El Ministerio Público (MP) y la empresa Energía y Renovación, S.A. lograron agregar un nuevo delito en contra de Julio Gómez Lucas, autoridad ancestral, defensor del agua y territorio en San Mateo Ixtatán, Huehuetenango. Gómez Lucas fue criminalizado por denunciar los daños medioambientales, las violaciones a los derechos humanos y las operaciones opacas de la empresa de hidroeléctricas en la región de Yich K’isis, propiedad de los Castillo Hermanos.
Por Adaluz García
El pasado 16 de julio se llevó a cabo la audiencia de seguimiento al caso de Julio Gómez Lucas, miembro del Gobierno Ancestral Plurinacional Q’anjob’al, Chuj y Akateko, quien fue criminalizado desde el 13 de noviembre de 2017 por su liderazgo como autoridad ancestral maya Chuj en oposición a la construcción de dos hidroeléctricas en la microrregión de Yich K’isis, San Mateo Ixtatán, Huehuetenango.
Fue denunciado por el agente Oscar Fernando Tzapinel Coc, oficial de la Policía Nacional Civil (PNC), quien en ese año se encontraba dando seguridad a uno de los proyectos hidroeléctricos de la empresa Energía y Renovación, S.A. en la microrregión. La empresa cuenta con la protección del ejército y la PNC desde el gobierno de Otto Pérez Molina.
Abogados de la empresa Energía y Renovación y el juez Alberto Calmo Ramírez. Foto Adaluz García.
Julio Gómez Lucas compareció ante un juez en 2020 y, en su audiencia de primera declaración, fue ligado a proceso por tres delitos, quedando libre bajo medidas sustitutivas. En la audiencia de etapa intermedia realizada en abril de 2021, el juez ratificó las medidas sustitutivas y ordenó que la autoridad ancestral enfrentaría juicio únicamente por dos delitos, eliminando el delito de agrupaciones ilegales de gente armada, decisión que fue apelada por los querellantes adhesivos.
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La reciente audiencia se llevó a cabo en cumplimiento de lo resuelto por la Sala Séptima de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Huehuetenango, tras una apelación presentada por el abogado José Estuardo Luna Santos, querellante adhesivo en representación de la empresa Energía y Renovación, S.A., quien no estuvo presente en esta audiencia y fue sustituido por el abogado Heriberto Alfonso Ortiz Natareno. Además, estuvieron presentes dos vecinos de la microrregión: Bernardo Marcial González Matías, de la comunidad de Bella Linda, y Domingo Pedro Mateo, de Pojom, ambos ahora constituidos como querellantes adhesivos y vinculados a la empresa.
Bernardo Marcial González Matías y Domingo Pedro Mateo, se presentaron disfrazados ante el juez. Foto Adaluz García
En esta ocasión, el juez Alberto Calmo Ramírez dictó auto de apertura a juicio también por el delito de agrupaciones ilegales de gente armada. Con esto se suma un delito más a las acusaciones en contra de Gómez Lucas, criminalizando a las autoridades ancestrales en defensa del territorio frente a las empresas extractivas en territorios indígenas de Huehuetenango.
La audiencia de seguimiento ha sido fijada para el día 31 de julio, en el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del municipio de Santa Eulalia, en las instalaciones del Centro de Administración de Justicia (CAJ).
Abogados de la defensa junto a Julio Gómez Lucas. Foto Adaluz García
La empresa Energía y Renovación, S.A. es propiedad de los Castillo Hermanos, una corporación familiar dueña de la Cervecería Centroamericana y de PEPSICO. Los Castillo perdieron el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 2021 para financiar la construcción de las hidroeléctricas, luego de que el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del BID determinó que el banco y la empresa habían incumplido sus propias políticas operativas, confirmando las denuncias realizadas por Gómez Lucas y la resistencia comunitaria.
Sobre el abogado José Estuardo Luna Santos, en 2021 se registró un incidente durante una de las audiencias realizadas en el Centro de Administración de Justicia en el municipio de Santa Eulalia. Luna Santos fotografió a uno de los periodistas presentes y luego envió las fotografías a una cuenta de correo electrónico de la empresa, difamando el trabajo del periodista y de las autoridades ancestrales.
El abogado Heriberto Alfonso Ortiz Natareno aparece con el contrato 022 como subdirector Ejecutivo III en el Departamento de Gestión Documental del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), y un contrato 029 con la Federación Nacional de Taekwondo de Guatemala.
Abogados de la empresa Energía y Renovación y fiscal del MP. Foto Adaluz García.
