El Organismo Legislativo dio luz verde para que los 15 integrantes de la Comisión de Postulación del Ministerio Público, que tendrá a su cargo la selección de la nómina de seis candidatos para reemplazar a Consuelo Porras, puedan empezar sus funciones. Este proceso será determinante porque marcará el futuro del MP, luego de ocho años en los que la institución fue señalada por impulsar acciones contra operadores de justicia, activistas, periodistas y autoridades indígenas.
Por Alexander Valdéz
El Congreso de la República juramentó a los 15 comisionados que integrarán la Comisión de Postulación del Ministerio Público (MP), encargada de elaborar el listado de seis aspirantes para sustituir a la fiscal general Consuelo Porras. Se trata de uno de los procesos de segundo grado más esperados y observados del país, por el peso que tiene el MP y por su papel en los últimos ocho años; desde esa institución se impulsó la persecución contra operadores de justicia, jueces, fiscales, periodistas y autoridades indígenas.
La juramentación de los comisionados, que se da con más de 10 días de retraso, es un paso importante para que quede formalmente instalada y pueda iniciar funciones. A partir de ahora, la postuladora definirá su calendario de reuniones, aprobar su agenda de trabajo y establecer las reglas que regirán el proceso de evaluación y selección de aspirantes. Las sesiones de trabajo se desarrollarán en la sala de vistas del Organismo Judicial y la primera está prevista el lunes 9 de febrero.
La Comisión de Postulación estará integrada por 15 personas: 12 decanos de las facultades de Derecho de las universidades del país, el presidente del Organismo Judicial, la presidenta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) y la presidenta del Tribunal de Honor de esa institución. Cada uno de sus integrantes tendrá voz y voto en la toma de decisiones clave del proceso, desde la definición de criterios de evaluación hasta la conformación final de la nómina.
Este espacio es importante porque de allí dependerá la integración del listado de seis candidatos que será remitido al presidente Bernardo Arévalo. Sobre esa nómina recaerá la decisión final para nombrar a la o el nuevo fiscal general, una designación que tendrá un impacto directo en el rumbo del Ministerio Público y en una política de persecución penal del país, en un contexto marcado por la demanda ciudadana de independencia judicial y el fin de una herramienta de persecución política.
Disputa por controlar la postuladora
Dentro de la Corte Suprema de Justicia existe una pugna por la presidencia, un cargo que tiene importancia este año ya que por disposición legal quien lo ejerza debe encabezar la Comisión de Postulación y, además, incide directamente en la elección de la magistratura titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad.
De hecho, el abogado Diego Sagastume y el diputado Bequer Chocoj presentaron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad en la que piden que se ordene elegir a la nueva Presidencia del Organismo Judicial. Es el mismo grupo que logró el amparo provisional y dejó fuera a las ciencias afines, dos días antes de la elección del CANG. De haber un cambio de presidencia, no anularía lo que se trabaje en los próximos días. Sin embargo, sí permitiría que el grupo de Nester Vásquez, el magistrado de la CC, tenga incidencia.
En tanto, el grupo mayoritario de la CSJ envió un oficio al presidente Rodimiro Lucero en el que se le pide que convoque con urgencia a un pleno extraordinario para elegir a la nueva autoridad. Eso evidencia un interés por ocupar el puesto y asumir un control de esta postuladora.
A esto se suma que, días atrás, el bloque intentó promover a la magistrada Claudia Paredes para ese puesto; no obstante, un giro de última hora impidió que se llevara a cabo la votación la votación del presidente del Organismo Judicial.
Paredes no ha sido la única aspirante a la Presidencia. También han buscado ocupar ese cargo los magistrados Mauricio Corado e Igmaín Galicia, los tres señalados como cercanos a Nester Vásquez, Consuelo Porras, Allan Rodríguez y Felipe Alejos, entre otros actores políticos vinculados a señalamientos de corrupción.
Por ahora la Comisión de Postulación continúa siendo presidida por Rodimirio Lucero, que llegó a la Corte Suprema de Justicia con el respaldo del abogado Roberto López Villatoro, conocido como el “Rey del Tenis”. Desde su incorporación a la CSJ, Lucero se ha mantenido como oposición al bloque mayoritario del pleno.
Lucero ha integrado el sector minoritario que ha cuestionado varias de las decisiones promovidas por la mayoría, entre ellas la creación e integración de nuevas Salas de Apelaciones. Fuentes internas del pleno indicaron a Prensa Comunitaria que existe un interés por nombrar a Consuelo Porras como magistrada titular, un escenario que no resultaría inusual dada la cercanía que el bloque mayoritario ha mantenido con la fiscal general.
Acá otra nota que puedes leer:
Los plazos
La Ley de Comisiones de Postulación dice que se deberá de entregar al presidente de la República una nómina de seis candidatos, que será ordenada según la ponderación obtenida en la tabla de gradación, de forma descendente y deberá ser entregada 15 días antes del vencimiento del plazo de quien ejerza el cargo y deba entregarlo. El 16 de mayo concluye el período de Porras.
El artículo 13 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, dice que para ser fiscal general se deben cumplir los mismos requisitos que para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia: ser guatemalteco de origen, gozar de reconocida honorabilidad, estar en pleno ejercicio de los derechos ciudadanos, ser abogado colegiado activo, tener más de 40 años y contar con experiencia suficiente: haber ejercido como magistrado de la Corte de Apelaciones o tribunales equivalentes durante un período completo, o haber ejercido la profesión de abogado por más de diez años.
