La magistrada considerada afín a Nester Vásquez, asumirá la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para el periodo 2026-2027. Su elección contó con el apoyo de Claudia Paredes, quien deja el cargo y con quién Alvarado habría construido acuerdos dentro de la actual magistratura, según revelaron fuentes a Prensa Comunitaria.
Por Prensa Comunitaria
Por unanimidad y en medio de acuerdos del grupo mayoritario a lo interno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la magistrada Jenny Alvarado Tení fue electa presidenta para el periodo 2026-2027 y asumirá el 13 de octubre. Su llegada a la presidencia se da en un momento de disputa interna y un pleno controlado por diez magistrados, fue la la primera vez en la actual magistratura que se necesitó un único pleno para hacer la elección.
Alvaro Tení recibió apoyo de Claudia Paredes dentro de la CSJ para poder conseguir los votos, pero no solo de los magistrados, fuentes internas aseguran que hubo acercamientos ante la embajada americana para su designación. Pero, por ahora se coloca al frente del Organismo Judicial a una magistrada afín a la plataforma gremial de Nester Vásquez, expresidente de la Corte de Constitucionalidad (CC) y también de la CSJ.
La magistrada llegó a la CSJ en octubre de 2024, después de que su nombre fuera incorporado a última hora en la nómina de candidatos que el Congreso sometió a votación. Obtuvo 104 votos de los diputados. Dentro de la actual magistratura, se ha mantenido respaldando las decisiones que se han tomado; como la integración de nuevas Salas sin consultar al Congreso, rechazo de antejuicios contra distintos actores señalados de corrupción o los recientes nombramientos de jueces.
A eso se suma que, el exfiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, alertó que hubo reuniones realizadas el fin de semana previo a la elección. Los acuerdos habrán girado en torno a la cuota de traslados o nombramientos que se realizaron de operadores de justicia en Juzgados de Paz y de Primera Instancia Penal.
La elección de esta presidencia fue importante porque será quien mantenga alta influencia en acciones legales que ingresen a la CSJ como parte del proceso electoral del próximo año. Y no solo en amparos, existen antejuicios pendientes de resolverse y que han ido retrasándose por años.
Ejemplo: el MP pidió retirar la inmunidad al juez Fredy Orellana, misma situación con el juez Jimi Bremer; denunciado por la abogada Claudia González. En expedientes de ese tipo la presidenta tiene alta influencia. Pero, además hay procesos de corrupción o administrativos estancados desde 2021.
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El grupo mayoritario mantiene el control
Dentro de la actual CSJ se ha mantenido un bloque de diez magistrados que ha tomado una buena parte de las decisiones del pleno. Ese grupo ha mantenido además el control de las últimas presidencias de la magistratura: primero Teódulo Cifuentes y, posteriormente, Claudia Paredes, quien dejará el cargo en los próximos días.
Desde ese bloque se han impulsado decisiones que han generado disputas dentro de la propia Corte. Entre ellas está la creación e integración de nuevas salas de apelaciones, un procedimiento cuestionado porque, según denunció el magistrado Estuardo Cárdenas, debía involucrar al Congreso. El magistrado también señaló públicamente que, ante la creación de nuevas vacantes, correspondía comunicarlo al Congreso para que éste realizara la elección correspondiente.
A esto se suman traslados y nombramientos de jueces que, se habrían pactado en “pre plenos”, antes de ser formalizados en las sesiones oficiales.
El conflicto se hizo más visible con el traslado de Cárdenas. El magistrado fue retirado de la Cámara de Amparo y Antejuicio, una de las instancias de mayor relevancia de la CSJ, y enviado a la Cámara Civil, en una reorganización aprobada por la mayoría del pleno. Cárdenas llevó el caso ante la Corte de Constitucionalidad (CC), al considerar que el cambio fue arbitrario y que no tuvo una audiencia previa para conocer las razones de la decisión; la CC tramitó su amparo, aunque rechazó otorgarle protección provisional y el proceso de fondo continúa.
El magistrado de oposición también ha denunciado hostigamiento contra su personal y acciones disciplinarias en su contra, que vincula con su posición disidente frente a decisiones adoptadas por el bloque mayoritario.
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