La integración de la nueva Corte de Constitucionalidad avanza con una correlación de fuerzas que podría mantener el equilibrio político que ha predominado en el tribunal durante los últimos años. Aunque el presidente Bernardo Arévalo aún no designa al magistrado que corresponde al Ejecutivo, los nombramientos realizados por el Congreso, la Corte Suprema de Justicia, el Colegio de Abogados y la Universidad de San Carlos ya permiten anticipar un tribunal con fuertes continuidades institucionales.
Por Rony Ríos
La integración de la próxima Corte de Constitucionalidad (CC) empieza a trazar un escenario que se podría adelantar como de continuidad del equilibrio político que ha predominado en los últimos cinco años. Aunque la persona que designará el presidente Bernardo Arévalo aún no ha sido anunciada, las cuatro instituciones que ya lo hicieron permiten anticipar un tribunal que mantenga buena parte de la correlación de fuerzas existente en el sistema político y judicial. El Ejecutivo dará a conocer el nombre de sus designados el 13 de marzo.
Las designaciones del Congreso, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) y el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos han ido delineando la estructura del tribunal constitucional que resolverá, durante el periodo 2026 – 2031, conflictos entre poderes del Estado, controversias electorales, territoriales, extractivismo y procesos de alto impacto político.
Expectativas sobre el comportamiento de la Corte
El abogado constitucionalista Rodolfo Rohrmoser dijo que, ante la integración de la nueva magistratura, lo fundamental será observar el grado de independencia con que actúen los magistrados.
“Esperamos que cumplan con la ley. Por lo que se ha visto pareciera ser que va a haber inclinación hacia algún sector, pero esperamos que haya la menor influencia posible de gente ajena a la Corte en relación con el cumplimiento del deber”, indicó.
Sobre el posible nombramiento del abogado constitucionalista Gabriel Orellana, como representante del Ejecutivo, Rohrmoser dice que se trataría de un perfil con trayectoria en el derecho constitucional. “De confirmarse, Gabriel sería un excelente magistrado”, agregó.
La eventual designación de Orellana también ha abierto lecturas sobre las continuidades históricas dentro del sistema político. El analista político José Alfredo Calderón considera que su nombramiento podría implicar la presencia de tres magistrados con vínculos pasados con el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), una de las fuerzas políticas que dominó la escena política nacional durante la década de 1990 y principios de los 2000.
“Si el Ejecutivo termina nombrando a Gabriel Orellana tendríamos a tres ex FRG, lo cual sería terrible”, dijo Calderón.
Para el historiador y analista político, aún con la designación pendiente del Ejecutivo, la correlación interna del tribunal ya estaría bastante definida. “El marcador es 2-3 mínimo. Orellana podría ser un aliado circunstancial, no necesariamente incondicional”, agregó.
La correlación que se anticipaba
En tanto, el politólogo Luis Fernando Mack dijo que la configuración que se observa en la Corte no resulta sorpresiva para quienes seguían el proceso de designación.
“La configuración de la Corte iba a estar cuesta arriba. Donde se tenía dudas era en el Congreso; de las demás instituciones no había duda”, anotó.
Para Mack, la correlación que se anticipaba desde el inicio del proceso apuntaba a un escenario complejo para quienes esperaban un cambio sustancial en el comportamiento del tribunal constitucional, aunque consideró que se sabía que la correlación iba a ser negativa.
¿Continuidad o balance?
No todos los analistas coinciden en que la nueva Corte reproducirá exactamente la dinámica de la actual. La analista en seguridad y justicia Carmen Rosa de León considera que la configuración que se perfila podría introducir ciertos matices dentro del tribunal.
“No es la misma conformación que la actual, donde todos, a excepción de un suplente, decidían lo mismo”, señaló.
De León dice que, dependiendo de cómo se comporten algunos magistrados, podrían surgir resoluciones menos alineadas. “Tal y como está ahora, por lo menos habría dos perfiles que se ajustan más a la independencia judicial”, explicó.
Según su lectura, la magistratura designada por la Universidad de San Carlos podría convertirse en un punto de equilibrio dentro de la Corte. “La seleccionada por la USAC puede ser un balance, puede ser intermedia entre los que continúan y los nuevos”, indicó.
