Margaret Satterthwaite señaló que en su visita oficial a Guatemala en mayo de 2025 que pudo confirmar la criminalización y la instrumentalización del sistema judicial contra operadores de justicia, autoridades indígenas, defensores de derechos humanos y periodistas; por lo que el nombramiento de personas probas en estos cargos de elecciones de segundo nivel próximos a elegirse puede poner fin a la criminalización.
Por Simón Antonio Ramón
La relatora especial sobre la independencia de Magistrados y Abogados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Margaret Satterthwaite, en un comunicado publicado el martes 20 de enero, pidió poner fin a la criminalización en el proceso de elecciones para el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Corte de Constitucionalidad (CC), el Ministerio Público (MP), la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y la Contraloría General de Cuentas (CGC).
La experta de la ONU pidió que las instancias responsables en las elecciones de segundo grado deben desarrollar su papel para la salvaguarda de la gobernanza democrática, los derechos humanos, el orden constitucional y el Estado de derecho, por lo que se debe evitar que personas vinculadas a violaciones de derechos humanos y abusos de poder sean nombradas en estos cargos.
“Como medida mínima, todas las personas contra las que existan denuncias creíbles de conducta incompatible con las normas de derechos humanos, especialmente aquellas que hayan tenido autoridad para tomar decisiones en los casos de criminalización, no deben ser preseleccionadas ni nombradas hasta que se haya llevado a cabo una investigación independiente y exhaustiva de dichas denuncias”, solicitó.
En Guatemala hay criminalización sistemática
Señaló que en su visita oficial a Guatemala en mayo de 2025 pudo confirmar la criminalización sistemática de operadores de justicia, líderes y autoridades indígenas, defensores de derechos humanos y periodistas, por lo que pide que la elección para los cargos próximos a elegirse se debe basarse en méritos e integridad.
“El nombramiento de personas de probada integridad que cumplan los requisitos para estas magistraturas esenciales sería un paso clave para poner fin a este patrón abusivo de criminalización”, comunicó.
También pidió que las personas que participen en el proceso de selección y elección como candidatos y miembros de las comisiones de postulación deben tener garantías para que no haya interferencias indebidas por parte de grupos y redes de corrupción y represalias por sus actuaciones.
En su última visita al páis señaló que la criminalización se opera entre miembros del Ministerio Público, miembros del sector justicia y actores privados a través de diversas acciones identificables como grupo objeto de la criminalización, presentación de múltiples denuncias por los mismos hechos con acusaciones ambiguas, detenciones arbitrarias, acoso y amenazas en líneas, la asignación de casos a un grupo reducido de jueces y la erosión de garantías procesales.
Mientras ha iniciado el proceso de elecciones de segundo, el 14 de enero en horas de la tarde fue detenido en el municipio de Patzicía, Chimaltenango Basilio Puac García, vicepresidente de los 48 Cantones de Totonicapán en 2023, por la convocatoria al paro nacional con la participación de las autoridades indígenas quienes salieron en contra de la fiscal general del MP, en defensa de las elecciones generales de 2023 y la democracia.
Basilio Puac García, fue ligado a proceso por los delitos de los delitos de sedición, obstaculización a la acción penal y asociación ilícita. Recuperó su libertad condicional esa misma tarde, con él van cuatro autoridades indígenas ligadas a proceso por este caso, Luis Pacheco y Héctor Chaclán, expresidente y extesorero de los 48 Cantones de Totonicapán quienes se encuentran en prisión desde abril de 2025 y Esteban Toc, exvicealcalde de la Municipalidad Indigena de Sololá, está en libertad condicional.
Incluso el MP pidió el delito de terrorismo en contra de la autoridad indígena, extremo que fue deshechado por el juez que conoció el caso.
