Pese a la amenaza de desalojo y la presencia de agentes policiales, las comunidades de San Antonio, Guadalupe, Zambo, Nueva Armenia, Corozal, Chachauate y East End de Roatán, se han concentrado frente a la Corte Suprema de Justicia de Honduras y en espacios públicos de Playa Uva, en el caribe hondureño, para exigir que se deje de grabar el reality show que afecta la vida silvestre y el desove de las tortugas carey. Además, exigen que el Estado respete las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en cuatro sentencias que exigen el respeto al derecho a la propiedad colectiva y ancestral.
Por Lucero Sapalú
Al menos 100 personas del pueblo Garífuna se mantienen en resistencia pacífica en la Playa Uva, ubicada en Cayo Menor en el Caribe hondureño, una de las dos islas principales del archipiélago de Cayos Cochinos en ese país centroamericano. Las protestas surgieron ante la realización de un reality show, llamado “Supervivientes All Star”, un proyecto de Producción Cuarzo, de la empresa francesa que emite el programa por Telecinco para el entretenimiento en España y en la que está implicado el multimillonario Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca.
Este programa de televisión consiste en que un grupo de personas debe enfrentarse a dinámicas programadas y a circunstancias de sobrevivencia que llevan su resistencia física y mental al límite, en un ambiente extremo rodeado por la flora y fauna silvestre de la localidad. En cada edición participan 14 personas y hasta el momento, este reality show cuenta con tres temporadas siendo la primera, en 2024; la segunda, en 2025; y la tercera se desarrolla durante el presente año.
Los Cayos Cochinos es una área que se encuentra administrada por la Fundación Hondureña por la Protección y Conservación Cayos Cochinos, también conocida como Honduras Coral Reef Fund o HCRF, que tiene como el principal accionista al empresario mexicano, Salinas Pliego, según denuncia de Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh).
La población garífuna denuncia que la producción de este programa le impide el acceso a su territorio ancestral, condición que les restringe la pesca artesanal, que es el principal modo de vida de muchas familias, también les limita el ingreso al área que es utilizada para la reproducción de su vida cotidiana.
“Cuando se inician los programas a nosotros nos prohíben la entrada a la playa a recolectar carnada para la pesca que es el sustento de nuestras familias”, relató uno de los entrevistados.
Pero el descontento va más allá, pues la comunidad garífuna también alza la voz por la contaminación ambiental que afecta la flora y fauna de la región, el irrespeto a la vida silvestre como el caso del ciclo reproductivo de la tortuga carey y otras especies, todo por la realización de este programa televisivo.
José Álvarez, integrante de Ofraneh, explicó: “Estamos ubicados en Playa Uva desde el pasado 14 de septiembre, haciendo un plantón para que ellos (la producción) no sigan con este reality show. Ellos hacen mucho daño ambiental, ahora (septiembre, 2026) existe un desove de la tortuga Carey que tampoco respetan”.
El archipiélago de Cayos Cochinos pertenece al municipio de Roatán, en el departamento de Islas de la Bahía, uno de los más turísticos de Honduras. Se trata de una zona protegida ancestralmente por la comunidad garífuna y en cuyas playas se practica la pesca artesanal, una de las principales actividades económicas y culturales de los pobladores de la región. El censo oficial realizado en 2001 estimó en aproximadamente 200 personas el número de habitantes de estos cayos.
Cayos Cochinos alberga una gran cantidad de animales en peligro de extinción. Entre ellos se encuentran: el murciélago blanco hondureño, la boa rosada, las salamandras, la tarántula ondulada de Honduras, las ranas arborícolas comunes, los manatíes y diferentes tipos de tortugas marinas.[1]
El entrevistado hizo un llamado a las autoridades de su país para que cesen los actos de abuso de poder y pidió a las organizaciones de derechos humanos que acudan en auxilio de la comunidad garífuna y que documenten la realidad que está pasando.
“Lo que dicen de que en esta isla nadie habita, es mentira. Como defensores de la tierra, ellos con tanto poder nos mandan a matar, como lo que sucedió con el caso de Berta Cáceres y otros compañeros”, aclaró Álvarez.
Víctimas de intimidación
La población se mantiene en resistencia viviendo en casas de campaña. Niños, niñas, mujeres, ancianos se niegan a abandonar este territorio aunque las precariedades en la concentración pacífica son evidentes. A veces escasea la comida y el agua potable. Pero hay pequeños logros a destacar, como el reciente traslado de la grabación del programa de televisión de los Cayos Cochinos a la laguna Cacao, territorio garífuna.