En ese escenario, considera posible que el tribunal deje de funcionar como un bloque monolítico. “No va a ser esta CC aplanadora”, dijo, previo a señalar que se prevé que la jueza Julia Marisol Rivera Aguilar, designada por la USAC como magistrada, podría dar balance a las resoluciones de la CC.
Un tribunal con influencia creciente
Durante los últimos cinco años la Corte de Constitucionalidad ha ampliado su intervención en temas políticos e institucionales. Sus resoluciones han influido en procesos electorales, disputas entre poderes del Estado y controversias dentro del sistema judicial.
De León señala que ese comportamiento ha sido objeto de críticas por parte de diversos sectores. “Hemos visto a una Corte que no respeta la separación de poderes”, indicó, recordando incluso episodios que generaron cuestionamientos públicos, como la resolución que permitió la elección de magistrados en el Congreso y que fue firmada por el propio Roberto Molina Barreto, que posteriormente resultó electo.
El politólogo Mack coincide en que el papel del tribunal ha crecido con el tiempo. “La Corte cada vez se mete más en cosas que no le competen, pero la pregunta es ¿quién detiene a la Corte?”, señaló.
Mack advierte que es altamente probable que en el próximo proceso electoral la Corte tenga que resolver temas relacionados con candidaturas y como ya se ha hecho anteriormente ratifique el bloque de ciertos aspirantes o revoque el rechazo de otros.
Los próximos procesos de poder
Además de la integración de la Corte, el sistema político guatemalteco atraviesa una serie de procesos de elección de segundo grado que definirán instituciones clave del Estado.
Entre ellos: la renovación de las magistraturas del Tribunal Supremo Electoral, la designación del próximo o próxima fiscal general del Ministerio Público; la elección de la nueva rectoría de la USAC y la elección del próximo contralor o contralora.
En ese escenario, Calderón considera que estos procesos están interconectados. “Todos los caminos conducen a Roma. Los mecanismos ya están establecidos. Cambian las personas, pero seguirá siendo lo mismo”, dijo el historiador.
Mientras que De León observa con especial preocupación la elección del Tribunal Supremo Electoral, ya que “la lista de candidatos a magistrados del TSE no tiene muchos nombres honorables. Eso pone en condicionamiento el nuevo proceso electoral”, indicó.
De León también señala que la renovación institucional podría generar cambios si se combinan varios factores. “Al haber un cambio en la CC, en la USAC y un nuevo fiscal general, eso podría limpiar el ambiente”, dijo, aunque advirtió que el sistema de justicia continúa atravesando una profunda crisis.
“El cambio en el Ministerio Público urge; ha sido el engranaje de la cooptación del sistema de justicia”, señaló De León.
Conformación al 80%
La mitad de los magistrados ya designados son reelectos, esta vez por el Congreso de la República y la CSJ, eligieron a Roberto Molina Barreto y a Dina Josefina Ochoa como titulares y a Luis Rosales y Claudia Paniagua en la suplencia Las cuatro caras nuevas fueron designadas por el CANG y el CSU, que nombraron a Astrid Lemus y a Julia Marisol Rivera como titulares y a Luis Fernando Bermejo y José Luis Aguirre Pumay como suplentes.
Roberto Molina Barreto
Es quizás el magistrado que más resoluciones polémicas ha firmado, ya que en sus tres períodos favoreció a políticos señalados de corrupción, pandilleros, narcotraficantes, entre otros. A eso se suman sus vínculos con políticos, líderes religiosos y militares.
El magistrado es hijo de Roberto Molina Baca, uno de los abogados que integró la Asamblea Nacional Constituyente de 1964 durante el gobierno del régimen dictatorial de Miguel Ydígoras Fuentes -apoyado en esa época por Estados Unidos-. en un contexto de fuerte alineamiento con la política anticomunista del régimen militar. Esa herencia política e ideológica ha sido mencionada en estudios históricos sobre el período.
