Dos casos de criminalización bajo el control del juez Víctor Cruz, acumulan retrasos que mantienen estancados los procesos. Uno de ellos es el del exfiscal Stuardo Campo, quien lleva más de dos años en prisión preventiva, mientras el caso contra estudiantes y profesionales de la USAC tampoco avanza.
Por Alexander Valdéz
Dos casos de criminalización que están bajo control judicial del juez décimo penal, Víctor Cruz, evidencian retrasos que han prolongado los procesos y, en uno de ellos, la prisión preventiva de la persona afectada. Se trata del expediente contra el exfiscal anticorrupción Stuardo Campo y del proceso contra estudiantes y profesionales de la USAC, ambos marcados por demoras que mantienen los expedientes estancados durante meses.
Las dos reflejan cómo los retrasos en el Juzgado Décimo Penal han impedido que los casos avancen. Mientras Campo lleva más de dos años en prisión preventiva y continúa a la espera de que se defina si enfrentará juicio, los estudiantes y profesionales de la USAC siguen vinculados a un expediente que tampoco ha llegado a la etapa de apertura a juicio y cuya próxima audiencia fue fijada para 2027.
En el caso de Campo, el expediente se encuentra en la fase de audiencia de apertura a juicio, una etapa que comenzó en febrero. Sin embargo, su defensa ha señalado que desde entonces las diligencias se han desarrollado con lentitud y han sido aplazadas de manera constante. Hasta ahora, el juzgado no ha resuelto, mientras permanece privado de libertad.
El segundo caso corresponde a estudiantes y profesionales de la USAC, criminalizados por su participación en las acciones de rechazo al proceso de elección de Walter Mazariegos. El expediente continúa vigente y tampoco ha avanzado a la apertura a juicio, pese al tiempo transcurrido. Aunque todos gozan de arresto domiciliario, esa prolongación, mantiene la incertidumbre para las personas perseguidas.
El juez sancionado internacionalmente
El nombre del juez Víctor Cruz comenzó a sonar durante los primeros días de la gestión de Consuelo Porras al frente del MP. Su nombre apareció entre los primeros actores del sistema de justicia vinculados a criminalización, fue quien autorizó la orden de captura contra la exfiscal general Thelma Aldana, en medio de su intento de competir por la presidencia en las elecciones de 2019 y que terminó bloqueando su candidatura.
A partir de entonces, Cruz adquirió mayor visibilidad junto con otros funcionarios judiciales que fueron señalados por criminalizar a periodistas, activistas, operadores de justicia, y políticos de oposición.
Las decisiones de Cruz han trascendido fuera de nuestro país, al punto que Estados Unidos lo incluyó en su lista de actores corruptos y antidemocráticos. “Obstaculizó las investigaciones sobre actos de corrupción al retrasar indebidamente los procedimientos judiciales”, indicó EE.UU.
Foto del juez
2 años y 8 meses encarcelado
En relación a Stuardo Campo, el caso conocido como Zolic se mantiene estancado en la etapa intermedia; una fase que puede resolverse en una semana si se trata de solo una persona. Por ejemplo, el jueves 28 de agosto, la diligencia fue suspendida por cuarta vez consecutiva, con lo que ya suman 16 suspensiones desde que comenzó esta fase procesal el 26 de febrero de este año. La última audiencia se realizó el 16 de julio y, desde entonces, ninguna ha podido retomarse debido a distintas excusas planteadas por abogados de las partes.
Para la defensa, estos retrasos tienen una consecuencia directa sobre la situación de Stuardo Campo, quien permanece en prisión preventiva desde el año 2023. En este caso se le señala de supuestas anomalías que pudieron haberse cometido durante las pesquisas realizadas en la Zona Libre Santo Tomás de Castilla, en un caso por defraudación tributaria en el que, hasta la fecha, ya hay personas condenadas por corrupción.
Campo además está siendo perseguido en otro expediente donde fue absuelto, pero la Sala Cuarta de Apelaciones dejó sin efecto esa sentencia, este caso tiene libertad. Ese asunto se discute en la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Por aparte, tiene pendiente una audiencia de primera declaración por un tercer señalamiento.
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El caso USAC
El caso Toma USAC: Botín Político surge en el contexto de la movilización de estudiantes y profesionales de la Universidad de San Carlos que se opusieron a la imposición de Mazariegos como rector en 2022, electo mediante un proceso que la comunidad universitaria y organizaciones de la sociedad civil han denunciado como fraudulento.
El caso fue presentado por el MP en noviembre de 2023, cuando se giraron 27 órdenes de captura y se realizaron 33 allanamientos contra estudiantes, docentes, trabajadores de la USAC y personas sin vínculo con la institución. La Fiscalía les atribuyó los delitos de sedición, asociación ilícita, usurpación y daños al patrimonio cultural.
Por ahora, el juez ha ligado a proceso a casi 20 personas y ha decretado falta de mérito para algunas de las señaladas. Todas han salido en arresto domiciliario, pero su caso no avanza y están sometidas a restricciones del proceso penal. De hecho, al último grupo le agendó la siguiente audiencia para enero de 2027.
Jordán Rodas, exprocurador de los Derechos Humanos y criminalizado en el caso, considera que el proceso evidencia el uso de la justicia para perseguir a personas incómodas y facilitar la continuidad de Walter Mazariegos al frente de la USAC. Rodas señala que los constantes retrasos y reprogramaciones de las audiencias a cargo del juez Cruz deberían ser investigados por las instancias disciplinarias judiciales. Además, espera que el Ministerio Público solicite el sobreseimiento del caso, pues considera que mantenerlo abierto constituye un abuso del sistema de justicia.
De esa cuenta, las constantes suspensiones prolongan los procesos contra los criminalizados; en prisión o medidas con restricciones. Las demoras, además, dejan en evidencia las consecuencias que puede tener el retraso judicial en casos de criminalización que llevan meses sin una resolución definitiva.
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