Los postuladores analizan las tachas y pruebas de descargo de 34 de los 181 aspirantes, presentadas por la sociedad civil y otras personas por posibles conflictos de interés, vínculos políticos y actuaciones cuestionadas. Entre los señalados figuran exmagistrados, jueces y funcionarios vinculados a casos como Comisiones Paralelas 2020 e IGSS-PISA, así como candidatos en busca de reelección.
Por Alexander Valdéz
La Comisión Postuladora del Tribunal Supremo Electoral (TSE) analizó las tachas y las pruebas de descargo presentadas en el proceso de selección. De los 181 participantes, al menos 38 recibieron impedimentos por parte de organizaciones de sociedad civil; el objetivo es que la Comisión lo considere al momento de evaluar los perfiles y decidir quiénes integrarán la nómina final.
Los señalamientos se centran en posibles conflictos de interés, falta de idoneidad, vínculos políticos y actuaciones cuestionadas en cargos anteriores dentro del sistema de justicia y la administración pública. Entre los aspirantes cuestionados figuran exmagistrados, jueces y funcionarios vinculados al caso Comisiones Paralelas 2020, así como perfiles criticados por emitir resoluciones favorables a sindicados de corrupción o mantener cercanía con actores políticos cuestionados. También se incluyen tachas por presunta criminalización de operadores de justicia, restricciones a la prensa, decisiones administrativas polémicas y supuestos nexos con redes de tráfico de influencias.
Entre los nombres señalados están Carlos Alberto Solórzano Rivera, Wilber Estuardo Castellanos Venegas y Rafael Morales Solares, vinculados al caso Comisiones Paralelas 2020; Alba Susana López Racanac, cuestionada por resoluciones en el caso IGSS-PISA; Fernando Linares Beltranena, por antecedentes de discriminación; y Lesther Castellanos, exjuez que criminalizó a Virginia Laparra. También aparecen los magistrados Gabriel Aguilera e Irma Palencia, quienes buscan su reelección.
Las tachas podrían no ser vinculantes para excluir un candidato, y ser más que una formalidad del proceso, sin embargo sí podrían ser tomadas en cuenta e incidir en la evaluación de los candidatos por parte de los postuladores.
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La evaluación final Será hasta el viernes cuando la Comisión de Postulación inicie la fase de evaluación de más de 181 expedientes de profesionales interesados en convertirse en magistrados de la máxima autoridad electoral del país. Con este paso, el proceso entrará en su fase decisiva, en la que se revisarán perfiles, trayectorias, méritos académicos y experiencia, según lo estipulado en la tabla de gradación que se aprobó al inicio de las sesiones de trabajo.
Según el documento que estableció la puntuación de candidatos, se otorgarán 35 puntos para los factores académicos de los aspirantes, 55 puntos para los factores profesionales y 10 puntos para el rubro de proyección humana de los interesados.
De esta revisión saldrá una preselección de aspirantes que luego podrían ser parte de la nómina oficial de 20 candidatos. Esa lista será el resultado de la ponderación de criterios técnicos y éticos que, en teoría, deben garantizar la idoneidad e independencia de quienes aspiran a dirigir la máxima autoridad electoral del país. Al haber una alta participación este proceso podría demorarse.
Sin embargo, esto abre el camino a la integración de la nómina será remitida al Congreso de la República, para que sean los diputados quienes tengan la última palabra en la elección de cinco magistrados titulares y cinco suplentes. Estos puestos son relevantes porque serán quienes controlen las reglas del juego democrático en los próximos años; los procesos electorales de 2027 y 2031.
Se acerca el cambio de autoridades
El relevo de autoridades está previsto para el 20 de marzo, fecha en que los nuevos magistrados asumirán funciones. Su mandato se extenderá por seis años, hasta el 19 de marzo de 2032, período en el que estarán a cargo de la conducción del Tribunal Supremo Electoral.
Los nuevos magistrados deberán asumir el reto de recuperar una institución que, tras enfrentar señalamientos por la exclusión de candidatos, se transformó en un actor clave para defender el voto ciudadano en 2023.
Además, tendrán la responsabilidad de atender pendientes como aplicar sanciones a partidos políticos, implementar un nuevo sistema de digitalización y transmisión de votos, impulsar reformas a la ley electoral y fortalecer otros aspectos esenciales del funcionamiento del Tribunal Supremo Electoral.
