Desde febrero, los pobladores han denunciado invasión a tierras comunales para la instalación de unas torres de transmisión eléctrica sin consulta previa a la comunidad.
Colectivos y organizaciones sociales solicitaron a los diputados del Congreso que no se dé trámite a las iniciativas de ley 6665 y 6712 porque es un riesgo para las comunidades.
Por Juan Bautista Xol
Las autoridades indígenas de El Pilar 1 de San Juan Sacatepéquez, se concentraron frente al Palacio Nacional de Guatemala el 15 de julio pasado para exigirle al gobierno de Bernardo Arévalo que intervenga en la intromisión que realizó la empresa Transportadora de Energía de Centroamérica S.A (TRECSA) en las tierras comunales.
En una conferencia de prensa, indicaron que han denunciado el uso de la fuerza de parte de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público (MP); sin embargo, hasta la fecha ninguna institución se ha interesado en atender las demandas, por lo que indicaron que debe ser el presidente Arévalo quien escuche a la comunidad.
“Exigimos al presidente que ya no se utilice la fuerza pública en contra de las autoridades ancestrales y al pueblo indígena de El Pilar 1”, indicaron las autoridades.
Las autoridades indígenas recordaron que desde febrero de este año y hasta la fecha, han estado enfrentado varias amenazas de parte del personal de la empresa que en varias ocasiones ingresan usando la fuerza pública del Estado en las tierras comunales que defiende la población y sus autoridades.
La población de El Pilar 1, mantiene una lucha de resistencia por la defensa de sus tierras desde febrero de este año, ante la empresa TRECSA que pretende instalar sus bases y pasar el cableado de la misma dentro de la comunidad. Ante esa situación, la población se mantiene en resistencia porque aseguran que lo que busca la empresa es apropiarse de las tierras y privatizar las áreas donde cultivan los pobladores.
También aseguraron que desde el inicio de la actividad de TRECSA en el Pilar 1, no tuvo acercamiento con las autoridades indígenas, tampoco realizaron una consulta comunitaria a la población que garantice el acceso de la empresa en las tierras comunales.
No consultaron a la comunidad, y nuestra preocupación es que a futuro se dañen nuestros cultivos y que se privatice nuestras tierras, explicaron las autoridades ancestrales.
Contra las iniciativas 6665 y 6712
Mientras tanto, las organizaciones, colectivos y representantes de comunidades indígenas emitieron un comunicado el 14 de julio, donde indicaron sus preocupaciones ante las amenazas que recibe la población de El Pilar 1, y los daños que podría ocasionar la instalación de bases de electricidad en las tierras comunales.
En ese comunicado solicitaron a los diputados del Congreso que no se dé trámite a las iniciativas de ley 6665 y 6712, dos proyectos que buscan agilizar la infraestructura eléctrica, simplificando trámites ambientales, licencias municipales y permisos de servidumbre.
Aprobar las dos iniciativas sería un riesgo para las comunidades porque las empresas privadas tendrían derechos sobre las tierras comunales defendidas históricamente.
“La iniciativa pretende favorecer a las empresas privadas y transportadoras de electricidad, que buscan pasar en los territorios comunales violentando los derechos humanos, criminalizando a defensores hasta despojarlos de ellas”, mencionaron las organizaciones en el comunicado.
Hicieron un llamado a los pueblos y comunidades indígenas para estar en alerta ente la aprobación de las nuevas leyes, y a los diputados pidieron recordar el juramento que realizan al momento de tomar posesiones, que es servirle a la población y no a los extranjeros, asimismo, pidieron al Ministerio de Ambiente realizar las evaluaciones necesarias y dar a conocer los daños que podría ocasionar TRECSA en la comunidad y al Ministerio Público pidieron atender las demandas de la población.
