De acuerdo con el gobierno el incremento anunciado se realizó con base en un análisis técnico que tomó en cuenta varios factores y vinculó el aumento con el crecimiento de la economía.
Por Derik Mazariegos
El Gobierno de Guatemala anunció el 18 de diciembre de 2025 un aumento al salario mínimo que entrará en vigencia el 1 de enero de 2026, con incrementos diferenciados según la actividad económica y la circunscripción territorial. La medida fue presentada por el presidente Bernardo Arévalo junto a la ministra de Trabajo y Previsión Social, Miriam Roquel, tras analizar el informe emitido por la Comisión Nacional del Salario.
El ajuste oscila entre el 4 % y el 7.5 %, dependiendo del sector económico, y aplica tanto para el departamento de Guatemala como para el resto del país.
¿Cómo quedó el salario mínimo?
La justificación del Gobierno
Según explicó el presidente Bernardo Arévalo durante el anuncio del 18 de diciembre, el aumento al salario mínimo fue definido con base en un análisis técnico que tomó en cuenta variables como el comportamiento de la inflación, el costo de la canasta básica y la evaluación de los incrementos salariales aprobados en años anteriores, con el objetivo de proteger la capacidad adquisitiva de los hogares y preservar el empleo.
En su comunicación oficial, el Ministerio de Trabajo vinculó el aumento salarial con el desempeño reciente de la economía. “Este año nuestra economía ha crecido y con ella tienen que crecer las oportunidades para las familias guatemaltecas”, señaló la institución en una publicación difundida ese mismo día, en la que también se presentó el ajuste como parte de una política orientada a avanzar hacia un “salario digno”.
El Gobierno destacó que los incrementos del 7.5 % en el sector no agrícola, 5.5 % en el agrícola y 4 % en el sector exportador y de maquila responden a criterios técnicos y buscan mejorar el nivel de vida de las familias trabajadoras.
El contexto económico: avances y límites estructurales
Más allá del ajuste aprobado para 2026, distintos análisis señalan que el salario mínimo en Guatemala enfrenta desafíos estructurales que no se resuelven únicamente con aumentos anuales.
El informe Productividad, salario y competencia en Guatemala: oportunidades para un país más próspero y justo, publicado por Oxfam Guatemala en 2024, indica que el crecimiento económico del país no ha estado acompañado por una mejora sostenida de los ingresos laborales. El estudio documenta una desvinculación entre productividad y salarios, que se ha profundizado en la última década.
Entre 2015 y 2022, la productividad laboral mostró un crecimiento limitado, especialmente en áreas urbanas y en el sector de servicios, mientras que los salarios reales permanecieron prácticamente estancados. En varios casos, el aumento del ingreso mensual se ha explicado más por el incremento de horas trabajadas que por una mejora real del salario por hora.
Distribución de la riqueza y condiciones del mercado
Uno de los hallazgos centrales del informe de Oxfam es que el problema del salario en Guatemala no radica únicamente en su nivel nominal, sino en la forma en que se distribuye la riqueza generada por la economía. En el sector formal, las empresas concentran alrededor del 80 % del valor agregado, mientras que los salarios representan menos del 20%, una proporción menor a la observada en otros países de la región.
De acuerdo con el estudio, esta brecha está asociada a altos niveles de concentración empresarial, mercados con escasa competencia y una inversión privada limitada, factores que reducen los incentivos para mejorar la productividad y elevar los salarios de manera sostenida.
El límite del aumento: informalidad laboral
Otro elemento que condiciona el impacto del aumento al salario mínimo es la alta informalidad laboral. Más del 70 % de la población ocupada en Guatemala trabaja en condiciones informales, lo que implica que una parte significativa de las personas trabajadoras no recibe el salario mínimo ni cuenta con protección laboral.
Según Oxfam, esta realidad reduce el alcance efectivo de los incrementos salariales y refuerza la necesidad de políticas complementarias orientadas a formalizar el empleo, fortalecer la inspección laboral y ampliar la protección social, para que los ajustes decretados tengan un impacto más amplio y sostenido.
