Vuelven a Nueva York a hablar de Haití. Pero la fuerza contra las bandas sigue a un quinto de su tamaño, las promesas sin cobrar y la calle sin cambio: llueve otra vez sobre mojado.
Por Josué Fiallo
La semana pasada, en el Consejo de Seguridad, el embajador de Estados Unidos relató la historia de un niño de ocho años a quien las bandas enseñaron a matar perros para enseñarlo, después, a matar personas. Lo rescataron, contó; muchos otros siguen ahí. No es una anécdota: es el rostro de una guerra en la que uno de cada dos pandilleros no ha cumplido la mayoría de edad, y en la que Haití cerró 2025 con 9.063 personas asesinadas. No es el saldo de una guerra declarada. Es el de una paz que nunca llegó.
El Consejo volvió a reunirse sobre Haití, y cuatro voces dibujaron el mapa entero de la crisis: la oficina política de la ONU, la agencia contra la droga y el delito, la enviada para la infancia y el jefe de la fuerza multinacional. El tono no fue de rendición. Por primera vez en años asoma algo parecido a una oportunidad. Ese mismo día se abrió el registro de votantes; semanas atrás se aprobó un presupuesto electoral; ya comenzaron las primeras operaciones contra la infraestructura de las bandas. El aparato existe: una Fuerza de Represión de las Bandas, una oficina de la ONU que la sostiene en lo logístico, una misión política que acompaña la transición. El problema es que una máquina sin combustible no es una máquina. Es un monumento.
La advertencia más honda la trajo la directora de la agencia contra la droga y el delito, recién llegada del terreno. Las bandas, dijo, ya no buscan solo tomar territorio: buscan capturar los sistemas de gobierno y las arterias económicas de las que depende la vida, los corredores de transporte, el combustible, la comida. Cada retén que controlan es una firma de su autoridad. Lo de Haití, resumió, dejó de ser solo una crisis de seguridad para volverse una crisis de gobernanza empujada por el crimen. Y repitió lo que le pidió la gente que conoció allí: no milagros, sino poder viajar sin miedo, ganarse la vida, mandar a los hijos a la escuela. Cosas mínimas que el haitiano de a pie lleva años resolviendo con lo poco que le queda.
Contra ese diagnóstico, los números del despliegue duelen. La fuerza fue autorizada para 5.550 efectivos; han llegado poco más de mil. El cuello de botella no es el mandato, sino la logística de mover tropas y equipo ya prometidos, y un hecho más incómodo: esto no es una operación de cascos azules con financiamiento asegurado, sino una coalición de voluntarios, con soldados de Kenia, Chad, Sri Lanka, Guatemala o El Salvador, y con países como México entrenando a los nuevos uniformados haitianos, pagada por un fondo de aportes voluntarios que vive corto, con decenas de millones en promesas todavía sin cobrar. Pídanse tropas prestadas y dinero donado para una guerra urbana que pocos quieren pelear, y se obtiene esto: un quinto de la fuerza, una fracción de los fondos.
No es que nada ocurra. El jefe de la fuerza detalló una campaña deliberadamente gradual: el 21 de junio, una operación de cerco y registro en Tabarre, con centenares de cócteles molotov destruidos y excavadoras retirando las barricadas con que las bandas marcan territorio; en julio, una incautación de armas entregada a las autoridades; la semana pasada, bajo fuego, el desmantelamiento de un depósito de artefactos incendiarios. Presentó también parámetros medibles para que el propio Consejo evalúe si la fuerza reduce el control de las bandas. Son pasos reales, pero pequeños frente a un enemigo que se adapta más rápido de lo que la fuerza crece. Y no e’ fácil: cada cuadra que se recupera se paga cara.
Y hay una contradicción que la propia sala dejó al descubierto. El Consejo decretó un embargo de armas y lo renovó, pero el tráfico sigue casi sin freno. Haití no fabrica armamento: los fusiles de tipo militar que arman a las bandas llegan de fuera, sobre todo desde el norte. Rusia lo dijo en voz alta y señaló a Estados Unidos como principal origen; Pakistán y México prefirieron reclamar controles más estrictos y una aplicación de veras del embargo. El diagnóstico, en el fondo, coincidía: se combate el síntoma en Puerto Príncipe mientras la fuente permanece abierta, y el tráfico no ha cedido ni un chin. El régimen de sanciones, entretanto, apenas ha rozado a un puñado de cabecillas, casi nunca a quienes los financian, los proveen o los amparan. Córtese el dinero y las armas, o cada banda desarticulada hoy volverá mañana.
