La mina Fénix Nickel, antes conocida como CGN y Pronico, ubicada en El Estor, Izabal, retomó sus operaciones bajo una nueva estructura administrativa vinculada a Estados Unidos, mientras siguen sin cumplirse las consultas comunitarias ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteCIDH ) a favor de comunidades maya Q’eqchi’ afectadas por el proyecto minero.
Por Rony Ríos
A pesar de años de resistencia comunitaria y de acciones legales que buscaban frenar la actividad minera en El Estor, Izabal, sin consulta a las comunidades, la mina Fénix Nickel reactivó sus operaciones tras una reorganización empresarial que trasladó su administración a una estructura vinculada con Estados Unidos.
El proyecto, sigue relacionado con el grupo Solway, volvió a operar luego de un periodo marcado por sanciones internacionales, conflictividad social y procesos judiciales por la falta de consulta a comunidades indígenas Q’eqchi’. Las sanciones respondieron a la corrupción en el sector minero en Guatemala.
La empresa anunció el reinicio del procesamiento de ferroníquel y la recuperación gradual de sus actividades extractivas. El proyecto era administrado por la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y la Procesadora de Níquel (Pronico), compañías que quedaron bajo observación internacional desde 2022, cuando el gobierno de Estados Unidos sancionó a empresarios rusos vinculados con Solway.
Las sanciones impactaron las exportaciones y operaciones de la mina, considerada una de las principales productoras de níquel en Guatemala. Posteriormente, la administración del proyecto fue reorganizada mediante entidades vinculadas a Estados Unidos y comenzó a operar bajo el nombre comercial de Fénix Nickel sin que se haya conocido ningún proceso de venta de los derechos mineros como ocurrió en 2011.
Sin embargo, el reinicio de operaciones ocurre mientras siguen pendientes varias obligaciones internacionales relacionadas con los derechos de las comunidades indígenas de la región, ya que, desde mayo de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteCIDH ) emitió una sentencia en el caso de la Comunidad Indígena Maya Q’eqchi’ Agua Caliente Lote 9 contra el Estado de Guatemala.
En esa resolución, la CorteCIDH concluyó que el Estado violó derechos colectivos de las comunidades indígenas al autorizar actividades mineras sin garantizar procesos adecuados de consulta previa, libre e informada.
Pie para el documento: La sentencia de la CorteCIDH fue emitida en mayo de 2023
Como parte de la sentencia, la Corte ordenó realizar consultas comunitarias de buena fe en los municipios afectados por el proyecto minero: El Estor, Panzós, Cahabón y Senahú, que abarcan a los municipios de Izabal y Alta Verapaz. Organizaciones comunitarias y autoridades indígenas han señalado que estos procesos todavía no se han concretado.
De acuerdo con una publicación de Prensa Libre, la inversión es de US$85 millones para la operación, la cual comenzó con pruebas de las máquinas desde marzo en El Estor. La operación completa arrancará en junio con la extracción de Ferroníquel que será exportado hacia Taiwán y de ahí a Estados Unidos.
Lea: La investigación que desnudó al gigante minero en Guatemala
Una historia marcada por la conflictividad
El proyecto Fénix se ha convertido en uno de los principales focos de conflictividad social en Izabal durante las últimas décadas. Comunidades Q’eqchi’, pescadores artesanales y organizaciones sociales han denunciado contaminación en el lago de Izabal, criminalización de líderes comunitarios y afectaciones a sus territorios, mientras la empresa sostiene que la mina genera empleo e inversión para la región.
Uno de los momentos más tensos ocurrió en 2021, cuando pescadores, autoridades ancestrales y comunidades Q’eqchi’ tomaron durante tres semanas la carretera utilizada por la mina para exigir que se respetara la suspensión ordenada por la Corte de Constitucionalidad (CC) y que fueran incluidos en el proceso de preconsulta comunitaria.
Las protestas terminaron con un fuerte operativo policial y militar impulsado por el gobierno de Alejandro Giammattei, que decretó estado de sitio en El Estor. Desde donde organizaciones de derechos humanos denunciaron entonces el uso excesivo de la fuerza, allanamientos y agresiones contra periodistas y manifestantes.
La conflictividad alrededor de la mina se remonta, al menos, a 2006, cuando comunidades Q’eqchi’ denunciaron desalojos violentos, quema de viviendas y agresiones vinculadas al avance del proyecto extractivo.
Además, pescadores y pobladores de El Estor han señalado durante años supuestos daños ambientales en el lago de Izabal, especialmente tras el episodio ocurrido en 2017, cuando el agua presentó una coloración rojiza que provocó nuevas protestas comunitarias.
La disputa legal y social alrededor del proyecto gira principalmente en torno al derecho de consulta de los pueblos indígenas porque en 2019, la CC suspendió temporalmente la licencia minera al concluir que el Estado autorizó las operaciones sin consultar adecuadamente a las comunidades afectadas, un argumento que posteriormente también fue retomado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Agua Caliente Lote 9.
Interés estadounidense
En 2022, EE. UU. impuso sanciones a empresarios rusos vinculados a la mina Fénix en Guatemala, señalando a una red de corrupción rusa. Un año después, las sanciones fueron levantadas, revelando un creciente interés estadounidense en el níquel, un recurso estratégico que pondría al país norteamericano en directa competencia con China.
Solway Investment Group creó Fénix Nickel Company LLC. para gestionar las operaciones mineras en El Estor, Izabal, desde Estados Unidos, y con grandes inversiones planeadas. Las operaciones se comienzan a materializar con el anuncio de la reapertura de la mina.
