El desalojo en la comunidad La Ceiba, Río Zarco, fue ordenado por el juez Aníbal Arteaga y fue ejecutado por la jueza de Paz Sandra Ayala. Este fue el segundo intento en el año de desalojar a los comunitarios y tuvo éxito.
Por Juan Bautista Xol
Fuerzas de seguridad del Estado acompañadas de la jueza de Paz de El Estor, Sandra Nineth Ayala, Izabal, desalojaron a 40 familias Q’eqchi’ que habitaban la comunidad La Ceiba, Río Zarco desde 2017. Las personas afectadas aseguran que no tienen a donde ir.
Alrededor de las 5:40 de la mañana del 17 de diciembre vecinos de El Estor reportaron sobre la presencia de cientos de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) reunidos en el campo de futbol del Barrio San Jorge.
Esta es la segunda vez en el mismo año que las fuerzas de seguridad se reunieron en el mismo lugar. La primera vez fue en agosto pasado cuando camionetas particulares movilizaron a los agentes de la Policía en el territorio Q’eqchi’.
Su presencia atemorizó a los pobladores ya que cuando se han decretado estados de sitio las autoridades estatales han abusado de esas medidas para violentar los derechos humanos de los pobladores.
Al preguntar a uno de los mandos sobre esta movilización informó que se desplazaban a ejecutar una orden de desalojo en la comunidad La Ceiba, Río Zarco,
“A todos los mandos superiores les informamos que debemos utilizar las estrategias necesarias y no vamos a retroceder, informen a sus grupos que la comunidad solo tiene una entrada pavimentada” indicaba uno de los mandos al momento de dar las instrucciones.
A las 8 de la mañana el contingente policial, fiscales del Ministerio Público, la jueza de la localidad, Sandra Nineth Ayala Tello y representantes de la Procuraduría General de la Nación, la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) se dirigieron a la comunidad.
Los acompañaron la doctora Rina Castañeda López Solano, quien es la presidenta de la Delegación de la Cruz Roja con sede en El Estor, y las hermanas Isabel e Imelda Bautista Ramírez, quienes reclaman la propiedad.
“Venimos a cumplir la orden del desalojo que ordenó el Juez de Primera Instancia Penal de Izabal, Edgar Aníbal Arteaga López, aunque ustedes llamen a sus abogados o quieran hacer algo, ya no es el momento para eso” indicaba la jueza a los comunitarios al momento de leer la notificación de la orden.
Los desalojos en Izabal han sido ordenados por el juez Arteaga quien también ha emitido órdenes de detención contra dirigentes comunitarios que defienden sus tierras. Arteaga es conocido por criminalizar a defensores del territorio en ese departamento.
Lanzan bombas lacrimógenas
Tras un momento diálogo la jueza dio la orden al jefe de la Policía para ingresar en la comunidad, lo que atemorizó a las familias.
“Utilicen las estrategias institucionales, debemos entrar en la comunidad” señaló la jueza.
Las bombas lacrimógenas fueron lanzadas por las tropas policiales hacia las familias, con gritos y llantos las mujeres y la niñez corrieron entre los cultivos de palma africana que rodean la comunidad.
Mientras tanto un grupo de personas particulares avanzaba con motosierras, barretas, hachas y otras herramientas para desarmar las viviendas de las familias.
Uno de ellos lamentó lo que estaba ocurriendo y aseguró que fueron contratados por los presuntos dueños de la finca.
Las viviendas de las familias fueron destruidas, los cultivos abandonados. Entre lamentos las mujeres indicaban que no tienen a donde ir, aunque la jueza les dijo que los supuestos dueños estaban dispuestos a habilitar un albergue para las familias y brindarles alimentación, no aceptaron, por temor a represalias.
Más tarde en la página oficial de la Cruz Roja se reportó que una de las niñas sufrió una descarga eléctrica mientras su familia sacaba sus pertenencias de su vivienda.
Pobladores solicitaron mesa de diálogo
Los comunitarios indicaron que las tierras que ocupan lo utilizan para cultivar y cosechar, que es una fuente de ingresos para sus familias. Llegaron a esas tierras en 2017 ante la falta de un lugar para vivir.
Aseguran que han solicitado ante la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), una mesa de diálogo con las personas que dicen ser propietarias de la finca pero no obtuvieron respuesta.
“Hemos solicitado mesas de diálogo con las señoras, pero ellas no se presentan porque saben que el lugar en donde estamos no les pertenece a ellas, las tierras que ellas reclaman está en otro lote fuera de la colindancia de donde estamos” manifestaron.
Este año, una comisión de derechos humanos y el Comité Campesino del Altiplano (CCDA) visitaron Izabal y encontraron que las comunidades desalojadas en el gobierno de Bernardo Arévalo viven una crisis humanitaria y sufren violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
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