En 2003, según investigaciones de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), dirigida por Juan Francisco Sandoval, el nombre de Molina Barreto aparece como notario en empresas asociadas con Gustavo Herrera, identificado como cabecilla de la estructura señalada dentro del caso Fénix. Las empresas Fabricación de Químicos S. A. y Jakyll Properties S. A. están bajo investigación por su vinculación al desfalco de Q350 millones del IGSS, que afectó a miles de jubilados al desviar fondos destinados a vivienda social.
Su debut en la política se dio en 2005, cuando el expresidente Óscar Berger de la Gran Alianza Nacional (GANA) -vinculado a un sector de la élite económica del país- lo nombrara procurador General de la Nación. En 2006, Berger volvió a apostar por Molina Barreto y lo designó magistrado titular de la CC para el periodo 2006-2011.
En 2013 fue el voto clave para anular la sentencia en contra del exjefe de Estado, general Efraín Ríos Montt, quien fue declarado culpable del genocidio de 1,771 pobladores Ixil durante el Conflicto Armado Interno. Ríos Montt fundó el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), partido con el que se postuló a la presidencia y con el que llevó a Zury Ríos al Congreso de la República como diputada.
En 2015, en su segundo periodo como magistrado de la CC, Molina Barreto votó a favor de mantener la inmunidad al expresidente Otto Pérez Molina, señalado dentro del caso de defraudación aduanera La Línea, por el cual en 2022 fue condenado a 16 años de prisión.
Molina Barreto retomó su carrera política en 2018 y lo volvió a hacer de la mano de la hija del general Ríos Montt, Zury Ríos Sosa; el magistrado se postuló como vicepresidente del partido Valor, pero la CC de esa época botó la candidatura de Ríos Sosa por considerar que tenía impedimento constitucional por su grado de consanguinidad con un exjefe de Estado.
En 2020, tras su aventura política, Molina Barreto regresó a la CC, esta vez designado por la CSJ, un año más tarde decidió votar a favor de juramentar como magistrado al juez Mynor Moto y conocer un amparo que involucra a la empresa Tigo en el caso Subordinación de Poderes, pese a que su hija laboraba en la empresa.
Además, en 2023, Molina Barreto firmó la resolución que evitaba que Reyes Baltazar -brazo operativo del Cártel de Sinaloa- y Fernando Javier Ramírez afrontaran juicio por comercio, tráfico y almacenamiento ilícito y asociación ilícita.
Un año más tarde, volvió a favorecer con sus resoluciones a señalados de estar vinculados con el narcotráfico; esa vez, para devolver la inmunidad a la jueza Mirna Yarakia Ovando Arias a quien se le señalaba de emitir resoluciones falsas para liberar al narcotraficante mexicano Ramón Antonio Yañez Ochoa.
Ese mismo año, la CC, integrada por Molina Barreto, favoreció al alcalde Exadillas Dionel Ramos Aguilar y evitó que fuera investigado por los delitos de abuso de autoridad, conspiración, comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, lavado de dinero, y asociación ilícita.
En 2025, Molina Barreto avaló una resolución que vinculó a proceso a implicados en narcotráfico que usaban empresas de mensajería, pero omitió juzgarlos por delitos más graves como asociaciones delictivas.
Asimismo, el magistrado firmó un fallo que benefició a integrantes de la pandilla Barrio 18, entre ellos Aldo Dupie Ochoa, alias el “Lobo’’, para evitar su traslado a una prisión con mayor seguridad.
En la actual magistratura también participó en resoluciones que ordenaron al Congreso continuar sesiones para elegir magistrados de la CC -pese que el plazo fatal vencía el 14 de marzo-, una decisión que el Ejecutivo y varios diputados calificaron como intervención indebida entre poderes.
Dina Josefina Ochoa Escribá
Su paso por la CC ha estado rodeado de críticas políticas e ideológicas, más que de un solo fallo específico. Fue designada originalmente por el Ejecutivo en 2016, durante el Gobierno de Jimmy Morales, y reelecta en 2021 por el Congreso de la República.
Durante su período como magistrada, Ochoa participó en varias resoluciones relacionadas con procesos electorales y disputas institucionales que favorecieron a actores políticos conservadores dentro del sistema.
Ochoa es una abogada evangélica neopentecostal presentada como profeta en actividades religiosas, pero que en muchas de sus resoluciones ha acompañado a Molina Barreto para favorecer a personas señaladas de narcotráfico y que intentó favorecer al juez Moto ordenando su juramentación.
