Las autoridades indígenas presentaron un informe tras la observación de las elecciones de segundo grado en el primer semestre del año y pidieron reformas constitucionales para la renovación de autoridades en instituciones de justicia. También plantearon reformas a la Ley de Comisiones de Postulación y revisar la participación de las universidades privadas en estos procesos electorales.
Por Simón Antonio Ramón
Las elecciones de Segundo Grado para elegir nuevas autoridades en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), Corte de Constitucionalidad (CC), Fiscal General del Ministerio Público (MP) y rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) se realizaron en un contexto de opacidad y tensiones, denunciaron los representante de al menos 21 delegaciones de autoridades indígenas durante la entrega del informe de observación de las elecciones de segundo grado que se desarrollaron en el primer semestre de este año.
Las elecciones presentaron deficiencias, lo que implica reformas legales tanto a la Constitución como a la Ley de Comisiones de Postulación, el marco que rige la elección de autoridades de segundo grado, indicaron las autoridades indígenas que fueron encabezados por la junta de alcaldes comunales de los 48 Cantones, la Municipalidad Indígena de Sololá y el Consejo de Autoridades Ancestrales y Custodio de Títulos de Santiago Sacatepéquez.
Tensiones y manipulaciones
El alcalde indígena de Sololá, Miguel Ángel Vicente Panjoj señaló que el objetivo de la observación constante es posicionar las preocupaciones de los pueblos indígenas entre las que se encuentra la detención de Luis Pacheco y Héctor Chaclán, y otras autoridades indígenas, criminalizadas por la defensa de la democracia en 2023 por el simple hecho de ejercer su rol de autoridades en sus comunidades.
En las elecciones se constató que se tuvo injerencia de poderes ajenos al poder público con fines criminales como el denominado Pacto de Corruptos con fines de cooptar al sistema de justicia para mantener su privilegio y la impunidad.
“Los procesos de elección de magistrados del TSE, magistrados de la CC y fiscal general del Ministerio Público se desarrollaron en un ambiente tenso en donde se pudieron percibir las disputas entre élites del poder político, económico y el crimen organizado, representados por el Pacto de Corruptos”, señaló Miguel Vicente.
Entre las autoridades indígenas que participaron en el pronunciamiento figuran la junta de alcaldes comunales de los 48 Cantones, la Municipalidad Indígena de Sololá y el Consejo de Autoridades Ancestrales y Custodio de Títulos de Santiago Sacatepéquez.
El caso del TSE
En el informe señalaron que la Comisión de Postulación que fue presidida por Walter Mazariegos, acusado de usurpación al ocupar el cargo de rector en la USAC, no tramitó los señalamientos y objeciones en contra de 38 de los 178 aspirantes a cargos de magistrados.
“Se convirtió en un mecanismo para asignar una posición entre los 20 aspirantes – que integraron la nómina, dejando al Congreso la decisión final, que también ejerció de manera discrecional al elegir a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral”, señala el informe.
El Congreso tampoco tuvo un filtro al momento de elegir a las y los magistrados del TSE. “Es preocupante que, de la nómina de 20 aspirantes a magistrado titular y suplente remitido por la Comisión de Postulación al Congreso, 10 recibieron impugnaciones u objeciones de parte de diversos sectores de la sociedad civil, y que además se incluyeron a un aspirante sancionado internacionalmente, aun así, fueron incluidos por la Comisión presidida por Walter Mazariegos”, se lee en el informe de la Observación.
La elección de la CC
En la designación de magistradas y magistrados titulares y suplente de la CC, fue marcada por la judicialización a partir de la exclusión de las carreras afines en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), la interferencia del Ministerio Público, como el allanamiento que realizó tanto en el Parque Erick Barrondo y en el Club La Aurora durante la segunda vuelta en donde competía la actual magistrada Astrid Lemus y el exrector de la USAC Estuardo Gálvez.
La opacidad también fue señalada en la designación en la USAC en donde la mayoría de los electores que integran el Consejo Superior Universitario (CSU) tienen el periodo vencido y acciones de violencia generadas por grupos de choque. “La elección de magistrado titular y suplente realizada por el CSU también estuvo empañada por la opacidad, la ilegalidad, la poca transparencia y la violencia; así como, la promoción de grupos de choque para la generar la violencia durante la elección en un hotel de Antigua Guatemala”, se señaló.
En este proceso fueron electos, Julia Marisol Rivera Aguilar, como magistrada titular y José Luis Aguirre Pumay, como magistrado suplente. La elección en la USAC, se consideraba como una de las guaridas posibles de Consuelo Porras, sin embargo, no resultó electa.
En el caso del Congreso, 100 diputados reeligieron a Roberto Molina Barreto, quien en 2013 junto a los exmagistrados Alejandro Maldonado Aguirre y Héctor Pérez Aguilera, anularon la condena por los delitos de genocidio y delitos contra los deberes de humanidad, para magistrado suplente también fue reelecto Luis Rosales Marroquín.
