Denuncian que los riesgos de las actividades mineras son altas para la salud de las familias y su sobrevivencia como pueblo indígena por lo que exigieron al gobierno la suspensión de la explotación minera y medidas cautelares ante la CIDH.
Por Simón Antonio Ramón
Las autoridades indígenas del pueblo Maya Q’eqchi de los municipios de Panzós de Alta Verapaz y El Estor, Izabal, exigen al gobierno la suspensión de la actividad minera que reactivó la empresa Fénix Nikel antes Compañía Guatemalteca de Níquel CGN, debido a la gravedad de los riesgos medioambientales, criminalización y corrupción de la empresa. Las comunidades denunciaron estos riegos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y solicitaron medidas cautelares.
“Está en riesgo la vida, la salud y la seguridad, ante todo es una situación grave y urgente y además de no otorgarse estas medidas van a sufrir un daño irreparable las comunidades que se encuentran asentadas en este espacio”, dijo la abogada Olivia Sian del Bufete para Pueblos Indígenas, en una conferencia de prensa en la ciudad de Guatemala.
Humberto Cuc, autoridad ancestral del sur de El Estor señaló que se presentaron varias peticiones al presidente Bernardo Arévalo contra la explotación de bienes naturales en la región. “Por la reactivación de actividades mineras dentro de nuestro territorio ancestral, sin haberse cumplido la consulta previa conforme a los estándares internacionales, tal como lo ha sentenciado la Corte de Constitucionalidad (CC) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH)”, informó.
Cuc dijo que los efectos de la explotación minera buscan afectar sus derechos a largo plazo al no cumplir los estándares internacionales. “Cuyas violaciones a nuestros derechos colectivos ha sido permanente y sistemática, poniendo en riesgo nuestra sobrevivencia como pueblo indígena”, denunció.
A pesar de que la Corte de Constitucionalidad determinó la ilegalidad de la consulta organizada por la minera y el Ministerio de Energía y Minas MEM durante la vigencia del estado sitio y dos estados de prevención entre octubre y diciembre de 2021, el actual gobierno a pesar de las fuertes denuncias de corrupción dio por válido ese evento.
Las autoridades indígenas, que viajaron más de 270 kilómetros, denunciaron mediante un comunicado de prensa que se han enterado que la Secretaria Privada de la Presidencia, Ana Glenda Tagher, se ha reunido a puerta cerrada con algunas personas criminalizadas, un exembajador de los EEUU en Guatemala y representantes de las empresas mineras, por lo que piden al presidente Arévalo, que todo diálogo que se impulse se realice con participación abierta a otras autoridades indígenas y ancestrales que se han opuesto a las dos empresas mineras.
Foto: Simón Antonio Ramón
Por su lado el MEM habla de mayores controles de la operación minera sin confirmar si acatará la sentencia de la Corte IDH en el caso de la comunidad Agua Caliente Lote 9 en donde le ordena al Estado de Guatemala realizar la consulta libre, previa e informada a todas las comunidades afectadas en los cuatro municipios que abarca el proyecto minero Fénix.
