Néctor Guilebaldo de León es parte de la nómina de aspirantes a fiscal general del Ministerio Público y en su historial como magistrado de la Sala Cuarta de Apelaciones aparece una resolución con la que encarceló a exfiscales del caso Comisiones Paralelas 2020.
Por Alexander Valdéz
El exmagistrado Néctor Guilebaldo de León fue el sexto en ingresar en la lista de aspirantes del Ministerio Público (MP), en una intensa disputa por incluir a Consuelo Porras. Pero su nombre no pasa desapercibido. Es recordado por haber favorecido con libertad a la exmagistrada Blanca Stalling o por haber cerrado el caso del exdiputado Orlando Blanco, en un caso de supuesto financiamiento irregular del partido UNE de Sandra Torres durante las elecciones de 2015.
Su récord como magistrado de la Sala Cuarta de Apelaciones no termina ahí. En los últimos meses de una magistratura prolongada, firmó una resolución que ordenó encarcelar y agregar un delito más grave a exfiscales que investigaron el caso conocido como Comisiones Paralelas 2020, pese a que el juez tercero Geisler Pérez había decretado falta de mérito (liberándolas del caso) por abuso de autoridad y ordenado su libertad más un proceso por un hecho menos grave.
Ese último fallo data del 25 de mayo de 2022, cuando conoció una apelación del Ministerio Público de Consuelo Porras y respaldó su petición, revocando la falta de mérito y ordenando procesar a Paola Escobar y Aliss Morán. Ambas tuvieron a su cargo el caso que evidenció el amaño en la elección de cortes, pero con el desmantelamiento del MP y la FECI fueron encarceladas y procesadas.
Fue por ese fallo que ambas estuvieron sometidas a prisión durante meses en el Preventivo de la zona 18. A raíz de esto, las exintegrantes de la antigua FECI, junto a su excompañero Willy Racanac, se vieron forzados a salir del país y exiliarse, donde aún esperan que algún día cese el proceso de criminalización y puedan regresar a su país.
¿Quién es Néctor Guilebaldo de León?
Por segunda vez consecutiva es parte de la lista final, aunque en este proceso fue calificado con 79.69 y fue respaldado por 11 comisionados. En la Sala Cuarta de Apelaciones fungió como magistrado presidente de 2014 a 2023. También integró como suplente el pleno de la Corte Suprema de Justicia, desde 2016, donde participó en decisiones de alto impacto, avalando en 2020 el trámite del antejuicio contra los entonces magistrados de la CC, Francisco de Mata Vela y Gloria Porras.
También fue cuestionado por fallos como la excarcelación de la exmagistrada Blanca Stalling, decisión por la que fue denunciado por la posible comisión del delito de prevaricato por el abogado Alfonso Carrillo.
El caso de criminalización
La persecución contra este grupo de exfiscales tuvo origen en una denuncia presentada por Dennis Herrera, un abogado señalado en las investigaciones del caso Comisiones Paralelas 2020. En ese expediente, fue vinculado con maniobras para incidir, junto al entonces juez Mynor Moto, en el proceso de elección de cortes, con el objetivo de favorecer a abogados y operadores de justicia que figuraban en investigaciones por presunta corrupción.
Al recuperar su libertad, Herrera denunció a las fiscales que habían investigado ese caso. Esa denuncia se convirtió en la base para abrir procesos penales contra integrantes de la antigua FECI de Juan Francisco Sandoval.
A partir de ahí se inició el proceso de criminalización. Las exfiscales anticorrupción fueron encarceladas, enfrentaron procesos y, posteriormente, abandonaron el país y se exiliaron. Lo que comenzó con una denuncia del propio investigado terminó convirtiéndose en uno de los procesos de persecución contra operadores de justicia.
La lista de las seis candidaturas
El pasado martes, la presidencia de la República recibió la lista final de aspirantes en las que figuran otros cinco aspirantes, al menos tres de ellos también enfrentan cuestionamientos por vínculos políticos o fallos que liberaron de procesos penales a actores como Alvaro Arzú o los familiares del expresidente Jimmy Morales.
Por ejemplo, Beyla Estrada es recordada por fallos que beneficiaron a exdirectivos del IGSS, al hijo y hermano del expresidente Jimmy Morales, así como por decisiones favorables para Gustavo Alejos y el fallecido exalcalde Álvaro Arzú. También figura César Augusto Ávila, magistrado suplente de Zacapa, vinculado al entorno del exrector Estuardo Gálvez y familiar del exdiputado Baudilio Hichos.
A ellos se suma Julio Rivera Clavería, un excandidato presidencial del partido Mi Familia, cuyo secretario fue capturado por estafa. Como exviceministro de Gobernación, exdirector de Presidios y exsecretario de la CSJ, también estuvo rodeado de cuestionamientos, incluidos señalamientos de la CICIG por presuntos vínculos con la Red Moreno, una organización que se dedicaba al contrabando, proceso del cual surgió el denominado La Línea del 2015.
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