Durante su primer periodo respaldó la expulsión de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y del comisionado Iván Velásquez. Ahora, junto a otros magistrados titulares, también firmó resoluciones que anularon o frenaron decisiones del gobierno de Bernardo Arévalo y del propio Congreso.
Además, en 2015 fue parte de la Sala de Apelaciones que resolvió no trasladar a Ríos Montt al hospital psiquiátrico Federico Mora luego de que el exjefe de Estado y su defensa adujeron incompetencia para afrontar un proceso penal por deterioro mental. Gracias a esa resolución Ríos Montt permaneció bajo arresto domiciliario.
Claudia Paniagua
Su elección estuvo vinculada a una alianza política y gremial con el magistrado Nester Vásquez, que jugó un papel clave en su llegada a la CC. Desde entonces, Paniagua se ha integrado sin fisuras al bloque mayoritario del tribunal, alineándose de forma consistente con al menos ocho de los magistrados que han votado en un mismo sentido en las resoluciones más controvertidas.
Paniagua respaldó a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en la solicitud para reactivar el proceso penal contra periodistas y columnistas de elPeriódico.
En 2024 fue señalada por el Departamento de Estado de Estados Unidos por presunta corrupción al aceptar sobornos para emitir fallos favorables desde la CC. El señalamiento está vinculado al caso de Jorge Mondal Chew, relacionado con la presidencia del Banco de los Trabajadores (Bantrab).
Debido a estos señalamientos fue incluida en listas de actores corruptos y antidemocráticos, lo que implica restricciones de ingreso a Estados Unidos.
Luis Rosales Marroquín
Es el magistrado con menos historial de fallos polémicos dentro de la CC, en parte porque su papel ha sido principalmente como suplente.
Rosales fue abogado defensor del exjefe de Estado Ríos Montt durante el juicio por genocidio y posteriormente llegó al Congreso como diputado electo por el Frente Republicano Guatemalteco (FRG) para el periodo 2000-2004, donde integró la Junta Directiva del Congreso como segundo vicepresidente y presidió la Comisión de Derechos Humanos.
Su trayectoria va desde el 2008 al 2015 como asistente de distintas secretarías en el Congreso de la República y asesorando diputados y bancadas. En este periodo intercaló sus funciones como fiscal electoral del FRG en 2011.
Rosales también acompañó a Zury Ríos Sosa en las elecciones del 2015, por el partido Viva, donde fue electo diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacen). También encabezó la primera casilla del listado nacional del partido Valor, mientras que su hermano Gabriel Eduardo Rosales Marroquín fue el secretario de actas del partido en 2018.
En 2025 fue uno de los dos votos disidentes, junto a Paniagua, en el amparo que la CC rechazó por 5 votos a 2, para reactivar la persecución penal en contra de los columnistas y periodistas que laboraron en elPeriódico.
La principal crítica en su caso proviene de su trayectoria política previa por su cercanía con Zury Ríos Sosa y el ala conservadora de la política, lo cual podría influir en la Corte cuando deba integrar el pleno como suplente, por su trayectoria política y sus afinidades partidarias.
Un ciclo político en desarrollo
Conociendo la trayectoria de los cuatro magistrados reelectos y los cuatro nuevos rostros que integrarán la CC, algunos analistas consideraron que el comportamiento de la nueva Corte dependerá no solo de la identidad de los magistrados, sino de la dinámica política que se genere en los próximos años.
Según Mack, el panorama institucional podría volverse particularmente complejo. “Dependiendo de cómo se configuren los siguientes procesos institucionales nos podrían esperar cinco años difíciles”, afirmó.
Mientras tanto, el tribunal constitucional seguirá siendo uno de los espacios donde se diriman las principales disputas políticas del país.
Aunque la integración de la Corte aún no está completa, las designaciones realizadas hasta ahora sugieren que la nueva magistratura podría desenvolverse en un escenario marcado por la continuidad de redes de poder dentro del sistema político y judicial, aunque con algunos márgenes de incertidumbre sobre la forma en cómo se ejercerá dentro del máximo tribunal constitucional.
