La abogada presentó una solicitud para el retiro de antejuicio contra el juez Bremer para que se investiguen posibles abusos cometidos durante el proceso penal en su contra. La acción legal se sustenta en la resolución del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, que señaló vulneraciones a sus derechos humanos.
Por Alexander Valdéz
La abogada Claudia González presentó una solicitud para que se retire la inmunidad al juez “B” del Juzgado Décimo Penal, Jimi Bremer, a quien señala de posibles irregularidades cometidas durante el proceso penal en su contra. La acción fue presentada a partir de la decisión del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, que determinó que su detención y otras vulneraciones a sus derechos humanos deben ser investigadas.
González busca que Bremer sea investigado por los delitos de prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, retardo malicioso y denegación de justicia. Explicó que el expediente fue remitido al Juzgado Quinto Penal, que deberá inhibirse y trasladarlo a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), instancia que deberá determinar si le da o no trámite.
“En este caso se están presentando medios de investigación relacionados con mi caso. En otros casos tendrían que aportar medios de investigación relacionados con las violaciones que se han dado. En este particular, únicamente estoy presentando aquellos medios de investigación que validan lo que el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias señaló en relación con la vulneración de mis derechos humanos”, explicó.
En los hechos que motivan la denuncia, la abogada cuestionó varias de las actuaciones de Bremer durante el proceso. Señaló que el hecho por el que fue procesada no constituía delito y recordó que nunca fue funcionaria pública, por lo que cuestiona la aplicación del delito de abuso de autoridad. También afirmó que durante la audiencia de ofrecimiento de pruebas el juez rechazó la mayoría de los medios de prueba que presentó, lo que, a su juicio, la dejó en un estado de indefensión.
“Yo no fui funcionaria, nunca fui funcionaria pública, entonces tampoco cabría el tema de levantar un proceso penal por el delito de abuso de autoridad, la reserva de las actuaciones, el retraso, etcétera. Toda esa primera parte la llevó bajo su control. Incluso, lo estábamos comentando, al momento de la audiencia de ofrecimiento de pruebas rechazó casi toda mi prueba; o sea, me dejó en estado de indefensión total”, concluyó.
La abogada presentó el antejuicio contra el juez Jimmy Bremer. Fabricio Alonzo. (interior del texto)
Un proceso activo
González fue detenida el 28 de agosto de 2023, ese fue el inicio de un proceso que se ha extendido entre suspensiones, retrasos y decisiones controvertidas. Tras un allanamiento en su vivienda, fue trasladada al centro de detención militar Mariscal Zavala, donde permaneció en prisión preventiva por más de dos meses. Posteriormente, la Sala Primera de Apelaciones le otorgó medidas sustitutivas al considerar que la privación de libertad carecía de fundamentación suficiente.
Desde entonces, el expediente ha transitado por una serie de irregularidades documentadas: la audiencia de primera declaración se realizó nueve días después de su detención, cuando la ley establece un máximo de 24 horas; el caso fue declarado bajo reserva y se restringió el acceso a la información.
Ha habido audiencias suspendidas por ausencia del MP, excusas judiciales, retrasos en la entrega de actos conclusivos y decisiones pospuestas han extendido el caso por casi tres años. Incluso la fase intermedia se prolongó durante más de un año, con audiencias de ofrecimiento de prueba suspendidas en múltiples ocasiones, algunas de ellas por motivos como exceso de trabajo o supuestas presiones externas.
En mayo, el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal informó que la audiencia de inicio de juicio no podía realizarse debido a la inasistencia del Ministerio Público (MP) y se pasó para el 12 de mayo de 2027, provocando un nuevo retraso en el proceso. La judicatura lamentó la situación, pero explicó que debido a la carga de trabajo no contaba con otro espacio en la agenda.
El proceso avanzará, además, sin la principal denunciante Blanca Stalling, que falleció en noviembre de 2025. Aunque su hijo intentó continuar como querellante, el tribunal rechazó su solicitud, dejando la acusación exclusivamente en manos del Ministerio Público.
Acá otra nota que puedes leer:
La ONU reconoce la detención arbitraria
Hace dos semanas, se presentó el informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, que concluyó que la detención de la exmandataria de la CICIG y privación de libertad fueron arbitrarias, vulneraron sus derechos fundamentales.
La denuncia que originó su captura fue presentada por la entonces magistrada de la CSJ, Blanca Stalling. La abogada trabajó en CICIG y conoció del proceso de investigación contra la fallecida exfuncionaria judicial; denunciada por el exjuez Carlos Ruano por supuesto tráfico de influencias.
Stalling intentó influir en el juez Ruano para que dejara en libertad a su hijo Otto Molina Stalling, por un caso en el que estaba señalado de corrupción.
