Habitantes de El Llano, Patzún, abrieron un frente de resistencia contra la empresa Transnova por la instalación de un tendido eléctrico de 250,000 voltios. Ante el riesgo de perder el valor de sus parcelas, la posible contaminación del único pozo del sector y los daños al centro ceremonial Maya Kablajuj K’iej, la asamblea comunal exige la intervención de las autoridades y el desvío inmediato de las líneas.
Por Joel Solano
La tensión en El Llano se encendió cuando los agricultores descubrieron a desconocidos midiendo sus propiedades, clavando estacas y marcando árboles sin la autorización de los dueños. Lo que comenzó con la compra de unos terrenos para una subestación escaló a un conflicto directo, luego de que los trabajadores de la empresa colombiana ingresaran a parcelas privadas para trazar el paso del cableado sin haber realizado una consulta previa ni advertir a las familias sobre el impacto de la obra.
Invasión de tierras privadas e incertidumbre en El Llano
La tranquilidad en el caserío El Llano, en Patzún, Chimaltenango, se terminó desde 2025. Lo que comenzó con la compra de parcelas por parte de Transnova, S.A. empresa de capital colombiano que busca construir una subestación de energía eléctrica se convirtió en un conflicto que hoy mantiene organizadas a las familias locales. Los vecinos denuncian que la compañía jamás les advirtió sobre la magnitud del cableado de 250,000 voltios, ni sobre los problemas que este traería a su diario vivir.
La molestia aumentó cuando los empleados de la firma comenzaron con los estudios topográficos en parcelas privadas sin permiso, colocando estacas y marcando árboles. De repente, los trabajadores de la empresa empezaron a hacer estudios sin permiso de nadie, señaló un afectado. Frente a esta situación, la comunidad decidió organizarse para frenar lo que consideran una violación directa al derecho de propiedad, amparado en el artículo 39 de la Constitución Política de la República.
Foto: Joel Solano
Restricciones a la propiedad y pérdida de valor de la tierra
La mayor preocupación de los habitantes es que el paso del cableado frena el crecimiento de sus familias. La franja de servidumbre impedirá construir viviendas debajo o cerca del tendido eléctrico, lo que deja a muchos sin la posibilidad de heredar un pedazo de tierra a sus hijos para levantar su casa. Un propietario explicó que este paso dejará inservibles gran parte de los predios, la zona afectada solo servirá para siembras de baja altura, provocando la pérdida de valor de las tierras, además de generar desconfianza por los posibles riesgos para la salud y el medio ambiente.
Ante este panorama, la posición de la comunidad es clara. Tras firmar un acta formal, ratificaron que los terrenos no están en venta ni en negociación y exigieron que se detengan las presiones por teléfono. Ya no hay nada que negociar; este espacio es el patrimonio para nuestros hijos y ahí es donde van a construir ellos, enfatizó un vecino.
Riesgos para el agua y amenaza a un sitio sagrado maya
La incertidumbre por la tierra se suma el temor de volver a quedarse sin agua potable. Tras años de carencias en los que el sector sufrió por el abastecimiento, la comunidad logró poner en marcha un pozo mecánico que hoy surte a las familias. Sin embargo, la ruta de las líneas de alta tensión atravesará el área boscosa que protege esta fuente de agua.
Los pobladores advierten que los trabajos dañarán la cobertura de árboles y terminarán afectando el pozo. La verdad es que no queremos volver a la problemática que teníamos antes, afirmó un habitante.
El trazado proyectado también representa un golpe directo a la vida cultural y espiritual del municipio. Según los mapas del proyecto, la línea de transmisión pasará muy cerca del centro ceremonial Maya Kablajuj K’iej, un sitio ancestral ubicado al norte del caserío, al que acuden familias y guías espirituales de municipios como Patzicía y Tecpán. La cercanía de un cableado de alto voltaje genera preocupación por el peligro de accidentes y la interrupción de las ceremonias. Con esos cables cerca ya no podríamos realizar nuestras actividades espirituales con tranquilidad ni seguridad, indico un poblador.
Diálogo roto, presiones e incumplimientos
Buscando una salida pacífica, la asamblea comunitaria convocó a Ronal Batres, encargado del paso de servidumbre de la empresa, para tener una plática clara en el salón comunal. No obstante, el representante no se presentó a la cita. A la falta de respuestas se sumaron intimidaciones sobre una eventual intervención militar para forzar el avance de los trabajos. Muchos nos asustamos bastante porque nos amenazaron con traernos al ejército si no autorizábamos la subestación, enfatizó un vecino.
La indignación también abarca el incumplimiento de arreglos locales. Por años, las familias han aportado trabajo y recursos propios para mantener el camino vecinal. Aunque correspondía entregar a la comunidad un aporte de 900,000 quetzales como compensación por el paso de maquinaria pesada, el fondo terminó entregándose a la municipalidad debido a la falta de documentación legal de la organización comunal.
Las autoridades municipales anunciaron recientemente que solo se adoquinarán 600 metros de los 1,300 prometidos. A esto se suma que el paso constante de más de diez camiones de gran tonelaje a alta velocidad lo que va ocasionando el esfuerzo de la comunidad, en mantener la vía en óptimas condiciones, aumentando la molestia general.
Exigencia a las autoridades y propuesta comunitaria
A pesar de que no se oponen al funcionamiento de la subestación dentro del terreno que ya fue adquirido por la empresa, los comunitarios exigen con firmeza un cambio en la ruta del cableado. “Nuestra alternativa es que el trazo se desvíe por otro lado donde no nos afecte, porque no vamos a ceder el paso en nuestras siembras”, afirmó un propietario.
Cansados de lo que consideran violaciones a sus derechos y ante la falta de una consulta previa, los afectados, con escrituras en mano, exigen la intervención urgente del Ministerio Público, del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y de instituciones de derechos humanos para obtener respaldo legal. Las familias del área rural y del casco urbano se mantienen alertas, con la determinación de impedir el ingreso de personal no autorizado a sus parcelas y de proteger el patrimonio comunal.
Por ahora, los comunitarios de El Llano se mantienen vigilantes. Con el acta de rechazo ya firmada y la propuesta de desviar el tendido sobre la mesa, la asamblea queda a la espera de que las instituciones de Gobierno y la representación de Transnova atiendan formalmente sus demandas antes de definir nuevas medidas de presión.