No obstante, están lejos de dejar la resistencia que tiene poco más de 80 días. Los comunitarios aseguraron que la manifestación pacífica continuará de manera indefinida a pesar de los actos de intimidación por parte de las fuerzas de seguridad, la persecución de las autoridades judiciales y el incumplimiento de las sentencias de la Corte IDH, por parte del Estado de Honduras.
“Las fuerzas de seguridad nos quitan los mariscos, lo que le damos de comer a nuestras familias y luego nos agreden, actúan con violencia y nosotros como somos pacíficos lo que nos queda es humillarnos”. Este fragmento es parte del testimonio de otro poblador entrevistado.
Una evidencia de las intimidaciones que ha vivido la población Garífuna, es el desalojo realizado por la Policía Nacional el 6 de julio de 2026, cuando más de 200 agentes llegaron a la Comunidad Garífuna de San Juan Durugubuti, en la ciudad de Tela, departamento de Atlántida. En el lugar hubo múltiples amenazas, agresiones, disparos, lanzamiento de gas lacrimógeno, golpes hacia quienes estaban en el lugar.
Durante la acción represiva fueron detenidos cinco comunitarios: Deinor Osmany Mejia Arzu, Irbin René López Cortés, Carlos Enrique Fernández Guzmán, Onil Riboberto Hernández Zelaya y Sara Abigail Acosta. La población asegura que tras su captura estuvieron desaparecidos por algunas horas. Solo gracias a las denuncias y a la exigencia de exhibición personal, por parte de la Ofraneh y otras organizaciones, las personas detenidas fueron presentadas ante el Juzgado de Letras Seccional de Tela, pero el Ministerio Público Hondureño los ligó a proceso judicial acusándolos por el delito de usurpación agravada.
Persecución del sistema de justicia
La presidenta del Patronato de la Comunidad Garífuna Nueva Armenia, Mabel Robledo, explicó que el plantón pacífico se instaló de forma indefinida en defensa del acceso de la comunidad garífuna a las tierras ancestrales, el desove de la tortuga Carey y para exigir el cumplimiento de la sentencia de la (Corte IDH), entre otros.
La dirigente del patronato narró parte de los hechos ocurridos recientemente:“Hemos visto la intimidación y la criminalización de la policía nacional, el pasado lunes, (14 de septiembre), llegaron con una orden de desalojo y destruyeron casas de campaña, quemaron colchones y destruyeron pertenencias, se robaron dinero, documentos y chalecos de los compañeros”.
El martes 15 de septiembre se registró otro incidente con las fuerzas de seguridad, pues un agente de la policía sacó su arma de fuego y apuntó directamente hacia la defensora ambiental.
La entrevistada aseguró que tres días más tarde, (17 de septiembre), un grupo de 70 agentes de la policía hondureña se hizo presente acompañado de un juez y una coordinadora de la Fiscalía de Roatán, quienes presentaron otra orden de desalojo autorizada por el Juzgado Penal del Crimen Organizado, Medio Ambiente y Corrupción, de San Pedro Sula.
La comunidad garífuna retrocedió poco, el ambiente era tenso y la instrucción que tenían las fuerzas policiales era retirar a los niños y detener a Mabel Robledo.
Así lo relató ante las cámaras con un semblante de preocupación: “Parece que hay más órdenes de desalojo y la instrucción que hay desde arriba (autoridades más altas), es que me puedan detener a mí”.
El hábitat de los antepasados
Han pasado varios días desde aquel incidente pero la comunidad garífuna ha resistido sin violencia, con la frente en alto y una consigna clara que es la defensa de la madre naturaleza y de sus territorios ancestrales.
“No estamos cometiendo ningún delito, no somos criminales, defendemos el medio ambiente, el hábitat que nuestros antepasados utilizaron para vivir”, explica Robledo. Y agregó: “Nos indigna que se violenten nuestros derechos para darle prioridad a extranjeros que con su poder pueden comparar lo que sea y doblegar a los mismos operadores de justicia”, puntualizó la activista Robledo.
Otro entrevistado que prefirió omitir su nombre afirmó: “Estos espacios son propios del pueblo garífuna y por eso tenemos derecho a convivir con la naturaleza porque tenemos esa conexión espiritual con el mar y con la tierra.”
“El Estado hondureño lo que tiene que hacer es sacar a la Fundación Cayos Cochinos de este territorio y dar cumplimiento a las cuatro sentencias. Exigimos que saquen a los del reality y a la Fundación. Aquí hay más de 200 pero no cuidando a la población sino a los del reality”, señala Francis López, una defensora integrante de la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz y Ofraneh, quien también forma parte del Comité para el Cumplimiento de las Sentencias de la Corte IDH para las comunidades de San Juan, Triunfo de la Cruz, Cayos Cochinos y Punta Piedra.
