La Relatora Especial de la ONU sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados alertó sobre la profunda crisis que atraviesa el sistema de justicia en Guatemala y otros países. Su informe señala interferencias políticas, debilitamiento institucional y prácticas de criminalización que han afectado la independencia judicial.
Por Prensa Comunitaria
Margaret Satterthwaite, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, expuso su informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el que incluyó a Guatemala por su visita realizada mayo de 2025. En el mismo detalló la crisis que atraviesa el sistema de justicia guatemalteco desde la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en 2019, así como la criminalización impulsada durante la gestión de la exfiscal general Consuelo Porras.
A criterio de Satterthwaite el sistema de justicia no solo de Guatemala puede ser fácilmente manipulado por actores con poder político y económico, así como por fuerzas externas interesadas en utilizar las instituciones judiciales en su beneficio. La relatora añade que las instituciones encargadas de impartir justicia han sido objeto de procesos de cooptación y criminalización emprendida durante la administración de Porras contra exfiscales, jueces, periodistas, defensores de derechos humanos y líderes indígenas.
Satterthwaite incluyó 15 principios para garantizar que la selección y nombramiento de jueces se realice con independencia, transparencia y mérito. El documento advierte que la captura política de estos procesos representa una de las principales amenazas para el Estado de derecho y el acceso a una justicia imparcial.
Además, señala que los procedimientos de designación deben estar libres de presiones políticas, económicas o de cualquier otra naturaleza. Por eso recomienda que existan criterios objetivos de evaluación, mecanismos de verificación de la integridad de las personas aspirantes, procesos públicos y decisiones debidamente motivadas para fortalecer la confianza ciudadana en el sistema de justicia.
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Problemas detectados por la relatora
1. Nombramiento de autoridades judiciales. Las comisiones de postulación han dejado de garantizar procesos objetivos y transparentes y se han convertido en espacios de influencia política y privada. También existen vacíos en la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, lo que favorece la discrecionalidad y la negociación política.
2. Carrera judicial. La Corte Suprema mantiene un amplio control administrativo sobre el Organismo Judicial, mientras el Consejo de la Carrera Judicial se ha debilitado. Los órganos disciplinarios presentan deficiencias y la Escuela de Estudios Judiciales carece de suficiente autonomía.
3. Ministerio Público. La Relatora cuestiona la concentración de poder durante la gestión de Consuelo Porras y el uso del sistema penal para criminalizar. Señala despidos y traslados arbitrarios de fiscales, así como patrones de persecución mediante denuncias múltiples, delitos ambiguos, prisión preventiva y violaciones al debido proceso.
4. Abogados y abogadas. Existe preocupación por la criminalización y las amenazas contra abogados que trabajan en derechos humanos, justicia transicional y derechos indígenas, así como por la situación de quienes permanecen en el exilio. También plantea fortalecer la supervisión ética y la calidad de la formación jurídica.
5. Acceso a la justicia. Las poblaciones indígenas y otros grupos vulnerables enfrentan barreras geográficas, lingüísticas y de discriminación. Además, la Defensa Pública Penal carece de recursos y personal suficientes, mientras los abogados defensores enfrentan amenazas y sobrecarga de trabajo.
6. Justicia transicional. Persisten obstáculos para investigar las violaciones cometidas durante el conflicto armado interno, incluido el genocidio. Las víctimas enfrentan dificultades para obtener justicia y fiscales y jueces que conocen estos casos han sido criminalizados o forzados al exilio.
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De aplicación global
Aunque el documento se desarrolla con una visión de aplicación global, sus recomendaciones adquieren importancia porque en los últimos años organismos internacionales, organizaciones civiles y distintos sectores sociales han advertido sobre la influencia de redes de poder en la elección de magistrados, jueces y otras altas autoridades del sistema de justicia de nuestro país. Este año afrontamos cuatro de los cinco procesos clave de designación de autoridades judiciales, USAC y Contraloría General de Cuentas (CGC), esta última aún está en marcha.
Entre los 15 principios también se incluyen la participación de órganos de selección independientes, el respeto a la igualdad y la no discriminación, la existencia de recursos para impugnar irregularidades y la protección de la independencia judicial durante todo el proceso de nombramiento. La relatora sostiene que estos estándares buscan fortalecer la separación de poderes y evitar que los sistemas de justicia sean objeto de captura por intereses políticos o particulares.
“Los principios se han formulado principalmente para su aplicación en los sistemas judiciales de los Estados. No obstante, también son aplicables a los funcionarios administrativos u otros funcionarios ajenos al poder judicial que ejerzan facultades decisorias en relación con “una acusación de carácter penal” o “derechos y obligaciones” en “un procedimiento judicial”. En resumen, son pertinentes siempre que se aplique el derecho de toda persona “a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley”, señala
.Acá puedes leer el informe:
https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g26/053/73/pdf/g2605373.pdf
La fachada de la renovación institucional
Para nuestro país las recomendaciones de la relatora especial de la ONU adquieren relevancia debido a los procesos de elección que se desarrollaron este año. Solo en 2026 fueron cuatro procesos clave vinculadas al sistema de justicia y al control institucional: magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), la elección de fiscal general del Ministerio Público (MP) y la designación de rector de la Universidad de San Carlos (USAC), proceso que fue otra vez denunciado por amaño.
Varios de estos procesos han estado en medio de cuestionamientos por la integración de las comisiones de postulación: que hacen las nóminas finales con los candidatos elegibles para esos cargos. Organizaciones nacionales e internacionales han advertido sobre la influencia de intereses políticos y económicos en la conformación de las nóminas de aspirantes, así como por la falta de criterios objetivos, transparentes y motivación en las decisiones adoptadas durante las etapas de evaluación y selección.
A estas designaciones se suma la elección del próximo contralor general de Cuentas, un cargo clave para la fiscalización del uso de los recursos públicos y de cara a las elecciones generales de 2027. Este está en curso, pero también está siendo cuestionado porque en la postuladora hay una mayoría afín a grupos de poder como Walter Mazariegos o políticos tradicionales.
