La coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) y lideresa del pueblo Garífuna que ha luchado durante más de tres décadas en defensa del territorio ancestral y de los derechos humanos, feministas, campesinos e indígenas en Honduras, alza la voz nuevamente para exigir al Estado detener la persecución penal contra los Garífunas y las graves “injusticias” territoriales.
Por Lucero Sapalú
Miriam Merced Miranda Chamorro es una valiente lideresa y defensora de los derechos humanos del pueblo garífuna en Honduras. Nació el 9 de agosto de 1963, en el municipio de Santa Fe que forma parte del departamento de Colón. Y a la fecha suma aproximadamente 30 años de lucha permanente a favor de las comunidades ancestrales de este país centroamericano.
Debido a su constante activismo, la defensora del territorio garífuna ha recibido varios reconocimientos como el Premio Óscar Romero a los Derechos Humanos en 2015 y el premio Carlos Escaleras en 2016, entre otros. Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas, ya que Miranda ha denunciado en reiteradas ocasiones, ser víctima de amenazas, intimidaciones, y persecución. Actualmente se desempeña como coordinadora general de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh).
Miranda, forma parte de los más de 100 Garífunas, que sin importar las inclemencias de la lluvia, el calor, el frío o el cansancio, sueño, el hambre o la sed, cumplen casi dos meses desde que iniciaron una manifestación pacífica frente al edificio de la Corte Suprema de Justicia ubicado en Tegucigalpa, Honduras.
El objetivo es exigir el cese de la persecución judicial, los actos de violencia e intimidación de los que han sido víctimas por la defensa del territorio ancestral en el archipiélago de Cayos Cochinos. Mientras crece la persecución contra la ciudadanía Garífuna, el Estado limita la pesca artesanal a la población local y no hace nada para frenar y revertir el daño ecológico que genera la presencia del reality show Supervivientes: All Star, en mera temporada de desove de las tortugas carey. En el slogan del programa, la productora señala este territorio como “tierra de nadie”, pese a que las comunidades garífunas habitan y protegen el área desde hace más de dos siglos.
La resistencia pacífica indefinida fue denominada “Campamento por la Vida del Pueblo Garífuna”, instalada en el área anteriormente bautizada como “Campamento por la Vida Berta Cáceres”, la cual surgió ante la falta de respuestas del Estado hondureño y el incumplimiento de por lo menos cuatro sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que les han dado la razón a los pueblos originarios.
“Plan de genocidio cultural”
Durante un recorrido que Prensa Comunitaria realizó por el campamento el 20 de septiembre de 2026 en una misión internacional, la coordinadora general de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), Miriam Miranda, explicó que los pobladores temen por su vida debido a las constantes amenazas para desplazarlos de los territorios ancestrales y a los intentos de desalojo por parte de la policía nacional con el aval de los jueces. Ella calificó estas acciones como un “genocidio cultural” contra la comunidad garífuna.
“Nosotros como pueblo garífuna que reside en la zona atlántica de Honduras, (Cayos Cochinos) también vivimos en Guatemala, Belice y Nicaragua y creemos que hay un plan de genocidio cultural contra el pueblo garífuna”, así lo indicó la dirigente en medio de un escenario lleno de expectativa e incertidumbre.
La entrevistada agregó que temen por un desplazamiento definitivo al asegurar que no tienen otro lugar para vivir, únicamente los territorios ancestrales que por siglos han sido resguardados por ellos y sus antepasados.
“Hemos venido exigiendo el respeto a los derechos ancestrales del pueblo garífuna y ahora nos encontramos en la cúspide de la amenaza (del genocidio cultural)y también de un desplazamiento definitivo”, reiteró Miranda.
A pesar de este escenario hostil y de inseguridad, ella dijo que seguirán resistiendo de manera pacífica por la defensa de sus legítimos derechos para garantizar su sobrevivencia.
“Si algo así llegara a suceder nos preguntamos, ¿hacia dónde nos vamos a ir ahora?, ¿dónde nos van a recibir? después de estar más de dos siglos en Honduras”, se cuestiona Miranda.
