La Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala señala que el acuerdo gubernativo 53-2026, promulgado por el presidente Bernardo Arévalo el 17 de abril de 2026, crea condiciones para la expansión de semillas transgénicas. Además, denuncian que los pueblos originarios no fueron consultados previamente pese a que Arévalo sostiene reuniones mensuales con ellos.
Por Isela Espinoza
La Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala (REDSAG) interpuso este miércoles ante la Corte de Constitucionalidad (CC) un amparo en contra del presidente Bernardo Arévalo y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) por emitir el Acuerdo Gubernativo 53-2026 que busca agilizar trámites para productores, exportadores, importadores y ganaderos “en materia de Fitozoogenética y Recursos Nativos, Sanidad Vegetal, Sanidad Animal e Inocuidad Agropecuaria”.
Aunque parece un acuerdo neutro posee procesos que facilitarán el registro de procedimientos de biotecnología asociados a las semillas transgénicas poniendo en riesgo las nativas, afirmó David Paredes, miembro de la REDSAG.
La normativa se enmarca en la Ley de Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos. La REDSAG afirmó que, aunque este acuerdo es promovido por el MAGA como una herramienta que permitirá agilizar trámites en realidad la decisión podría tener “consecuencias profundas sobre las semillas nativas y criollas en los territorios y su soberanía alimentaria” ya que reduce controles, simplifica registros y facilitar la importación de material agropecuario abre la puerta a semillas externas incluyendo las modificadas genéticamente.
“Más que una amenaza es un peligro tomando en cuenta que en nuestro territorio tristemente ya hay presencia de semillas transgénicas sin control”, dijo Paredes que según un estudio que realizaron han encontrado presencia de estas en los departamentos de Petén y Chiquimula.
En este amparo, autoridades indígenas Ch’orti’ se adhirieron como querellantes ante las amenazas que rigen en su territorio como la contaminación genética, la pérdida de biodiversidad y el desplazamiento del sistema agrícola tradicional que también son una consecuencia de este tipo de políticas como las aprobadas en el Acuerdo 53-2026.
“Nuestras semillas nativas nuestros abuelos las han protegido y con este nuevo sistema que están impulsando preocupa la contaminación que trae. El Estado no está respetando los estándares internacionales establecidos”, dijo Marvin Nájera, autoridad ancestral de la comunidad indígena de San Francisco Quezaltepeque, Chiquimula.
Según explicó Paredes, desde 2018 se aprobó el Reglamento Técnico de Bioseguridad y Organismos Vivos Modificados (OVM) que regula el desarrollo, importación, comercialización y uso de productos biotecnológicos (transgénicos) con el fin de proteger la salud de la población y el medio ambiente evitando la alteración de la biodiversidad. Sin embargo, con el Acuerdo Gubernativo 53-2026 estos procedimientos quedan al margen y ahora se facilita el registro de procedimientos de biotecnología y se vulneran las semillas nativas y criollas sobre todo el maíz considerado sagrado por los pueblos ancestrales.
“Esto podría abrir la puerta a facilitar la experimentación y liberación de organismos vivos modificados que ya no se limitan únicamente a los transgénicos. Hoy existen nuevas técnicas, como la edición genética, que ni siquiera están reguladas en nuestro país y que podrían ser aprovechadas por corporaciones e intereses económicos”, subrayó Paredes.
Entre los peligros de una contaminación genética resalta la pérdida de más de 10 mil años de trabajo científico de los pueblos originarios. La mayoría de las semillas transgénicas se modifican genéticamente para ser resistentes a herbicidas lo que permite fumigar los campos con grandes cantidades de agrotóxicos para eliminar las malezas sin dañar el cultivo comercial. Sin embargo, para la población esto repercute en su salud provocando cáncer, el incremento de enfermedades renales y en el sistema nervioso, diabetes, presión alta, entre otros. En cuanto a la naturaleza afecta al suelo y las fuentes de agua que se contaminan, resaltó Paredes.
Ven Acuerdo 56-2026 como una traición
Abelino Chub, también miembro de la REDSAG, denunció frente a la CC “la ausencia de consulta previa, libre e informada en violación al convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo)aq, así como la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos que reconoce el derecho de los pueblos a proteger sus semillas, territorios y formas de vida”.
Por otro lado, agrega que el Acuerdo 53-2026 favorece a un modelo agroindustrial que prioriza el comercio sobre la vida y debilita la capacidad de los pueblos originarios de decidir sobre su alimentación y la siembra. “Consideramos que lejos de simplificar los requisitos y los trámites administrativos para la autorización del uso de semillas transgénicas en Guatemala, estas semillas deben ser prohibidas por acuerdos o ley específica”, agregaron.
En México, la presidenta Claudia Sheinbaum promulgó el 17 de marzo de 2025 una reforma constitucional que prohíbe el cultivo de maíz transgénico en ese país.
El abogado Juan Castro comentó durante la conferencia de prensa que le sorprende la normativa promulgada por Arévalo ya que él se reúne mensualmente con autoridades indígenas y ha ocultado esta información.
Paredes también calificó el acuerdo como una traición de parte del MAGA ya que sostenían una mesa de trabajo técnica en donde se abordaban temas como las semillas transgénicas, la agroecología, la conservación de las semillas nativas, entre otros. “Nos sorprende un poco sus actitudes porque hemos platicado con ellos. Pero nos empezamos a dar cuenta que paralelamente ellos también estaban avanzando en estos temas y sentimos una traición porque se nos ocultó esta información. Decidimos suspender la mesa técnica mientras ellos asumen una posición más coherente”, agregó.
Foto: Cortesía
Por ahora esperan la resolución favorable de la CC para que den marcha atrás al Acuerdo 53-2026. Pero, también apelan a la buena voluntad del mandatario o del MAGA.
Se consultó al MAGA sobre su postura respecto al amparo interpuesto por REDSAG. Sin embargo, el vocero respondió que no podían emitir “una opinión adelantada ya que no hemos sido notificados”.
En marzo, la REDSAG ya había denunciado que el MAGA encabezó “el Taller y Misión de Expertos sobre el Sistema de Protección de las Obtenciones Vegetales”, en donde se analizó la posible incorporación de Guatemala a la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), un organismo intergubernamental con sede en Suiza.
Entre las implicaciones de ser parte de la UPOV está ratificar un convenio en donde los países miembros se apoyan para aplicar el fitomejoramiento, como se conoce al método de intercambio de genética vegetal entre diferentes especies, mediante el consentimiento de los gobiernos según su página web, para obtener licencias denominadas derecho de obtención.
La REDSAG advirtió que la incorporación de Guatemala a la UPOV vulnera la propiedad colectiva de las semillas milenarias en el país.
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