finalmente, anunciar que devolvería el funcionamiento anterior mientras discute nuevamente el alcance de la medida.
Las mejoras del 1 de septiembre permanecerán
El comunicado del 8 de septiembre también señala que las herramientas incorporadas una semana antes continuarán vigentes.
Entre esas modificaciones se encuentra una pestaña de “Representaciones”, destinada a mostrar las empresas en las que una persona aparece como representante legal. También se habilitó una sección de “Participantes” dentro de los concursos, que permite identificar oferentes, adjudicatarios, integrantes de juntas de licitación, responsables de dictámenes, supervisores y otros actores.
Además, el listado de ofertas permite buscar empresas por nombre y conocer los concursos en los que participaron, aunque no hayan recibido una adjudicación.
Estas funciones recuperaron parte de la trazabilidad perdida después del cambio del 21 de julio. Sin embargo, continúan concentradas en personas que ya tienen alguna relación registrada con una adquisición estatal.
Una persona excluida de ese universo todavía puede ser localizada por DPI o NIT, pero no necesariamente mediante una búsqueda general por nombre.
El comunicado no explica si esa diferencia responde a una implementación gradual, a una falla técnica o al nuevo diseño que el Ministerio pretende mantener mientras realiza el proceso de diálogo.
Un diálogo sin fecha ni participantes definidos
El Minfin también anunció que convocará a una ronda de diálogo para conocer casos de uso, resolver dudas y recibir propuestas sobre el funcionamiento de Guatecompras.
Según el comunicado, la discusión deberá abordar el tratamiento y publicación de datos personales, las experiencias internacionales y la importancia de divulgar información sobre accionistas y beneficiarios finales de las empresas proveedoras del Estado.
El Ministerio no indicó cuándo comenzará el diálogo, qué sectores serán convocados, cómo se seleccionará a los participantes ni si sus propuestas tendrán efectos vinculantes sobre la decisión final.
Tampoco aclaró si publicará el análisis técnico utilizado para justificar la modificación, las métricas de rendimiento del sistema, las solicitudes recibidas para retirar datos personales o el documento administrativo mediante el cual se autorizó el cambio original.
