La Sala Primera de Mayor Riesgo confirmó el cierre del proceso penal contra el expresidente del Congreso, Luis Rabbé, quien fue acusado de abuso de autoridad, peculado por sustracción y nombramientos ilegales en el caso “Plazas Fantasma”.
Por Alexander Valdéz
La Sala Primera de Mayor Riesgo rechazó una apelación y confirmó la resolución emitida, en junio de 2025, por la jueza de Mayor Riesgo “A”, Claudette Domínguez, quien libró de un juicio al expresidente del Congreso Luis Rabbé, acusado por los delitos de abuso de autoridad, peculado por sustracción y nombramientos ilegales en el caso conocido como “Plazas Fantasma”.
Rabbé estuvo prófugo entre 2016 y 2024 hasta su deportación desde México. La investigación de la antigua FECI, en 2016, sostenía que Rabbé autorizó irregularmente 164 contrataciones en el Legislativo (2015-2016), incluyendo empleados que no asistían a laborar pero percibían salarios de hasta Q20 mil mensuales. Pese a ello, se consideró insuficiente la evidencia para llevar el caso a debate.
El fallo emitido por la Sala mantiene el beneficio judicial para el exfuncionario legislativo; quien quedó desligado del caso de corrupción. El proceso puede escalar a la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y a la Corte de Constitucionalidad (CC) donde se puede revertir o ratificar esa decisión.
Antes de llegar al Congreso, Rabbé desarrolló una trayectoria política vinculada al Frente Republicano Guatemalteco (FRG), partido con el que buscó sin éxito la alcaldía capitalina en 1999 y 2003. También integró el gobierno de Alfonso Portillo como ministro de Comunicaciones entre 2000 y 2001.
Su carrera legislativa comenzó en 2011 como diputado electo por la Unión del Cambio Nacional (UCN), aunque poco después se declaró independiente. En 2012 fue reelecto por el partido Líder, consolidando su presencia en el Congreso. Su mayor cuota de poder llegó en 2015, cuando asumió la presidencia de la Junta Directiva del Organismo Legislativo, cargo que ocupó hasta 2016.
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Impunidad
En 2016, la FECI y la CICIG destaparon una estructura de corrupción en el Congreso de la República vinculada a la contratación de plazas fantasma. La investigación señaló a diputados y empleados legislativos por incorporar a personas a la planilla del Congreso durante el período de la Junta Directiva 2014-2015, pese a que estas nunca se presentaban a trabajar.
Las pesquisas establecieron que los contratados percibían salarios que oscilaban entre Q15 mil y Q20 mil mensuales, aunque algunos únicamente contaban con estudios de nivel diversificado. Según la acusación, los implicados prestaron su nombre para figurar como trabajadores del Organismo Legislativo y recibir pagos provenientes de fondos públicos, mientras desempeñaban labores en otras instituciones del Estado o simplemente no cumplían ninguna función en el Congreso.
Rabbé no fue el único favorecido por las resoluciones judiciales en este expediente. En 2023, la jueza decretó el cierre del proceso para la totalidad de los acusados en el caso Plazas Fantasma del Congreso, al concluir que no existían elementos suficientes para continuar la persecución penal.
Entre los exdiputados beneficiados figuraban César Fajardo, Alfredo Rabbé, Julio César López Villatoro, Carlos Enrique López Girón, Carlos Herrera Quezada, Christian Boussinot, Arístides Crespo, Selvin García, Alexander Castillo, Juan Alcázar y Marcelino Chutá.
En total, 59 personas fueron procesadas dentro de este caso; sin embargo, todos los exlegisladores señalados por abuso de autoridad, nombramientos ilegales y peculado por sustracción obtuvieron el sobreseimiento definitivo.
