Una decisión del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), emitida en marzo de 2025, donde se instruyó que cualquier trabajador que tenga demandas contra la universidad no debe ser contratado fue la que provocó el despido y la retención de salarios de los docentes.
Por Simón Antonio Ramón
En el inicio del ciclo académico de 2026 en la Universidad de San Carlos, los docentes Elmer Salazar, Jorge Cámbara y Adilis Velásquez, fueron despedidos de la Escuela de Trabajo Social, una situación que consideran injustificada e ilegal.
El despido se efectuó en la administración de Cuautémoc Barreno, quien funge como director en funciones.
Los tres docentes habían presentado demandas laborales contra la USAC desde el segundo semestre de 2021, durante el inicio de la gestión de la exdirectora Mirna Bojórquez porque se les disminuyó las horas de contratación sin explicación, en consecuencia, se les disminuyó el salario. Esto fue el motivo por el que tomaron acciones legales para pedir que se les restituyeran las horas de trabajo.
Mazariegos contra las demandas laborales
Según denunció un grupo de catedráticos en una conferencia de prensa realizada en el patio del edificio S1 del Campus Central de la USAC, ubicado en la zona 12 de la ciudad de Guatemala, el argumento de la administración es cumplir con el mandato del acta No.05-2025 emitido por el CSU, en donde se ordenó que no se podía recontratar a trabajadores que habían demandado a la universidad pública por derechos laborales.
A los tres docentes también se les retuvo sus salarios del segundo semestre de 2025. Al docente Juan Ramón Oliva se le redujeron los salarios y aún no ha recibido parte de su salario del segundo semestre del año pasado. Por la falta de pago de los salarios demandan nuevamente a la universidad.
“Desde el semestre anterior, al no hacer efectivo el salario el patrono en este caso la universidad, inició un incidente por represalia por tener demandas en contra de la universidad en el sentido de reclamar el cumplimiento de nuestros derechos”, dijo Jorge Cámbara, uno de los afectados.
De los tres docentes destituidos ninguno tiene una sanción administrativa, además, la universidad está emplazada en el Juzgado Octavo de Trabajo y Previsión Social y mientras esté vigente el emplazamiento ningún trabajador puede ser despedido. Los docentes informaron que iniciaron una nueva demanda para la reinstalación en sus puestos de trabajo.
Consecuencias para la comunidad estudiantil
Las represalias que denunciaron los docentes no solo les afectan a ellos, sino que también repercuten en la comunidad estudiantil. “Parte de los aspectos que han afectado al estudiante son los cambios continuos, hay estudiantes que han sido ubicados en centros de práctica y como represalia de los cambios, al siguiente semestre les cambian de supervisor y probablemente eso tiene que incidir en el cambio de institución para los estudiantes”, dijo la docente Patricia Salazar.
Denunciaron que han aumentado las represalias contra estudiantes y docentes en la Escuela de Trabajo Social, en donde son grabados e intimidados a través de llamadas telefónicas o son abordados de manera directa para que no se pronuncien sobre la situación de la unidad académica, porque los integrantes del Consejo Directivo tienen el periodo vencido y el CSU no ha convocado elecciones para renovar los puestos de consejeros.
Esta es una de las características de la gestión de Walter Mazariegos desde que ocupa el cargo de rector bajo acusaciones de haber cometido fraude electoral, para llegar a la rectoría.
