Los magistrados de la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia realizarán el 3 de febrero una audiencia pública para evaluar la solicitud de arresto domiciliario del periodista Jose Rubén Zamora, detenido por 1280 días. La diligencia busca definir de manera definitiva el amparo que garantiza su derecho a la presunción de inocencia y a enfrentar el proceso en libertad.
Por Alexander Valdéz
Los magistrados de la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) realizarán el próximo 3 de febrero a las 10:00 de la mañana una vista pública para escuchar a la defensa del periodista Jose Rubén Zamora, que pedirá su arresto domiciliario por el segundo expediente en el que está procesado y que lo ha mantenido por 1280 días en prisión preventiva y sin que el caso avance.
La diligencia fue confirmada por José Zamora, su hijo. “Este 3 de febrero, la Corte Suprema de Justicia celebrará la audiencia para resolver de manera definitiva el amparo que protege el principio de presunción de inocencia en Guatemala y el derecho de mi papá, el periodista Jose Rubén Zamora a enfrentar su proceso en libertad. Solicitamos que se le permita participar en la audiencia pública y que se confirme el amparo definitivo, garantizando sus derechos fundamentales”, dijo.
Desde el año pasado, la defensa del periodista acudió ante la Cámara de Amparo y Antejuicio y luego de varios meses otorgaron el amparo provisional, aunque no resolvió sobre su liberación, si ordenó que el expediente regresara a la Sala Tercera de Apelaciones y fundamentara adecuadamente su decisión. Esta protección provisional fue revocada posteriormente por la Corte de Constitucionalidad.
Sin embargo, ahora la defensa del periodista tendrá la oportunidad de pedir ante los magistrados que el proceso continue en arresto domiciliario. El pleno no emitirá la resolución inmediatamente, sin embargo, tendrán que analizar y en un corto plazo anunciar la resolución definitiva. Un amparo definitivo ordenaría su liberación inmediata.
El segundo caso
En el segundo proceso que lo mantiene bajo prisión preventiva, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) acusa a Jose Rubén Zamora de obstrucción a la justicia, señalando que habría intentado interferir en una investigación por lavado de dinero supuestamente ocurrida en 2013. A ese expediente se sumó también una tercera imputación: la presunta falsificación de firmas en boletas de declaración jurada utilizadas para viajar al extranjero, dando pie a la petición de abrir otro proceso por uso de documentos falsificados.
En primera instancia, el Juzgado Segundo Penal, a cargo entonces del juez Erick García, le otorgó arresto domiciliario al considerar innecesario mantenerlo en prisión. Sin embargo, al igual que en el primer caso, la Sala Tercera de Apelaciones revirtió la decisión y ordenó su regreso a prisión.
Los magistrados de la Sala argumentaron que el juez García no podía conocer el expediente debido a una recusación planteada por Raúl Falla, abogado de la Fundación contra el Terrorismo. Bajo ese criterio, declararon “actividad procesal defectuosa” y anularon las actuaciones, dejando sin efecto la medida que habría permitido la salida de Zamora y prolongó su detención.
El encarcelamiento de Zamora se inició el 29 de julio de 2022, en un primer proceso en el que se le acusó de ocultar el origen de Q300 000. Ese dinero fue incautado en efectivo, aunque presentó documentos que acreditaban su procedencia: la venta de una obra de arte destinada a pagar salarios de trabajadores en el extinto diario elPeriódico.
Pendiente de nueva sentencia
El pasado 6 de octubre, la Cámara Penal aceptó parcialmente la casación presentada por la defensa del periodista Jose Rubén Zamora y ordenó un nuevo análisis de la sentencia emitida en su contra, de 2023, por el delito de lavado de dinero.
La decisión implicó que el expediente regresará a la Sala Segunda de Apelaciones, que deberá revisar los señalamientos de la defensa, entre ellos, la falta de respeto al derecho de defensa del comunicador y la ausencia de garantías procesales durante el juicio. Este proceso de revisión sería la ruta para que la condena de seis años impuesta por lavado de dinero quede anulada y tenga derecho a presentar los elementos para su defensa en un nuevo juicio.
Aunque el fallo no acoge todos los argumentos planteados por Zamora, la resolución sí establece que la Sala de Apelaciones “incumplió con el deber de garantizar el derecho de ser oído como un elemento sustancial del derecho de defensa”, lo que habría ocasionado los agravios denunciados.
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