Las elecciones de segundo grado para renovar la Corte de Constitucionalidad y elegir al próximo Fiscal General se desarrollan en un contexto de crisis institucional y bajo advertencias de organismos internacionales que alertan sobre riesgos de cooptación, criminalización y debilitamiento de la independencia judicial en Guatemala.
Por Prensa Comunitaria
En el contexto del proceso de elecciones que renovarán autoridades de cinco instituciones clave en Guatemala, un panel de expertas internacionales advirtió que los procesos de selección de magistraturas de la Corte de Constitucionalidad y del próximo Fiscal General se desarrollan bajo amenazas serias a la independencia judicial y al orden democrático, marcadas por la cooptación institucional, conflictos de interés y la criminalización de operadores de justicia.
Las advertencias se dieron durante el foro Recomendaciones internacionales para procesos de selección en Guatemala, organizado por Impunity Watch, Plataforma internacional contra la impunidad, Jotay, CEJIL y la Fundación para el Debido Proceso, en un momento en el que ya están en marcha varias convocatorias para integrar la Corte de Constitucionalidad, para elegir magistraturas del TSE y para elegir Fiscal General.
La primera en intervenir fue Andrea Pochak, comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y responsable del reciente informe de país sobre Guatemala presentado en diciembre de 2025. Para Pochak la crisis del sistema de justicia no es nueva, pero sí más profunda. “La institucionalidad democrática y el sistema de pesos y contrapesos en Guatemala se encuentra gravemente debilitado como consecuencia del control de algunas instituciones por sectores poco comprometidos con la democracia”, dijo.
Según la comisionada, la CIDH ha documentado patrones sistemáticos de criminalización contra jueces, fiscales, periodistas, defensores de derechos humanos y autoridades indígenas, así como el uso del aparato judicial para obstaculizar decisiones políticas y electorales. “Estos procesos de criminalización constituyen una práctica generalizada en el país”, señaló, y advirtió que las elecciones de autoridades judiciales han sido utilizadas para perpetuar un sistema clientelar y proteger redes de corrupción e impunidad.
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Por otro lado, Margaret Satterthwaite, relatora especial sobre la independencia de jueces y abogados de la Organización de Naciones Unidas (ONU), coincidió cuando dijo que en Guatemala se atraviesa un momento decisivo.
Satterthwaite visitó el país en mayo de 2025 y dijo que las designaciones previstas no son un trámite ordinario. “Guatemala está entrando en una convergencia crítica de nombramientos judiciales. No podría haber un momento más importante”, afirmó.
La relatora alertó que el sistema de justicia ha sido instrumentalizado para perseguir a personas incómodas al poder y que las próximas designaciones definirán si esa práctica continúa o se revierte. “La independencia judicial no es un principio abstracto. Es el derecho de las personas a acceder a tribunales imparciales”, subrayó, y añadió que los procesos de selección no pueden reproducir los mismos patrones de captura institucional.
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En el cierre del panel, Claudia Paz y Paz, la exfiscal General de Guatemala y actual directora de CEJIL para Mesoamérica, dijo que el país se encuentra en una “ventana crítica” donde conviven la posibilidad de recuperar el sistema de justicia y el fortalecimiento de redes que buscan impedirlo. “Si tenemos personas independientes, íntegras y capaces, podemos recuperar instituciones clave. Pero quienes han sido responsables de la criminalización no cumplen con el requisito constitucional de honorabilidad”, afirmó.
Paz y Paz también cuestionó las maniobras judiciales recientes para cambiar reglas de juego en pleno proceso, como la exclusión de profesionales de ciencias afines en la elección del Colegio de Abogados, y la falta de legitimidad del Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos (USAC) para nominar magistraturas con cargos vencidos. “Son decisiones espurias, contrarias a las reglas democráticas y al Estado de derecho”, sostuvo.
Las panelistas coincidieron en que la observación ciudadana y el acompañamiento internacional serán determinantes para evitar que las elecciones de segundo grado consoliden la captura del sistema de justicia. De lo contrario, advirtieron, estos procesos podrían profundizar la crisis democrática que atraviesa Guatemala.
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