A criterio de los pobladores, el campamento frente a la sede de la Corte Suprema de Honduras surgió precisamente como una respuesta ante el avasallamiento ejercido por la empresa privada, la que asume que los gobiernos administran el país para ellos (empresarios) y no para el pueblo.
¿Qué es la Ofraneh?
Es una organización que defiende los derechos territoriales, culturales y la existencia Garífuna. En un comunicado emitido recientemente por esta institución se lee: “luchamos contra el racismo, el odio, la violencia por parte de la empresa privada, y corporaciones transnacionales que buscan depredar los territorios ancestrales y estamos en resistencia pacífica contra el Estado (Honduras) y sus políticas coloniales que operan bajo un plan de despojo y genocidio cultural del pueblo garífuna”.
Las sentencias incumplidas y una larga lucha
Durante años el Estado de Honduras ha hecho oídos sordos a las peticiones de la comunidad Garífuna y en ese contexto, la dirigente de Ofraneh detalló que la batalla legal en la (Corte IDH) para exigir justicia se inició hace más de 20 años.
“Nosotros iniciamos un proceso en 2003 para hacer una petición por la falta de resolución de la problemática del pueblo Garífuna aquí en Honduras”, puntualizó Miriam Miranda.
La entrevistada dijo que la comunidad ha acudido varias veces ante la Corte IDH para que se respeten los derechos ancestrales y espirituales del pueblo. La Corte IDH ha emitido cuatro sentencias, dos de ellas tienen más de diez años, la tercera fue emitida en 2023 y la cuarta fue elaborada en 2025 y publicada este año 2026.
“Son cuatro sentencias que evidencian la situación de la problemática de cómo nosotros, como pueblo Garífuna, estamos viviendo una situación de criminalización, persecución, desplazamiento y amenazas por vivir en la costa Atlántica, por vivir en zonas en las que hemos vivido por más de dos siglos”, enfatizó Miranda.
La coordinadora de Ofraneh, explicó que en la mayoría de los países de la región latinoamericana no prevalece el estado de derecho porque de lo contrario, no existirían casos de impunidad a favor de estos grupos que estarían buscando desplazar a los pueblos originarios, según sus palabras: “ellos (grupos de opresión y empresarios) creen que Honduras es su hacienda privada”.
Recursos naturales bajo amenaza
Según la activista, la persecución contra los pueblos ancestrales de América y en otras regiones del mundo pone en riesgo el estilo de vida y la cultura de las comunidades ancestrales:
“Hoy por hoy, los pueblos ancestrales nos encontramos ante una amenaza importante porque la institucionalidad (de los países) responde a los intereses de las empresas privadas que buscan apoderarse de los últimos recursos ubicados en los territorios indígenas y de la comunidad afrodescendiente en todo el mundo”.
Los Cayos Cochinos son un archipiélago conformado por dos islas principales llamadas Cayo Menor y Cayo Menor, además de un grupo de pequeños cayos que son elevaciones de tierra, con superficie planas y que casi no sobresalen del nivel del mar. Actualmente, la resistencia pacífica del pueblo garífuna, se ubica en el Cayo Menor en las playas Uva, donde se grababa el reality show.
Por otro lado está la Fundación Cayos Cochinos, que es una Organización No Gubernamental (ONG) establecida en 1994, integrada por grupos empresariales que actúan en forma coordinada con las autoridades del Gobierno de Honduras. La fundación tiene a su cargo la conservación, manejo sostenible, administración de recursos y acceso a este monumento natural marino. Un área de 489 kilómetros cuadrados.
Acompañamiento internacional
Desde que se dio a conocer este caso de resistencia pacífica del pueblo garífuna en Honduras, varias organizaciones nacionales y extranjeras, así como colectivos feministas, campesinos y movimientos sociales de América Latina, Europa y Estados Unidos han brindado apoyo y acompañamiento para que las demandas y denuncias de los pobladores sean atendidas y visibilizadas.
Sobre este aspecto, la entrevistada resaltó: “A través de la visita de estas organizaciones nacionales e internacionales se confirma que no estamos equivocados en esta lucha, ellos han podido constatar de primera mano lo que está pasando con el pueblo garífuna”, señaló.
