Por Juan José Hurtado Paz y Paz
El 1 de julio de 2026 fue un día trágico para la Universidad de San Carlos (USAC) y para toda Guatemala. Con la toma de posesión de Walter Mazariegos para un nuevo período como rector, se dio un paso más hacia la consolidación de un proceso ampliamente cuestionado desde su origen, marcado por graves irregularidades y por la exclusión de electores legítimos. Se confirma, una vez más, que en Guatemala pueden imponerse decisiones carentes de legitimidad aun cuando existan abundantes evidencias de las violaciones cometidas y numerosas voces que las denuncien.
La gestión de Mazariegos ha significado un profundo deterioro de la vida académica, de la autonomía universitaria y de la institucionalidad sancarlista. Pero reducir el conflicto a esos aspectos sería insuficiente. Lo que está en juego no es únicamente quién dirige la universidad pública, sino el control de un importante espacio de poder político. La Universidad de San Carlos participa en diversos órganos del Estado, tiene presencia en procesos de elección de altas autoridades, influye en la formación de profesionales y constituye un referente histórico de pensamiento crítico. Quien controla la universidad adquiere también una cuota significativa de poder en la disputa por el rumbo del país. Eso explica por qué quienes hoy usurpan cargos dentro de la USAC se aferran a ellos de manera tan burda y descarada.
Por esa razón, este conflicto no es solo universitario, sino que nos incumbe a todas y todos. Es una expresión más de la captura de instituciones que ha erosionado lo poco de democracia que se ha venido construyendo después de la Firma de la Paz y que ha costado tanto sacrificio. Cuando la legalidad puede ser sustituida por la imposición, el problema deja de ser una persona o una administración específica. Lo que entra en crisis es la confianza ciudadana en que las instituciones existen para garantizar derechos y no para proteger intereses particulares.
Frente a ello, miles de estudiantes, docentes, profesionales y ciudadanos han resistido con dignidad. Han documentado las irregularidades, presentado recursos legales, organizado manifestaciones, producido análisis rigurosos y mantenido viva la defensa de la universidad pública. Esa resistencia ha sido necesaria. Sin ella, la arbitrariedad habría encontrado aún menos obstáculos.
Guatemala se caracteriza por su capacidad de resistencia secular, surgida desde el momento mismo de la invasión. Eso nos inspira y nos da fuerza. Pero resistir, por sí solo, no basta. Debemos cambiar las cosas. La lucha es meritoria, pero debemos llegar a resultados claros. La transformación inmediata es construir democracia verdadera.
Transformar no consiste únicamente en sustituir a unas personas por otras. Significa cambiar las reglas del juego para que nadie pueda apropiarse nuevamente de las instituciones. Significa fortalecer la ciudadanía, democratizar las decisiones públicas, transparentar el ejercicio del poder y construir organizaciones sociales capaces de defender el interés común más allá de las coyunturas.
Está sobradamente demostrado que quienes tienen el poder no renuncian a sus privilegios por voluntad propia. Sin lucha de algún tipo, no es posible. Toda conquista democrática ha requerido organización, movilización, perseverancia y la construcción de una fuerza social capaz de impulsar el cambio.
Cuando las instituciones han sido capturadas, los argumentos jurídicos y éticos continúan siendo indispensables, pero dejan de ser suficientes. El poder solo cambia cuando cambia la correlación de fuerzas que lo sostiene. Ese es el gran reto: construir verdadera fuerza social y política para cambiar.
Esa es una lección que trasciende la Universidad de San Carlos. También explica por qué tantas luchas sociales parecen avanzar lentamente. Con frecuencia, depositamos nuestra esperanza en que la evidencia, la razón o el derecho convencerán a quienes toman decisiones. Sin embargo, cuando esas decisiones responden a intereses de poder, la lógica es otra.
No basta con tener la razón; es necesario construir la fuerza social capaz de convertir esa razón en una realidad.
Eso no significa abandonar la construcción y defensa de la institucionalidad democrática. Todo lo contrario. Significa comprender que la democracia no se reduce a procedimientos electorales ni a recursos judiciales. Democracia es una manera de distribuir el poder para impedir que vuelva a concentrarse en unas pocas manos. La democracia se construye cada día mediante ciudadanía organizada, participación consciente, instituciones independientes, comunidades que deliberan y personas dispuestas a asumir responsabilidades colectivas. Sin organización social, la democracia termina siendo una forma vacía que puede ser ocupada por quienes mejor controlan las estructuras del poder.
Desde la cosmovisión maya, el horizonte tampoco es la resistencia permanente. Cuando se rompe el equilibrio y la armonía, la tarea de la comunidad consiste en restablecerlos. La justicia exige denunciar el desequilibrio, pero también reconstruir las condiciones que hacen posible una convivencia basada en el equilibrio y la armonía. Resistir evita que la injusticia se naturalice; transformar hace posible recuperar el equilibrio.
Hoy, mientras se consuma un nuevo episodio de deterioro institucional en la Universidad de San Carlos, la preocupación principal es cómo construiremos la fuerza democrática capaz de impedir que continúe ocurriendo. Hoy es la USAC, mañana es el país entero. Cuando la captura del poder logra consolidarse sin consecuencias, ninguna institución democrática permanece a salvo.
Resistir es indispensable cuando la injusticia pretende imponerse. Pero ningún pueblo puede conformarse con resistir indefinidamente. Su horizonte debe ser transformar las condiciones que permiten la injusticia. El camino es construir verdadera democracia; una democracia donde el poder esté al servicio del bien común y no de intereses particulares; donde la ciudadanía organizada sea más fuerte que quienes buscan capturar las instituciones; donde la diversidad sea fuente de unidad y no de división. El reto es construir democracia y eso solo es posible con unidad en la diversidad, anteponiendo los intereses de país por encima de intereses personales o de grupo. Tenemos que construir no sobre la base del olvido o de la resignación, sino sobre los cimientos de una democracia real en la que participa por una ciudadanía consciente, organizada y comprometida con el bien común. Sólo así dejaremos de celebrar nuestra capacidad de resistir para comenzar a celebrar nuestra capacidad de transformar Guatemala.
