La próxima semana podría definirse la nueva integración de la Corte de Constitucionalidad. El martes 3 de marzo, tanto el Congreso de la República como la Corte Suprema de Justicia tienen previsto realizar las designaciones de magistraturas.
Por Alexander Valdéz
La próxima semana podría quedar definida la integración de la Corte de Constitucionalidad. Está previsto que el martes 3 de marzo tanto el Congreso de la República como la Corte Suprema de Justicia realicen las designaciones que les corresponden en esa máxima instancia.
El Organismo Legislativo deberá elegir a su magistrado titular y suplente, mientras que la Corte Suprema de Justicia hará lo propio en sesión extraordinaria de pleno. Estas decisiones son fundamentales, ya que la Corte de Constitucionalidad tiene la última palabra en la interpretación de la Constitución y en la resolución de acciones de amparo e inconstitucionalidad que impactan directamente en la vida política y jurídica de Guatemala.
A estas designaciones podría sumarse también la del Organismo Ejecutivo, que tiene la facultad de nombrar una magistratura titular y suplente. De concretarse las tres elecciones en los próximos días, la nueva integración de la Corte quedaría prácticamente definida.
La elección
El Congreso de la República sesionará el próximo 3 de marzo para avanzar en la elección del nuevo magistrado titular y la suplencia, en una jornada clave para la integración del tribunal constitucional, en medio de expectativas y negociaciones entre las distintas bancadas legislativas.
En tanto, la Corte Suprema de Justicia convocó a un pleno extraordinario para conocer la designación que le corresponde, en una sesión marcada por la conformación de un bloque mayoritario que impulsa una candidatura específica y un grupo minoritario que ha manifestado reservas y votos razonados frente al proceso, evidenciando las tensiones internas en la antesala de la elección.
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Los favoritos
En la magistratura titular en el Congreso de la República figuran como favoritos dos perfiles que responden a redes de poder distintas: por un lado, Rony López, identificado como un voto de oposición dentro de la actual Corte de Constitucionalidad; y por otro, Roberto Molina Barreto, impulsado por un sector que busca imponerlo pese a que su trayectoria ha estado marcada por resoluciones que han beneficiado a Consuelo Porras y por fallos que han favorecido a personas señaladas de narcotráfico y corrupción.
Mientras que en la CSJ, entre los nombres que más respaldo reúnen figura Dina Ochoa, actual magistrada de la Corte de Constitucionalidad, señalada por resoluciones que han beneficiado a personas vinculadas con casos de narcotráfico y corrupción. En el mismo bloque también se menciona a Héctor Hugo Pérez Aguilera como una opción que gana terreno, así como la eventual postulación de Consuelo Porras, por su cercanía con determinados actores políticos.
El bloque dominante en la CSJ tendrá una incidencia decisiva en la elección, ya que controla un número clave de votos que le permite orientar la votación interna. Para concretar la designación únicamente necesita alcanzar siete votos.
Una instancia clave
La Corte de Constitucionalidad es instancia clave del Estado que ha llegado a ser considerada como un “suprapoder”, su rol radica en ser un árbitro final del orden legal; hoy su integración está en disputa, en medio de pulsos de redes de poder.
Es la última instancia que decide sobre leyes, elecciones y límites del poder público; su composición se debate entre mayorías y minorías que buscan inclinar su rumbo.
Los elegidos por la CSJ y el Congreso se sumarán a los elegidos por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos (USAC) y del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. El único pendiente en elegir será el Organismo Ejecutivo, la fecha para la elección se ha fijado para el 13 de marzo.
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