El pasado 17 de septiembre arribaron a Honduras representantes de la Delegación Internacional de Solidaridad, conformada por más de 30 organizaciones de varios países, para dar seguimiento a las exigencias de la población Garífuna y denunciar las graves violaciones a derechos humanos de las que han sido víctimas en toda esta batalla legal en las cortes que parece no tener fin.
Esta delegación explicó que durante años el Estado hondureño no ha dado respuesta a las peticiones de la comunidad garífuna y tampoco ha dado cumplimiento a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En su pronunciamiento la delegación alertó a la comunidad internacional sobre que “Honduras es calificado como uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer la defensa de los derechos humanos”.
Las cuatro sentencias a favor del pueblo Garífuna y un nuevo gobierno desolador
Durante el gobierno del Partido Libertad y Refundación, de Xiomara Castro (2022-2026), se creó la Comisión Intersectorial de Alto Nivel para el Cumplimiento de Sentencias Internacionales (CIANCSI) a fin de atender las sentencias internacionales que ordenó la Corte IDH sobre de las Comunidades Garífunas en San Juan, Punta Piedra y Triunfo de la Cruz, pero el Estado no avanzó hacia la ejecución.
A la fecha, existen cuatro sentencias internacionales condenatorias contra el Estado de Honduras: 1º. Comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz (2015), 2º. Comunidad Garífuna de Punta Piedra (2015), 3º. Comunidad Garífuna de San Juan (2023) y 4º. Comunidad Garífuna de Cayos Cochinos. Esta última la recibió el Estado en marzo de 2026.
Pero con el nuevo gobierno que asumió en enero de 2026, Nasry Asfura, del Partido Nacional (PNH), la población Garífuna no guarda esperanzas de que haya avances y, por el contrario, alerta sobre que en febrero de 2026 el nuevo gobierno respaldó el borrador de la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial de Honduras, una ley que avala desalojos masivos y brinda apoyo a los intereses corporativos. El Congreso Nacional aprobó esta ley el 4 de junio, con lo que ahora protege también a proyectos energéticos, turísticos y ganaderos.
Asamblea regional
Varias comunidades garífunas acudieron a una convocatoria realizada por la Ofraneh y tras varios procesos de diálogo y coordinación, el pasado 26 de septiembre emitieron una declaración conjunta en la que resaltaron cinco puntos relevantes.
En el primer punto se ratificó la decisión de la asamblea anterior (5 de septiembre) de no presentar a sus hermanos perseguidos a ninguna audiencia ilegal.
El segundo establece denuncias por nuevas amenazas y llamados violentos por parte de grupos empresariales en la bahía de Tela para conformar grupos de choque y posiblemente atentar contra las comunidades.
El tercero ratifica que el “Campamento Por la Vida del Pueblo Garífuna”, instalado desde el pasado 10 de agosto, frente a la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa, continuará de forma indefinida.
En el cuarto punto el pueblo Garífuna exige al gobierno detener de inmediato las actividades del actual censo en las comunidades afectadas por no haber sido producto de un proceso de consentimiento y consulta previa libre e informada.
Por último, se hizo un llamado a todas las comunidades Garífunas de Honduras a mantenerse atentos a otro llamado de movilización pacífica programado en la Bahía de Tela para los próximos días.
Asimismo, el 10 de septiembre la Ofraneh presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público, por hechos constitutivos de crímenes de lesa humanidad en la modalidad de persecución en contra de población indígena y campesina, así como por hechos individuales cometidos contra el pueblo Garífuna por parte de funcionarios públicos.
Con la mirada esperanzadora pero agotada y tras varios días de concentración frente a la Corte Suprema de Justicia, Miriam Miranda explica que está más convencida que nunca acerca de que hay que “trabajar más que nunca por la comunalidad”.
“Hay fortalecer lo comunal, la ayuda mutua, acompañamiento, en conjunto porque sólo de esta manera vamos a salir adelante en un escenario tan desigual como estamos viviendo ahora. Esto es lo que nos llama a que estemos unidos, como decimos nosotros: Tú para mí y yo para ti. Eso es lo conjunto, lo que debemos hacer, es la base de la lucha y de la Ofraneh”, finaliza y se retira a una de las tiendas de campaña que ocupa en el campamento frente a la Corte Suprema de Justicia.
