El juez adelantó para este jueves 10 de septiembre la audiencia que definirá el rumbo del proceso contra cuatro exdirigentes de los 48 Cantones de Totonicapán. En la etapa intermedia, el Ministerio Público (MP) deberá exponer los resultados de su investigación y plantear si busca llevarlos a juicio o incluso pedir cerrar el caso.
Por Alexander Valdéz
El proceso contra los exlíderes de los 48 Cantones de Totonicapán está por retomarse en los tribunales de justicia, luego de que el juez “A” del Juzgado Tercero Penal, Mynor Moto, otorgó un mes más para que la defensa pudiese solicitar algunas diligencias de investigación que buscan desvanecer uno de los delitos agregados a dos de los cuatro exlíderes indígenas criminalizados por defender los resultados electorales de 2023.
De esa cuenta, el plazo para que se hicieran los agregados a la acusación, por pedido de la defensa de Luis Pacheco y Héctor Chaclán, debía cumplirse el 3 de septiembre. La audiencia para analizar si ellos dos, además de Esteban Toc y Basilio Puac, debían enfrentar juicio quedó programada inicialmente para el 22 de este mismo mes.
Sin embargo, Moto notificó un adelanto. La etapa intermedia, si nada cambia, se estaría realizando el 10 de este mes, es decir, el próximo jueves. De esa cuenta, ese día el Ministerio Público (MP) debe exponer sobre los medios de prueba recabados durante la pesquisa. Si hay elementos, puede pedir que sean enviados a juicio o, de lo contrario, solicitar una clausura provisional o incluso el cierre del proceso.
La defensa confirmó a Prensa Comunitaria que ya fue notificada de esa diligencia judicial. Sin embargo, aseguró que aún está en duda que pueda llevarse a cabo, aunque no precisó los motivos. La misma podría ser reagendada por solicitud de cualquiera de los sindicados.
Cuatro criminalizados
En 2023, los entonces dirigentes de los 48 Cantones de Totonicapán se convirtieron en uno de los principales rostros de la resistencia indígena que salió a las carreteras pacificamente y se movilizó en los territorios para defender los resultados de las elecciones. Luis Pacheco, Héctor Chaclán, Esteban Toc y Basilio Puac asumieron un papel central en esas jornadas de protesta pacífica, que marcaron uno de los momentos políticos más relevantes de la historia reciente del país.
Tres años después, aquella defensa de la democracia derivó en una persecución penal que, aunque gozan de arresto domiciliario, los mantiene sometidos en un proceso a los cuatro exdirigentes indígenas. Durante la gestión de Consuelo Porras, la fiscalía los vinculó a un expediente en el que se les atribuyen delitos como terrorismo, por su participación en las movilizaciones de 2023.
El proceso ha avanzado lentamente y ha estado marcado por retrasos y obstáculos judiciales. Pacheco y Chaclán estuvieron en prisión preventiva más de un año, apenas hace un mes que recuperaron su libertad condicionada al pago de una fianza. Los cuatro ahora están a la espera de que se determine si deberán enfrentar un juicio.
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Más de un año en prisión
Hace apenas un mes, Luis Pacheco y Héctor Chaclán, recuperaron su libertad y emprendieron el viaje de regreso a su comunidad, luego de permanecer 15 meses en prisión preventiva en la cárcel de Mariscal Zavala. Para hacer efectiva su salida, cada uno debió pagar una caución económica de Q160 mil, además debe cumplir con las condiciones impuestas por el juez mientras continúa el proceso penal. Es decir, ninguno puede salir del país, ejercer cargos públicos y debe acudir mensualmente al MP para su control biométrico.
El retorno de ambos fue un momento significativo para las comunidades indígenas y los sectores que han denunciado que el caso constituye un proceso de criminalización contra quienes encabezaron la defensa de la democracia en 2023.
Cuando salieron del centro de detención, los dos exdirigentes emprendieron el viaje hacia Totonicapán, donde fueron recibidos por decenas de personas que llegaron a expresarles apoyo y celebrar su retorno. Entre abrazos, mensajes de respaldo y muestras de solidaridad.
Un proceso que sigue activo
La Fiscalía contra el Crimen Organizado llegó a atribuir delitos como obstaculización a la acción penal, terrorismo y asociación ilícita a las movilizaciones sociales, en particular a las acciones emprendidas por dirigentes indígenas que participaron en las protestas pacificas. Delitos que debe acreditar su posible comisión durante la audiencia que se acerca.
El caso fue impulsado por el MP durante la gestión de Consuelo Porras y ha sido cuestionado por organizaciones que consideran que la prisión preventiva fue utilizada como una forma de castigo contra líderes indígenas.
Pese al cambio de autoridad en el ente investigador, cuatro continúan procesados por hechos relacionados con las movilizaciones ciudadanas para exigir el respeto a los resultados de las elecciones generales y rechazar las acciones que buscaban impedir la toma de posesión de Bernardo Arévalo y Karin Herrera.
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