En el centro de todo late una trampa moral que la enviada para la infancia nombró sin rodeos. Una fuerza con mandato ofensivo, frente a un enemigo que es mitad niños, puede terminar matando, hiriendo o encarcelando a las víctimas que dice querer salvar. Contó lo que vio en un centro de menores de Puerto Príncipe pensado para un centenar de niños y ocupado por casi 600 detenidos, con menores que llevaban hasta ocho años presos sin haber visto jamás a un juez. Más de 570 niños ya fueron entregados a la protección civil, prueba de que se puede; pero el sistema que debería recibir a quienes salgan de las bandas todavía no está montado, y la ofensiva ya empezó. La secuencia va al revés. Y la justicia que debería juzgar tanto los crímenes de las bandas como los abusos de la fuerza está ripiá: cerca del 57 % de los jueces del principal tribunal de la capital abandonaron el país, y la prisión preventiva alcanza el 85 %. Francia celebró las nuevas salas contra los crímenes de masas, pero una sala sin jueces es un cascarón. Seguridad sin justicia no es paz. Es una pausa.
Los desafíos inmediatos tienen nombre y precio. El Secretario General, que visitó Puerto Príncipe hace semanas, puso sobre la mesa un programa de desarme, desmantelamiento y reintegración, por fases, de entre 13,5 y 150 millones de dólares al año, junto a las reformas de la justicia sin las cuales nada se sostiene, y recomienda la opción más completa. Pero las recomendaciones no se financian solas. Entre el déficit de la fuerza, un plan humanitario apenas cubierto en una cuarta parte y el costo del desarme, la aritmética es despiadada: la oportunidad que todos invocan tiene un precio, y hoy no está pagado. Si de veras hay ventana, hay que meter mano ya, no en el próximo informe.
En la sala, las voces formaron un coro con grietas. Panamá, que lleva el expediente junto a Estados Unidos, pidió una respuesta integral y recordó que 1,4 millones de personas ya dejaron sus casas. El Reino Unido puso 7,5 millones de dólares para vigilar que la fuerza respete los derechos humanos. Letonia la llamó un cambio de juego y avisó que las mujeres siguen lejos del 30 % de representación que manda la Constitución. Grecia alertó que el plan humanitario apenas está cubierto en una cuarta parte y pidió cuidado con los drones y las víctimas civiles. China reclamó máxima cautela en el uso de la fuerza y repitió que el futuro de Haití lo deben construir los haitianos, un estribillo que la tríada africana del Consejo hizo suyo. Todos, sin excepción, hablaron de una ventana de oportunidad.
Y ahí la palabra debe dejar de hacer el trabajo del hecho. Durante años, los estados han peregrinado a esta misma sala de Nueva York para anunciar la misma ventana, junto a momentos decisivos y puntos de inflexión que no giraron hacia ningún lado. El lenguaje de la urgencia se volvió rutina, y la rutina, a ratos, pura baba. El Consejo autoriza, mide y renueva, pero no manda la fuerza ni la paga: su instrumento real es el calendario, y el calendario apunta a septiembre, cuando el mandato vuelve a votarse.
Renovarlo no bastará si la distancia entre lo prometido y lo entregado sigue abierta. La prueba de que esta vez es distinta no estará en los discursos. Estará en los aviones que aterricen, en las promesas que por fin se cobren, en los centros de acogida que abran antes de que la ofensiva crezca, en la fecha electoral que al cabo se cumpla.
Aquel niño de ocho años aprendió a matar antes que a leer. Devolverle la infancia, y devolvérsela a los miles que siguen atrapados, no depende de un fracatán de discursos nuevos, sino de que se cumpla lo que ya se firmó. Y mientras tanto, contra todo pronóstico, el pueblo haitiano sigue enchivado. Donde hoy hay una barricada, alguien intenta imaginar una fila para votar. La distancia entre esa barricada y esa fila es, exactamente, la distancia entre lo que el mundo dijo y lo que está dispuesto a hacer. La ventana está abierta. No se quedará abierta sola.