“Esta elección también estuvo marcada por el racismo, la discriminación y la violencia. Pese a que las autoridades indígenas pedimos por escrito participar en la sesión del pleno del Congreso en donde se eligió a los magistrados titular y suplente, el presidente no accedió a nuestra petición”, se denunció el informe elaborado por las autoridades indígenas.
En la designación de las magistradas Dina Ochoa y Claudia Paniagua en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se señaló que el proceso fue exprés y poco transparente. “Se negó el acceso a medios de comunicación y se reeligió a magistradas vinculadas con actores antidemocráticos y corruptos del país”, se denunció.
En la designación de Annabella Morfin como magistrada titular y María Magdalena Jocholá Tujal, magistrada suplente, también se señaló irregularidades, porque la magistrada Morfín tiene acercamientos con empresas extractivas. “La magistrada titular está vinculada a empresas extractivas y la magistrada suplente fue asesora en la Secretaría de Pueblos Indígenas del Ministerio Pública durante la gestión de María Consuelo Porras Argueta”, denunciaron en su informe, además, señalaron que hicieron una propuesta al presidente Bernardo Arévalo, pero fue ignorada.
El caso de la USAC
También denunciaron que estos mismos actores influyeron en la elección de rector en la única universidad pública en el país que terminó en un fraude electoral. “Estos procesos también coincidieron con la elección del rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la cual estuvo marcada por la manipulación de Walter Mazariegos y los integrantes del Consejo Superior Universitario”, señaló el alcalde de la Municipalidad Indígena de Sololá.
Denunciaron la exclusión de los 16 cuerpos electorales de la oposición legítimamente electos y se le señaló a Mazariegos como responsable de generar violencia mediante los grupos de choque para evitar la participación de electores y la toma del Campus Central en la zona 12.
Señalaron el papel que han desarrollado las cortes en el sostenimiento del segundo fraude electoral ante las diferentes acciones legales que se han promovido contra el fraude electoral. “Los órganos de justicia que conoce dichas acciones, así como la Corte de Constitucionalidad, guardaron silencio hasta legitimar las acciones del CSU-USAC”, se denunció.
En el MP
En la elección de fiscal general las autoridades indígenas denunciaron que tuvieron dificultades al ingresar a las sesiones. La Comisión de Postulación les otorgó cinco minutos de intervención, sin embargo, consideran que el tiempo fue insuficiente para plantear sus puntos de vista.
Denunciaron en el informe que este proceso también fue judicializado y que llegó hasta la CC. “La Corte de Constitucionalidad le ordenó a la Comisión de Postulación no tomar en cuenta la carrera judicial y ordenó repetir la elaboración de la nómina de seis aspirantes a fiscal general”, denunció.
Eduardo Tax, presidente de la junta de alcaldes de los 48 Cantones, señaló que para subsanar estos procesos eleccionarios se requieren muchas reformas.
“Recomendamos iniciar un debate nacional amplio y participativo que incluya a pueblos indígenas para formular reformas a la Constitución, relacionadas a la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, Corte Suprema de Justicia y Tribunal Supremo Electoral y fiscal general de la República”, planteó. Al igual que “promover reformas a la Ley de Comisiones de Postulación en donde se establezca el perfil de los postulantes, procedimientos para calificar y considerar la validez de las objeciones que se presenten en contra de los aspirantes”.
También planteó reformas acerca del rol de las universidades privadas en estos procesos para que su participación sea representativa y no solo para obtener cuotas de poder. “Para garantizar que las universidades que participen en las comisiones de postulación en los procesos de elección no sean universidades fantasmas o de cartón, y que las que participen cumplan con los requisitos éticos y profesionales”, aseguró.
La observación como ejercicio de ciudadanía
La decisión de las autoridades en monitorear las elecciones de segundo grado fue una decisión que se asumió en una asamblea de autoridades indígenas en el municipio de Nebaj, Quiché, en junio de 2025 y en seguimiento al Paro Nacional Indefinido de 2023 y de las observaciones tras las elecciones de las Cortes en 2024.
“No lo hicimos para ser simples espectadores del proceso, sino porque nos consideramos ciudadanos de este país, y por ende tenemos una responsabilidad porque nos interesaba mucho garantizar que el proceso se desarrollara de manera transparente, y se eligieran a los funcionarios más idóneos”, justificó Milvia Aspuac, maya Kaqchikel, guardiana de títulos de Santiago Sacatepéquez.
A lo largo de los procesos electorales realizaron una serie de actividades como estar presente en las salas de reuniones en donde las comisiones de postulación se reunían; sesiones con observadores internacionales; y la presentación de impugnaciones como se realizó en el caso de la elección del fiscal general en donde se presentaron cinco impugnaciones.
“Aun así, el proceso se caracterizó por ser un proceso muy opaco y poco transparente, limitando la información y la participación de las autoridades indígenas como el caso del Congreso de la República”, denunció Milvia Aspuac.