En el informe de la Corte IDH “Comunidad Garífuna De Cayos Cochinos y sus Miembros
Honduras”, publicado en diciembre de 2020, señala que “el archipiélago de los Cayos Cochinos ha sido parte del hábitat funcional del pueblo garífuna desde su arribo a Honduras hace 207 años.” La Corte IDH explica que los habitantes de la Comunidad de Cayos Cochinos habitan en los cayos de Timón, Bulaños , Chachahuate y el sector del Cayo Mayor conocido como Eastend desde mediados del siglo pasado. Aunque la tradición oral entre la comunidad señala que los Garífuna llegaron a Punta Gorda, Honduras, en el año 1797.
El origen del Pueblo Garífuna data del siglo XVIII, de la unión entre africanos provenientes de barcos españoles que naufragaron en la Isla San Vicente en 1635 y los amerindios que habitaban la zona desde antes de la colonización, siendo estos los pueblos indígenas de
Arawak y Kalinagu.
Actualmente el pueblo Garífuna de Honduras está conformado por aproximadamente 48 comunidades que se extienden a lo largo del litoral atlántico o zona costera del Caribe, abarcando los departamentos de Cortés, Atlántida, Colón y Gracias a Dios. Un número creciente de garífunas vive también en ciudades como La Ceiba, Tela, Cortés, Trujillo, San Pedro Sula y Tegucigalpa.
Apoyo internacionalista
Representantes de la Delegación Internacional de Solidaridad, conformada por más de 30 organizaciones y medios de comunicación de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, arribó a Honduras el pasado 17 de septiembre, para dar acompañamiento a las demandas expresadas por la población garífuna y denunciar las graves violaciones a sus derechos.
La Delegación indicó en un comunicado que desde 2015 la Corte IDH ha reconocido en cuatro sentencias que el Estado de Honduras “ha violado el derecho del pueblo garífuna a su territorio, así como los derechos a la vida, la seguridad y a la justicia de sus comunidades, contraviniendo las disposiciones de dichas sentencias, entre ellas, el derecho a la consulta previa, libre e informada”.
El comunicado hace énfasis en que el accionar de las autoridades hondureñas, al amparar intereses empresariales transnacionales, han puesto de manifiesto que los pueblos ancestrales están desprotegidos y que defender sus legítimos derechos se ha convertido, con el pasar de los años, en una actividad de riesgo. Ante este escenario “Honduras es catalogado como uno de los países más peligrosos del mundo para la defensa de los derechos humanos”, se lee.
José Álvarez, quien también forma parte de los defensores de tierras de la comunidad Garífuna, reiteró: “El pueblo exige el cumplimiento de las sentencias de la Corte IDH, que amparan nuestros derechos sobre el territorio ancestral”.
“Hay cuatro sentencias contra el Estado hondureño. Dos tienen una década. Todas evidencian la situación y problemática que estamos viviendo, una situación de criminalización, de desplazamiento, por vivir en zonas que hemos cuidado por siglos”, explica Miriam Miranda una de las lideresas garífunas más reconocidas y actual coordinadora de Ofraneh. Las cuatro sentencias defienden los derechos colectivos.
Todo o nada
La Procuraduría General de la República (PGR), dirigida por Dagoberto Aspra, hizo una convocatoria a la Ofraneh para una reunión “exprés” con el fin de coordinar el cumplimiento de una de las cuatro sentencias de la Corte IDH, la de Cayos Cochinos. Sin embargo, Miriam Miranda en una conferencia de prensa respaldada por su organización el 22 de septiembre, fue enfática en indicar que el cumplimiento de toda sentencia de la Corte IDH debe realizarse con el debido proceso, por lo que debe terminar con la criminalización a las cinco personas. La población Garífuna tiene claro que se sentará a dialogar con el gobierno hasta que se acceda a dar cumplimiento a las cuatro sentencias de la Corte IDH y que cese la criminalización.
“Queremos decirle al Procurador y a los funcionarios de este gobierno, que Ofraneh lleva diez años esperando el cumplimiento de las sentencias, Cualquier reunión debe ser consultada y acordada previamente, la forma y la fecha, así como el contenido. Porque así lo establecen las sentencias. Debe levantarse la criminalización contra los compañeros de San Juan, debe detenerse todo intento de desalojo contra las comunidades garífunas y del campesinado. No se puede convocar, ni vamos a aceptar ninguna reunión si no están las cuatro sentencias”, señaló Miranda.
[1]recomiendo que sea en un recuadro
