Los observadores internacionales que acompañaron los procesos de elección en nuestro país coincidieron en que hubo avances en el relevo institucional de este año, pero advirtieron que persisten las presiones de grupos de poder y las debilidades estructurales que afectan la independencia de las designaciones.
Por Alexander Valdéz
En el marco de la finalización de los procesos de renovación de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Corte de Constitucionalidad (CC) y la designación de la nueva jefatura del Ministerio Público (MP), Impunity Watch Guatemala llevó a cabo el “Foro Lecciones aprendidas de los procesos de elección 2026”, en el que los observadores internacionales advirtieron que los grupos de poder que han influido en estas decisiones mantuvieron su capacidad de incidencia en estos procesos de segundo grado.
Carlos Ayala, observador de la Organización de los Estados Americanos (OEA), señaló que el balance deja luces y sombras. Por un lado, reconoció avances en comparación con procesos anteriores; pero lamentó que no se lograra contener la influencia de actores que, a su criterio, no reunían las condiciones idóneas para ocupar esos puestos.
También cuestionó la metodología utilizada en algunas entrevistas a candidatos, las cuales calificó de superficiales. “Se ponía en ON al candidato por unos minutos e iban corriendo al próximo, al próximo…”, comentó al describir procedimientos que, según dijo, dificultaron una evaluación rigurosa de los perfiles.
Para Jose Ugaz, exintegrante del Panel de Expertos Independientes (PEI), los acontecimientos de 2026 confirmaron los problemas estructurales que arrastra el sistema de Comisiones de Postulación. El exfiscal peruano afirmó que hubo intentos de influir en las designaciones de la CC y del MP hasta las etapas finales de los procesos.
Aun así, consideró que los resultados evitaron escenarios más adversos. “Pudo ser mejor, pero pudo ser mucho peor”, expresó. Ugaz también identificó otro factor que, según él, condicionó las postulaciones: el temor. El riesgo de enfrentar procesos de criminalización o represalias habría desalentado la participación de profesionales que podían aportar perfiles sólidos e independientes.
La exfiscal general Claudia Paz y Paz, directora para Centroamérica y México de CEJIL, coincidió en que el miedo fue uno de los obstáculos más importantes. Además, señaló la existencia de conflictos de interés dentro de algunos procesos y mencionó la influencia de instituciones cuestionadas, entre ellas la Universidad de San Carlos (USAC), en determinados procesos. Destacó el papel que desempeñaron organizaciones sociales, sectores académicos y la prensa independiente, cuyo seguimiento permanente permitió documentar irregularidades y generar interés social.
Por aparte, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, cerró el análisis con un reconocimiento a la participación ciudadana que acompañó las elecciones de segundo grado. A su juicio, la vigilancia ejercida por distintos sectores de la sociedad fue un elemento fundamental para fortalecer la transparencia y resguardar los principios democráticos.
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Procesos aún continúan
La renovación de autoridades en instituciones clave no ha concluido del todo. Aunque ya hubo relevos en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Corte de Constitucionalidad (CC) y el Ministerio Público (MP), aún permanece en disputa la elección de rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), un proceso señalado por presuntas irregularidades.
De hecho, Walter Mazariegos replicó la fórmula de 2022 para asegurar su continuidad al frente de la universidad. Su designación sigue bajo discusión en distintas instancias judiciales y también enfrenta cuestionamientos en la Contraloría General de Cuentas (CGC), donde se ha señalado que no cuenta con el finiquito requerido para asumir el cargo el próximo 1 de julio.
A ello se suma el proceso de renovación de autoridades en la propia Contraloría General de Cuentas. La entidad fiscalizadora será determinante para garantizar condiciones de transparencia de cara a las elecciones generales previstas para 2027.
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